Reproducción biológica y social de la población uruguaya

que, que... mire a todos por igual. Sí, creo que es el Estado el que tiene que
hacerlo.” (Raquel, NSEB, 20-34 años)
La imagen arraigada de un Estado garante y los reclamos para que, desde la
esfera gubernamental se produzcan cambios orientados a garantizar derechos,
atraviesa el discurso de los entrevistados de los distintos niveles socioeconómicos.
Pero, son los varones quienes reclaman con mayor intensidad, un mayor
involucramiento del Estado en los aspectos vinculados a los derechos sexuales y
reproductivos, inclusive en lo que refi ere a la violencia hacia las mujeres.
Más allá del anhelo de un Estado garante de estos derechos, los entrevistados
perciben que en la realidad esto no sucede.
“Como que siempre se intenta solucionar ciertas cosas pero se va para otro
lado o sea no, no, no se valora, no se llega al fondo del problema... Y yo
creo que si el Estado eh... digamos mientras digamos el aborto se haga ilegal
digamos el Estado tiene que garantizar que el niño que nace tenga todos los
derechos cubiertos porque sino no tiene sentido, o sea yo te digo no esto está
mal, tenés que seguir por este lado pero te estoy cerrando los caminos por
el otro lado también y entonces ahí creo que digo ya el debate sobre aborto
sí aborto no pasa a segundo plano, porque creo que uno de los problemas
fundamentales es el tema de traer hijos al mundo en una incertidumbre
total en este momento. Si el Estado con la misma energía que reprime algo
garantizara lo otro capaz que por ese lado, por lo menos se podría atenuar la
situación.” (Lucas, NSEM, 20-34)
Por otra parte, son escasas las opiniones que otorgan un lugar trascendente
a las organizaciones de la sociedad civil, mientras algunas opiniones resaltan el
papel de las personas a nivel individual en la defensa de los derechos, siendo tan
solo una entrevistada quien visualiza el activismo como una modalidad participativa
en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos.
A su vez, son excepcionales las menciones a organismos y normativas internacionales
como instrumentos que pudiesen infl uir en la realidad nacional.
Mientras que algunos entrevistados consideran que el inicio de una nueva
administración de gobierno y la situación de “emergencia social” son factores
que justifi can las postergaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos,
otros entrevistados consideran que éstas no son razones sufi cientes para el no
cumplimiento de estas necesidades. Incluso, aparecen versiones críticas en lo que
refi ere al actual Poder Ejecutivo, respecto a su postura ante el Proyecto de Ley
de Defensa de la Salud Reproductiva. Es de destacar que son mayoritariamente
los entrevistados varones quienes problematizan y dimensionan políticamente
este tópico.
“Ah, no sé si se la garantiza en ese caso porque digo o sea... garantiza si se
cumplen ciertos factores, o sea si existe a una ley en para la salud reproductiva
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