“Efectos de las Normas de Excepción sobre la Planificación Urbana ...

Efectos de las Normas de Excepción sobre la Planificación Urbana Comunal y sobre los Conflictos Urbanos
al artículo 63 de la LGUC, que otorga también un beneficio de 30% de
constructibilidad.
El segundo beneficio aplicado correspondía a Conjunto Armónico. Se debe
mencionar que el terreno en que se emplazó el proyecto podía cumplir las 3
condiciones que dispone el numeral 1 del artículo 2.6.4. de la OGUC –y con un
50% de aumento en el coeficiente de constructibilidad-, vale decir, a) era
superior en 5 veces la superficie predial mínima y con más de 5.000 m2; b)
estaba emplazado en una manzana; y c) fue producto de una fusión predial.
Dada esta última condición, es decir, haberse obtenido de una fusión predial, la
Contraloría estimó que, dado que era de la misma naturaleza que la norma del
artículo 7 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal, no correspondía
sumarlos, sino que el de mayor importancia absorbe al de menor relevancia. En
este caso, según la Contraloría, el beneficio sólo podría llegar a un 50%, y no a
un 95% como ocurrió al aplicar el beneficio del 30% y sobre el resultado, el 50%
de Conjunto Armónico.
En este caso -sostiene el Dictamen-, sí aplica lo contenido en el Dictamen Nº
4.281 del mismo año, que señaló que “los beneficios de mayor importancia
absorben a los de menor.”.
El criterio que habría ocupado la Municipalidad fue, conforme señala el mismo
Dictamen, avalado por la SEREMI MINVU.
Como se anticipó para este caso, el fallo de la Corte de Apelaciones de
Santiago del 25 de agosto de 2006, confirmado posteriormente por la Corte
Suprema, advierte que el control de legalidad que la Contraloría General de la
República debe efectuar a los actos de administración es de carácter formal, y
en tal sentido ”no puede entrar a analizar aspectos sustantivos que han
sido conocidos y decididos por órganos de la administración que se
encuentran facultados legalmente para ello, más aún si la decisión se ha
adoptado previo cumplimiento de los procedimientos legales que precisamente
garantizan la transparencia y publicidad que requieren los actos de la
administración . Una posición en sentido diverso conduciría a un estado de
incertidumbre jurídica, porque siempre existiría la posibilidad que cualquier
persona que se sintiere afectada por una decisión adoptada por un órgano de la
administración del Estado que se encuentra facultado legalmente para emitirla,
podría recurrir a la Contraloría General de la República para obtener un
pronunciamiento diverso sobre el fondo del asunto ya decidido, de tal manera
que los particulares nunca tendrían la posibilidad de concretar negocios, no
obstante que la autoridad competente hubiere emitido su decisión, en tanto el
ente de control no dictamine sobre la materia.”
Añade más adelante que “la autoridad encargada de velar por la correcta
aplicación de las normas de construcción y urbanismo es el respectivo
ente edilicio, en particular su Director de Obras Municipales, sin perjuicio de la
participación que por ley le corresponde a la Secretaría Regional Metropolitana
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La actuación del Director de Obras
Municipales, además, puede ser impugnada a través del reclamo de ilegalidad
que debe entablarse ante el alcalde, sin perjuicio de que también en contra de
la decisión que éste adopte se puede deducir ante la Corte de Apelaciones
respectiva el denominado reclamo de ilegalidad.”
TESIS JORGE ALCAÍNO VARGAS 68