LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

tienda entre los Jueces y Tribunales eclesiásticos y los seculares,
interesa también examinar si es realmente posible el conflicto en lo
que respecta a las restantes materias que a la Iglesia son atribuidas
en el vigente Concordato entre la Santa Sede y el Estado español,
a fin de delimitar con exactitud el ámbito a que tales conflictos
pueden alcanzar —si es que en verdad resultan inevitables— y
precisar, en su caso, los medios oportunos para tramitarlos y resolverlos.
Dejando para el final las llamadas "causas mixtas" —que son las
que mayores dificultades pudieran presentar— continuamos el análisis,
a los efectos indicados, de lo que, por razón de la materia, está
atribuido al conocimiento de la Iglesia. En el artículo 16, párrafo 3,
de nuestro Concordato, se reconoce y respeta la competencia privativa
de los Tribunales de la Iglesia en aquellos delitos que "exclusivamente"
violan una ley eclesiástica, conforme al canon 2198 del
Código de Derecho canónico, sin que contra las sentencias de dichos
Tribunales proceda recurso alguno ante las autoridades civiles. Es
importante recordar el texto del referido canon, según el cual corresponde
a la autoridad eclesiástica perseguir el delito que sólo quebranta
una ley de la Iglesia, a la autoridad civil (salvo lo que se determina
—cuando sea aplicable— en el canon 120) castigar el delito
que solamente quebranta una ley de la sociedad civil, sin perjuicio
de la competencia que sobre él tiene también la Iglesia en el fuero
interno por razón del pecado, y, finalmente, a ambas potestades, eclesiástica
y civil, el sancionar el delito que infringe la ley de una y
otra sociedad. El principio que rige, por tanto, en el conocimiento
de los delitos, según el citado canon, es atribuir los exclusivamente
eclesiásticos a los Tribunales de la Iglesia, los exclusivamente civiles
a los Tribunales seculares y los que presenten a la vez uno y
otro carácter a ambas clases de Tribunales, si bien respecto a estos
últimos es de señalar la norma contenida en el canon 1933, párrafo
3, donde se prescribe que, "tratándose de delitos de fuero mixto,
los Ordinarios, de regla general, no deben proceder cuando el reo
es seglar y el magistrado civil, al castigarlo, atiende suficientemente
al bien público"70. Es, pues, de los delitos exclusivamente eclesiás-
70 Véase también c. 2223, párrafos 2 y 3, en orden a abstenerse de aplicar
la pena o bien aminorarla o aplicar algún remedio penal o imponer alguna
penitencia teniendo en cuenta el castigo proveniente de la autoridad civil.
— 67