Reproducción biológica y social de la población uruguaya

efectos concretos en la vida cotidiana de las personas y en las posibilidades de
ejercer su ciudadanía. Al decir de Habermas (1999: 194-195): “tan pronto como
tomemos en serio la conexión interna entre el Estado de derecho y la democracia
se ve claramente que el sistema de los derechos no sólo no es ciego frente a las
desiguales condiciones sociales de vida, sino que tampoco lo es frente a las diferencias
culturales. Las personas, también las personas jurídicas, se individualizan
sólo a través de un proceso de socialización. Bajo esta premisa, una teoría de
los derechos correctamente entendida reclama precisamente aquella política del
reconocimiento que protege la integridad del individuo incluso en los contextos
de vida que confi guran su identidad”.
Una vez más, es necesaria la búsqueda de nuevas respuestas a la pregunta de
por qué y cómo vivimos juntos.
La convivencia democrática implica una concepción de los derechos permeable
a las nuevas interrogantes y a las nuevas realidades y necesita de garantías
para que las personas puedan vivirlos. Para ello, es condición que las personas
conozcan sus derechos, puedan otorgarles signifi cado y puedan apropiárselos
con relación a sus procesos biográfi cos y a la época en que les ha tocado vivir.
Sólo así, es posible pensar en una mayor autonomía y empoderamiento de los
sujetos, así como en la califi cación de las demandas que las personas realizan a
sus pares (expectativas de respeto mutuo) y a las instituciones (cumplimiento
de los deberes institucionales).
Esta idea de ciudadanía, como conceptualización y vivencia, a decir de Ávila
(2002: 172) “inspira conductas y ofrece de inmediato un sentimiento de inclusión
o de rebelión contra la exclusión y la desigualdad. La defensa y la exigencia del
acceso a los derechos como prácticas cotidianas deben ser incentivadas y también
valorizadas como un medio de transformación cultural, donde las representaciones
sociales pasen a incorporar los sentidos de la vida democrática”.
No hay duda de que en el amplio terreno de los derechos humanos, la consagración
de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos “como bienes
jurídicos merecedores de protección y promoción específi cas, para promover
la dignidad y el libre desarrollo de los seres humanos” (Ventura, 2003: 21), ha
constituido un hito en la consecución de una mayor equidad social.
Los términos derechos sexuales y derechos reproductivos fueron adoptados como
una forma más ajustada y compleja de dar cuenta de otros conceptos usados con
anterioridad y de nuevas realidades; dejando de ser un “rumor” (Correa, 2003)
para constituirse en un nuevo desafío para la agenda de los derechos humanos
y para el diseño de las políticas públicas.
Según la genealogía, el concepto derechos reproductivos fue enunciado como
tal en una reunión de organizaciones que luchaban por el derecho de las mujeres
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