LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

c) Delitos que exclusivamente violan una ley eclesiástica.
En lo que se refiere a las dos primeras materias, basta, a nuestro
juicio, con que la Iglesia declare que se trata de cuestión espiritual
o del sacramento del matrimonio para que conozca de manera
exclusiva, sin obstaculización alguna de los Tribunales del Estado,
que no tienen capacidad para pronunciarse sobre esos asuntos. Al
Juez o Tribunal estatal que entienda indebidamente en alguno de
ellos, deberá hacérsele presente su falta de jurisdicción, directamente
por la parte interesada o bien, a su instancia, por el Juez o Tribunal
eclesiástico que también, esté conociendo del mismo, y cualquiera
que sea la postura y resolución del órgano secular —que, en
estricto derecho, no cabe sea otra que la de apartarse— no impedirá
en absoluto la sustanciación y decisión en la jurisdicción eclesiástica.
Las resoluciones dictadas por Jueces o Tribunales seculares
respecto al fondo de tales cuestiones, si llegaran a producirse, habrán
de estimarse necesariamente como pronunciadas por un órgano
carente de jurisdicción y, en consecuencia, serán jurídicamente
inexistentes, sin que hayan tampoco de respetarse por los Tribunales
de la Iglesia.
En lo que hace relación a la tercera materia, puede la Iglesia instruir
desde luego causa, si lo cree oportuno, para perseguir el delito
que ella estime viola exclusivamente una ley eclesiástica, y, si de los
mismos hechos entendiere también un Juez o Tribunal secular y
continuara conociendo de ellos por considerar ha sido infringida a
la vez la ley del Estado, cabe, incluso, que ultimen la tramitación y
dicten sentencia, en sus respectivas esferas, ambos Tribunales, ya
que son de naturaleza absolutamente distinta tanto los delitos como
las penas previstas en los ordenamientos de la Iglesia y del Estado,
resultando, en consecuencia, perfectamente compatible la actuación
simultánea o sucesiva de las dos jurisdicciones.
Las mencionadas materias, atribuidas expresamente en el Concordato
a los Jueces y Tribunales eclesiásticos, es lo que, en nuestra
patria, constituye el contenido de la jurisdicción especial de la Iglesia,
entendiendo en todas las restantes la jurisdicción general del
Estado, al no existir ningún precepto concreto que de ella las excluya.
El conocimiento de los Jueces y Tribunales eclesiásticos es, pues,
siempre "ratione materiae" —siendo la especialidad de la materia
lo que en esencia motiva la especialidad de la jurisdicción— que no
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