LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

vigencia de dichos recursos. En todo caso se trata de simples Decretos
que no pueden alterar lo establecido en el Concordato, conforme
a lo preceptuado en los artículos 26 y 28 del Texto refundido
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de
20 de julio de 1957 aprobado por Decreto de la Presidencia del Gobierno
del día 26 del mismo mes y año (B. O. E. n.0 195).
B) En cuanto a la necesidad o conveniencia de una nueva regulación.
a) El órgano decisor.
Se advierte ya en lo expuesto la dificultad que implica el establecimiento
de un órgano encargado de resolver los posibles conflictos
entre los Jueces o Tribunales eclesiásticos y los seculares. No cabe,
en buenos principios, encomendar la decisión a un órgano de una
de las dos potestades en conflicto —como ocurriría, conforme se
propone en el Proyecto redactado por el Profesor PRIETO CASTRO,
al asignar esa facultad al pleno del Tribunal Supremo, que es, en definitiva,
un órgano del Estado— pues vendría a suponer el atribuir
la resolución de la contienda a una de las partes en ella interesadas.
Pensando en un órgano de composición mixta, integrado por representantes
de la Iglesia y del Estado, si se constituye de un modo no
paritario, es decir con mayoría de miembros de una de las dos potestades
(Tribunal mixto de competencias propuesto de manera subsidiaria
por PRIETO CASTRO), se adopta, en realidad, un criterio
desprovisto de la adecuada base jurídica —según reconoce el propio
Profesor citado— toda vez que, en perfecto derecho, resulta siempre
precisa una absoluta igualdad entre las partes contendientes,
sin, supremacía de ninguna de ellas, a fin de asegurar la justicia del
fallo. Sí, por el contrario, ese órgano mixto se forma con un número
igual de representantes de la Iglesia y del Estado, se tropieza con
ese importante obstáculo de los empates, que unas veces se pretende
vencer simplemente con el azar (el voto del Presidente de turno
en el Proyecto de 1867) y otras con. el nombramiento como dirimente
realizado por una de las potestades en conflicto pero recayendo
necesariamente la designación en un miembro de la otra (así
el llamado "canciller de competencias" en el antiguo reino de Aragón
—que era un eclesiástico nombrado por el poder real— a quien
en un principio correspondía designar al árbitro tercero y después
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