OSJ-2007-pc Opinión sobre titularidad de terrenos ... - LexJuris

Consulta Núm. 07-130-B
Página Núm. 80
Las opiniones emitidas por el Secretario de Justicia deberán ser
consistentes entre sí. A estos efectos, las opiniones emitidas en el
pasado por el Secretario serán autoridad legal que debe ser
considerada como sumamente persuasiva al emitir nuevas opiniones.
Así pues, se incorpora la doctrina del stare decisis al procedimiento
para emitir opiniones. Sin embargo, se debe aclarar que las opiniones
del Secretario de Justicia no son irrevocables. El Secretario podrá
revocar sus propias opiniones mediante una determinación expresa y
fundamentada si entiende que la decisión previa está errada, o que
el estado de derecho o la totalidad de las circunstancias sociales ha
cambiado.
Id. a la pág. 2 (énfasis suplido). Aunque queda establecido en la Carta Circular
Núm. 2005-02 que la doctrina de stare decisis es de aplicación a las Opiniones del
Secretario de Justicia, tampoco se puede perder de vista que las mismas no han de
ser irrevocables. Id. Así pues, no escatimaremos en revocar opiniones pasadas
cuando el interés público así lo requiera por entender que la decisión previa está
errada, o que el estado de derecho o la totalidad de las circunstancias sociales ha
cambiado.
Como mencionáramos anteriormente, el Tribunal Supremo ha explicado que la
doctrina de stare decisis debe ceder cuando se cumplen los siguientes tres criterios:
(i) la decisión anterior era claramente errónea; (ii) los efectos de la decisión sobre
el resto del ordenamiento son adversos; y (iii) la cantidad de personas que confían
en la decisión es limitada. En la situación ante nos, y como discutiremos más a
fondo a continuación, nuestras opiniones previas sujeto de reevaluación incurrieron
en lo que entendemos fue un claro error de derecho al no percatarse de que, como
cuestión de derecho, los terrenos sumergidos en el área objeto de estudio nunca
formaron parte de la reserva que el Presidente de los Estados Unidos de América
hiciera a tenor de la Ley Pública de los Estados Unidos de América de 1 de julio de
1902. Fue precisamente como corolario de este error que el Departamento de
Justicia concluyó, equivocadamente, que los terrenos ganados al mar objeto de
controversia eran bienes patrimoniales. Así pues, se cumple el primero de los
antemencionados criterios establecidos por el Tribunal Supremo.
Por otra parte, entendemos que las opiniones objeto de reevaluación han tenido, y
seguirían teniendo de no ser revocadas, un impacto adverso sobre el resto de
nuestro ordenamiento. Los pronunciamientos hechos en dichas opiniones han