LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

ticos y de los delitos que infringen a la vez la ley de la sociedad civil
y de la eclesiástica de los que la Iglesia podría conocer, según el
Código de Derecho canónico; sin embargo, conforme al artículo 16,
párrafo 3, de nuestro Concordato, la Iglesia en España puede entender
tan sólo de los primeros, esto es de "aquellos delitos que exclusivamente
violan una ley eclesiástica".
Supongamos ahora a) que de un determinado delito esté conociendo
un Juez o Tribunal secular y que no obstante se estime se
trata de un delito exclusivamente eclesiástico del que no corresponde
a aquel entender o, por el contrario, b) que esté conociendo un
Juez o Tribunal de la Iglesia y que sin embargo se juzgue no toca
al mismo entender por integrar también los hechos una infracción
de la ley civil. En ambos casos será desde luego posible a la parte
interesada alegar, ante el Tribunal que venga conociendo, la excepción
de falta de jurisdicción, cualquiera que sea el nombre con que
se la designe, en el momento y forma oportunos. Pero, aun suponiendo
que tal excepción fuese desestimada en la jurisdicción ante la
cual se alegue, y que, incluso, sin plantearse formalmente conflicto,
llegarán a pronunciar sendos fallos ambas jurisdicciones (la eclesiástica
por estimar es delito exclusivamente eclesiástico y la secular por
creer infringe también la ley civil), ha de tenerse en cuenta que la
actuación de las mismas resulta, en estricto derecho, perfectamente
compatible y de naturaleza en absoluto distinta, pues mientras la
secular únicamente sancionará delitos e impondrá penas de carácter
civil, la eclesiástica, si lo juzgara preciso (recuérdese el canon
1933, párrafo 3), sólo castigará delitos e impondrá penas de índole
canónica. No hay, pues, jurídicamente, necesidad de que se planteen
conflictos en este aspecto y la mejor manera de que por completo
fueran evitados sería el reconocer "de iure" o, por el momento, al
menos "de facto", la competencia de los Tribunales de la Iglesia en.
aquellos delitos que violan (en general y no sólo "exclusivamente")
una ley eclesiástica conforme al canon 2198 del Código de Derecho
canónico, sin limitar en nuestra patria la aplicación de dicho precepto,
toda vez que las actuaciones de los Tribunales de la Iglesia
y el Estado son, repetimos, absolutamente compatibles y se reñeren
a ordenes diversos. La limitación en el artículo 16, párrafo 3, del
Concordato, de la jurisdicción de la Iglesia a los delitos que "exclusivamente"
violan una ley eclesiástica, sin aceptar lisa y plenamente,
como sería más acertado, lo que preceptúa el canon 2198, no sólo,
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