LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

hacer él mismo de árbitro tercero, cuando no llegaban a un acuerdo
los nombrados por las dos partes)68, siendo, quizá, esta última fórmula,
no obstante sus dificultades prácticas, la que mejores garantías
de imparcialidad nos parece ofrecer, de entre las que, hasta el momento,
han sido al efecto consideradas.
b) Si son posibles conflictos "ratione materiae".
Si importantes son las dificultades con que se tropieza para establecer
un órgano encargado de decidir los conflictos judiciales entre
la Iglesia y el Estado, más graves resultan aún las que derivan
de la posible materia sobre la que tal órgano habría de pronunciarse.
La jurisdición de la Iglesia Católica es fundamentalmente en materia
espiritual, respecto a la cual, como señala la bula "Unam Sanctam"
de Bonifacio VIII69, ninguna capacidad para conocer cabe atribuir
al Estado. Sin embargo, en las contiendas surgidas entre ambas
potestades es posible —y será, tal vez, si el caso llegara, lo más frecuente—
que lo que se discuta sea si un determinado asunto está
o no comprendido en ese poder espiritual que corresponde exclusivamente
a la Iglesia, no obstante lo cual, según cuanto queda expuesto,
habrá de decidir la contienda un órgano del Estado o un
órgano mixto, pero no un órgano eclesiástico, que son los únicos
capacitados para entender y resolver en materia espiritual. Esta es
para nosotros la fundamental objección que contra el pretendido
organismo decisor de conflictos cabe formular: El que haya de resolver
si una materia es de índole espiritual sin estar capacitado
para ello y arrogándose funciones que sólo a la Iglesia están atribuidas.
Queda así patente nuestra idea claramente contraria a que sobre
la materia que la Iglesia estime como espiritual pueda pronunciarse
cualquier otro órgano que no sea exclusivamente eclesiástico.
En consecuencia, la declaración hecha por la Iglesia de que un asunto
corresponde a su poder espiritual —reconocido en España por
el artículo 2, párrafo 1, del Concordato— habrá, lógicamente, de ser
aceptada, sin que pueda rebatirse por ningún órgano estatal o semiestatal.
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Excluida, pues, la materia espiritual como objeto de posible con-
^ Vid. supra nota 62.
69 Vid. supra nota 61.