doctrina social cristiana - Ordo Socialis

máximo fiscal permitido se han defendido diversas tesis: unos han opinado que el único
impuesto justificado es el diezmo bíblico; otros afirmaron que un impuesto del 14%, como el
que había en Italia antes de la Primera Guerra Mundial, es "casi desmesurado" (Arthur
Vermerrsch SJ); otros, a su vez, explicaron que los límites de la carga fiscal soportable para la
economía nacional es el 25% del producto social (Colin Clark). Todas estas afirmaciones son
impugnables, porque es imposible fijar a priori las cifras máximas de los impuestos. Según los
principios de la justicia social, la medida de la carga fiscal es determinada por las respectivas
exigencias del bien común. En esto hay que tener ciertamente en cuenta los efectos de los
impuestos muy altos: impuestos confiscatorios que anulan toda compensación de iniciativas
empresariales, influyen paralizadoramente, dificultan la capitalización y espantan al capital
extranjero. También amenaza la desmoralización, ya que los impuestos muy altos inducen a
falsificaciones y mentiras (fraude de impuestos).
b) La carga fiscal debe repartirse según la capacidad de los ciudadanos. Corresponde a la
justicia distributiva que, según el principio de los impuestos progresivos, al aumentar el valor
del objeto fiscal aumente más que proporcionalmente la base impositiva, teniendo en cuenta,
sin embargo, que no se paralice la iniciativa privada. La experiencia enseña por lo demás que,
a la vista de las complicadas condiciones del mercado, no es fácil en la economía moderna
poner en práctica en las instituciones fiscales el principio de la justicia distributiva. Por una
parte, los diversos círculos de la población no son del mismo modo accesibles a los
impuestos; es por ejemplo más fácil recaudar los impuestos de los bienes inmuebles y de los
perceptores de salarios y sueldos, que recaudarlos de los trabajadores económicamente
autónomos. Por otra parte, el gravamen previsto queda más o menos frustrado por la
sobrecarga de impuestos. La sobrecarga de los impuestos no depende únicamente del
legislador, sino de que los resistan las condiciones económicas coyunturales y estructurales.
Hay, naturalmente, impuestos que, por voluntad del legislador, deben recaer sobre los
consumidores, por ejemplo, los impuestos del tabaco. Para otros impuestos, por ejemplo los
impuestos sobre la renta, esto no es, sin embargo, cierto. Una de las tareas de las teorías
fiscales y la política fiscal es investigar la situación concreta y corregir, en la medida de lo
posible, los abusos.
c) Las leyes fiscales obligan en conciencia. La magnitud de los impuestos, el anonimato, la
falta de una contraprestación visible, los complicados procesos de evaluación y, no en último
término, la propagación de la actitud que suele llamarse de "límite moral" han hecho
descender considerablemente la moral fiscal. El fraude fiscal, dicen algunos, se ha hecho tan
general, que quien no se sume a él corre el peligro de no sobrevivir a la competencia. Frente a
esta actitud, la Doctrina Social Cristiana acentúa que el deber de los impuestos es un deber de
conciencia: "Pagad a todos lo que debáis; a quien tributo, tributo; a quien aduana, aduana; a
quien temor, temor; a quien honor, honor" (Rom 13, 7). La opinión defendida como probable
por algunos teólogos de que las leyes fiscales son meras leyes penales –que no obligan en
conciencia– es insostenible. También el que defrauda los impuestos de consumo cobrados a
los compradores está obligado a restituir; asimismo, hay deber de restitución cuando el fraude
fiscal conduce a que otros sean más gravados. Si los ciudadanos creen que las leyes fiscales
necesitan mejorar, la solución no está en el fraude de impuestos, sino en la reforma fiscal, por
la que se debe luchar con métodos democráticos. El ciudadano tiene que pensar también que
los impuestos altos están condicionados por tareas urgentes del Estado y que, a veces, el
Estado está ante el dilema de o bien recaudar altos impuestos o bien fomentar una política de
inflación, y este último camino sería, sin duda, mucho peor para el bien común. Con razón
califica el Concilio Vaticano II al fraude fiscal de "engaño" (GS 30).
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