LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

En lo que toca al Derecho interno, es también manifiesta la carencia
en el mismo de normas específicas para tales conñictos. Concretando
el examen a las dos legislaciones procesales, la alemana y
la italiana, que se consideran por lo común como las más avanzadas
técnicamente, es de significar que la primera —cuyos textos
fundamentales (Zivilprozessordnung, Strafprozessordnung y Gerichtsverfassungsgesetz),
aunque después complementados, arrancan de
1877— no contiene precepto alguno relacionado siquiera con la materia,
conforme al principio que en ella se mantiene de no reconocer
eficacia jurídica más que a la jurisdicción del Estado, el cual informa
igualmente el Concordato alemán de 20 de julio de 1933. En
Italia el Código de procedimiento civil de 28 de octubre de 19W3
(arts. 37, 41, 362, 367 y 374) y el Código de procedimiento penal de
19 de octubre de 193076 (arts. 51 y 54) sólo se refieren, de un modo
general, a los conflictos positivos o negativos de jurisdicción entre
juzgadores especiales o entre éstos y los ordinarios, encomendando
su resolución a las secciones unidas de la Corte de Casación. Tampoco
los cuerpos legales aparecidos con posterioridad en otros países
contienen normas dedicadas a la particular regulación de conflictos
entre los Jueces y Tribunales eclesiásticos y los seculares.
Esa apuntada ausencia de normas —que, tal vez, cabe se estime
por alguien, a nuestro juicio equivocadamente, como un generalizado
defecto técnico que es posible corregir— constata, sin duda, el hecho
innegable de que las relaciones entre los poderes judiciales de
la Iglesia y los Estados se pueden desarrollar y se vienen hasta
ahora desarrollando sin la existencia de tales normas y, lo que resulta
todavía más significativo, sin que hasta el momento, al no haber
sido dictadas, se haya sentido la necesidad de las mismas. En
cualquier caso, parece siempre preferible esa situación de carencia
de específicas normas sobre conflictos, que una regulación en la que
ya de antemano no se respetan debidamente los derechos de la
Iglesia.
75 En vigor desde el 21 de mayo de 1943.
76 En vigor desde el 1 de julio de 1931.
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