LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

gos o religiosos, bastando sólo con que el Tribunal del Estado que
en ellas entienda comunique previamente la tramitación al Ordinario
del lugar en que se siga el proceso y, en su día, las correspondientes
sentencias o decisiones; b) ni conoce tampoco de las causas
criminales contra clérigos o religiosos para perseguir los delitos previstos
en las leyes penales del Estado, si bien antes de proceder la
autoridad judicial secular, deberá solicitar el consentimiento del Ordinario
del lugar en que se instruye el proceso, quien podrá negarlo,
por graves motivos, si lo cree oportuno, comunicándolo así por escrito
a la autoridad competente. Caso especial es el de los Prelados
de quienes habla el párrafo 2 del canon 120 del Código de Derecho
canónico (precisados en el Canje de Notas de 4-6 de junio de 1957),
que no podrán ser emplazados ante un Juez laico, en ninguna clase
de causas, sin que se haya obtenido previamente la necesaria licencia
de la Santa Sede. Como se ve, la Iglesia, al igual que en otras
ocasiones, no ha reclamado en el Concordato español un riguroso
reconocimiento del llamado "privilegio del fuero". Analicemos ahora
en que puntos cabe se planteen conflictos.
No conociendo en ningún caso la Iglesia, conforme al Concordato,
de pleitos civiles o contenciosos sobre bienes o derechos temporales
en que figuren demandados clérigos o religiosos, es evidente
que a este respecto no puede surgir contienda, ya que la jurisdicción
corresponde siempre a los Tribunales del Estado; lo más que
podría ocurrir es que el Juez o Tribunal secular no comunicara al
Ordinario del lugar el inicio o la sentencia que hubiera dictado en
el proceso, sin que ello tenga trascendencia alguna en orden a la
validez y eficacia de las resoluciones adoptadas. En cuanto a las
causas criminales que pretendan instruirse contra clérigos y religiosos,
por delitos previstos en las leyes penales del Estado, es también
manifiesto que de ellas tampoco conocerá en ningún caso la
Iglesia, a la que en el Concordato no se reconoce jurisdicción en ese
aspecto, siendo también los Jueces o Tribunales seculares los llamados
a entender en ellas; la necesidad de solicitar el previo consentimiento
del Ordinario supone sólo un "requisito de procedibilidad",
que pone en manos de la Iglesia el que el proceso sea o no
instruido, pero que en ningún caso faculta a los órganos eclesiásticos
para sustanciar el mismo, persiguiendo los delitos e imponiendo
las penas previstas en las leyes del Estado. Finalmente, tampoco
se dice en el Concordato que la Iglesia tenga jurisdicción para co-
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