LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

12. " Los eclesiásticos cumplirán las penas correccionales, a que sean
condenados por los Tribunales civiles, en casas especiales designadas para
este efecto, y podrán ser trasladados, por gracia especial de S. M., cuando
lo mereciesen, a ia¿ casas eclesiásticas de corrección para acabar de cumplir
sus condenas.
13. ° Sin embargo de lo anteriormente dispuesto, los Obispos continuarán
ejerciendo, con arreglo a los cánones y disciplina vigente, la facultad de
corregir disciplinariamente o en Santa Visita, a los eclesiásticos de todas
clases, que lo merezcan, recluyéndolos, si fuere necesario, en Monasterios,
Seminarios u otras casas destinadas a este objeto.
14. ° No se impedirá a los Prelados que fulminen censuras eclesiásticas
contra los que violaren los cánones y leyes de la Iglesia. Los que se crean
agraviados por ellas podrán recurrir al Tribunal eclesiástico correspondiente.
Si la censura debiera recaer sobre algún funcionario público, no se le
dará publicidad sin ponerla previamente en conocimiento del Gobierno, con
la debida anticipación, a fin de que se entere de la causa y proceda a lo
que haya lugar.
15. ° No tendrán lugar en adelante los recursos de fuerza y protección,
que atribuyen las leyes a los Tribunales civiles. Los que en los juicios de
cualquier especie ante los Jueces eclesiásticos, se creyeren agraviados en el
modo de proceder contra ellos, o en no otorgarles los recursos canónicos
correspondientes, podrán acudir al Tribunal de la Rota, el cual, con infor­
me del Juez inferior, o con vista de autos, determinará en un solo turno lo
que corresponda, llevándose a efecto su decisión sin más trámites.
16. ° Las competencias entre las autoridades eclesiásticas y las civiles,
judiciales o administrativas, sobre el conocimiento de negocios, cuya natu­
raleza civil o eclesiástica se ponga en duda, así como todas las demás cues­
tiones que se decidían por el recurso de fuerza en conocer y proceder y el
de protección del Santo Concilio de Trento, se decidirán, sin ulterior re­
curso, por una Junta Suprema creada al efecto.
17. ° La Junta de que trata el artículo anterior residirá en Madrid y se
compondrá del Presidente del Consejo de Estado, el de su Sección de Gra­
cia y Justicia y el Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, en representación
del Gobierno de S. M.; y del Arzobispo de Toledo, el Patriarca de las In­
dias y el Auditor Asesor del Tribunal de la Rota, en representación de la
Iglesia.
El Arzobispo de Toledo podrá delegar sus funciones en la Junta en el
Obispo Auxiliar de Madrid, o en otra dignidad eclesiástica.
La dirección de la Junta, en cuanto a su convocación, régimen, despa­
cho de asuntos y correspondencia con el Gobierno y las autoridades, estará,
alternando por años, a cargo del Presidente del Consejo de Estado y del
Arzobispo de Toledo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, si el Arzobispo de
Toledo fuese Cardenal, presidirá, siempre que asista, las sesiones de la Jun­
ta; en otro caso, el Presidente del Consejo de Estado.
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