LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

se determina nunca "ratione personae", al no encontrarse reconocido
en el Concordato el privilegio canónico del fuero. Aun conociendo
en todo caso por razón de la materia, son de señalar en la actuación
de los Tribunales eclesiásticos, según el propio ordenamiento
canónico, unos límites subjetivos en lo que respecta a las personas
sometidas a su jurisdicción, que serán en principio sólo los bautizados
en la Iglesia Católica, es decir, sus miembros o como dicen
otros autores sus súbditos" (c. 12, 87, 2214, párrafo 1, y 2226, párrafo
1), si bien en las causas matrimoniales alcanzará también a
quienes aún sin estar bautizados en la Iglesia Católica hayan contraído
el matrimonio canónico (c. 1960, 1099, 1063 y 1071). Creemos,
además, que la recepción del bautismo (en lo que toca al poder espiritual
de la Iglesia y a los delitos eclesiásticos) o la celebración del
matrimonio canónico (en lo que se refiere a las llamadas causas
matrimoniales), son ya de por sí actos que implican en quienes los
efectúan una sumisión a la especial jurisdicción de la Iglesia Católica,
y que, al autorizar el Estado la realización de tales actos, precisa
reconocer también las apuntadas e indeclinables consecuencias
jurisdiccionales que de ellos derivan.
No hay, pues, que estimar como necesario el que, al menos teóricamente,
se hayan de promover conflictos entre los órganos judiciales
de ambas potestades, ya que pueden y deben ser evitados, ni
tampoco, en consecuencia, que sean precisos preceptos reguladores
de tales contiendas, toda vez que el establecerlos implicaría, en
nuestra opinión, el dar a las mismas legalmente una vida de que carecen74.
Quizá sea, sin embargo, aconsejable, para alejar toda posibilidad
de conflicto en el orden práctico, que por el Estado se die-
73 Para comprender en la palabra "subditos" también a aquellos que,
aun alejados de la Iglesia por incurrir en apostasía, herejía, cisma o excomunión
o encontrarse afectados por cualquier otra censura, están obligados por
haber recibido el bautismo —que es un sacramento de los que imprimen carácter
y que hace perpetuamente miembro de la Iglesia— a la observancia
de las leyes eclesiásticas y al cumplimiento hasta la muerte de los deberes del
cristiano, pero sin tener el pleno ejercicio de los "derechos" que normalmente
corresponden a los fieles.
7i Este viene también a resultar el criterio prácticamente mantenido
por el Estado español, al haber dejado transcurrir el plazo de un año, fijado
en el artículo 36, apartado 2, del Concordato, para promulgar las disposiciones
de Derecho interno que sean necesarias para su ejecución, sin dictar
esas nuevas normas reguladoras, no obstante la manifiesta oposición de las
contenidas en nuestras Leyes de Enjuiciamiento con el espíritu del Concordato.
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