LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

canónico y a la separación de los cónyuges, en la dispensa del matrimonio
rato y no consumado y en el procedimiento relativo al privilegio
paulino", correspondiendo a los Tribunales seculares —según
los restantes párrafos del propio artículo— todo cuanto se refiere
a efectos civiles. Son esas cuatro clases de causas matrimoniales
las atribuidas a la jurisdicción exclusiva de la Iglesia, sin que se
le asigne el conocimiento de ninguna otra de las de carácter mixto,
en las que, por tanto, habrán de entender los órganos del Estado.
Obsérvese que el Concordato viene a ser, en el aspecto que aquí
analizalnos, como una regulación pactada entre ambas potestades
de la áktensión que al poder judicial de la Iglesia ha de reconocerse
en un determinado país, en este caso España, de tal modo que la
jurisdicción especial de la Iglesia representa una limitación a la general
del Estado, que alcanzará siempre a toda cuestión en que no
haya un limite concreto que se lo impida. Ahora bien, ¿a quién incumbe
determinar, en caso de duda, si se trata, en realidad, de una
de esas cuatro clases de causas matrimoniales en que se reconoce
a la Iglesia exclusiva jurisdicción? ¿Quién tiene aquí lo que se ha
llamado la competencia sobre la competencia? Si se recuerda que
en las causas mixtas el aspecto espiritual es inseparable del temporal
y, a mayor abundamiento, que lo que motiva la atribución a la Iglesia
de las causas señaladas en el artículo 24 del Concordato es que
en el matrimonio —como ha sido reiteradamente declarado y prescribe
también el canon 1012 del Código de Derecho canónico— el
sacramento es inseparable del contrato, la conclusión habrá de ser
que sólo la Iglesia está capacitada para saber si existe o no ese sacramento.
Bastará, pues, con que la Iglesia estime que se trata de un
matrimonio canónico, para que se reconozca a la misma el conocimiento
exclusivo de una causa, sin obstaculización alguna por parte
de los órganos del Estado, que en ningún concepto, ni de iure ni de
facto, están capacitados para pronunciarse sobre materia espiritual
ni menos aún respecto a un sacramento.
c) Si son posibles conflictos "ratione personae".
En lo que toca a la jurisdicción de la Iglesia por razón de las
personas, no hay tampoco motivos para que se produzcan conflictos.
Con arreglo al artículo 16 del Concordato, la Iglesia en España, á)
no conoce de causas contenciosas o civiles (en general no penales)
sobre bienes o derechos temporales en que sean demandados cléri-
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