LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

acuerdo" en la resolución de las dudas o dificultades que pueden
surgir en la "aplicación" de las cláusulas del Concordato, —que
constituye hoy el ordenamiento fundamental que rige las relaciones
entre la Iglesia Católica y el Estado español— implica también una
clara derogación de las normas contenidas en las Leyes de Enjuiciamiento
Civil y Criminal.
3.° Siendo notorio y admitido por todos que el espíritu del Concordato
es manifiestamente contrario a las normas de nuestras Leyes
de Enjuiciamiento referentes a los conflictos entre los Jueces y Tribunales
eclesiásticos y los seculares, deben estimarse comprendidas
las mismas en la cláusula general derogatoria del art. 36, párrafo 2,
que establece se entienden derogadas todas las disposiciones contenidas
en leyes, decretos, órdenes y reglamentos que, en cualquier
forma, se opongan a lo que en él se establece.
Al haberse derogado con la firma del Concordato, por las razones
expuestas, los preceptos de nuestras Leyes de Enjuiciamiento
Civil y Criminal relativos a los recursos de fuerza, queda también
hoy sin vigor y resulta igualmente inaplicable el artículo 381 del Código
penal, que a tales recursos hace referencia67.
A pesar de cuanto antes se dice, y en contraposición a nuestro
criterio, preciso es consignar que en la reforma de los Aranceles judiciales
efectuada por Decreto de 19 de febrero de 1954 (B. O. E. de
21 de marzo y 6 de abril), con posterioridad, por tanto, a la ñrma
del Concordato, se sigue hablando —al modificar el artículo 41 del
Arancel de derechos de los Oficiales de Sala del Tribunal Supremo
en materia civil— de "los recursos de fuerza en conocer que se interpongan
contra el Tribunal de la Rota de la Nunciatura y Tribunales
Superiores eclesiásticos de Madrid", haciéndose también análoga
mención en el Decreto de 18 de junio de 1959 (B. O. E. del 22
de junio), por el que se convalida y regula la exacción de tasas judiciales,
en el artículo 14 de su Tarifa Cuarta relativa al Tribunal
Supremo, todo lo cual parece indicar la subsistencia en la actualidad
de los expresados recursos. Tal vez, antes de dictar las referidas
disposiciones, no se haya previamente reflexionado sobre la actual
87 Este artículo venía ya con anterioridad careciendo en la práctica de
aplicación, sin que en las colecciones de Jurisprudencia se encuentre una sola
sentencia del Tribunal Supremo relativa al mismo ni a su correlativo (el
artículo 386) del Código penal de 1932.
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