LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

do ha sido igualmente como las normas de nuestras Leyes de Enjuiciamiento
Civil y Criminal regulan los posibles conflictos entre
los Jueces seculares y los eclesiásticos, como si estos últimos fueran
también órganos estatales, lo que equivale, en definitiva, a desconocer
el poder jurisdiccional de la Iglesia e, incluso, su soberanía.
Si en el artículo 2, párrafo 1, del Concordato, "el Estado español
reconoce a la Iglesia el carácter de sociedad perfecta y le garantiza
el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción",
es evidente que, a partir de la ratificación del Concordato y conforme
al ordenamiento desde entonces vigente, tiene la Iglesia reconocido
un poder judicial que en nuestras Leyes de Enjuiciamiento
le había sido negado. No existe ya posibilidad "de iure", ni aún menos
"de facto", de considerar a los Jueces y Tribunales eclesiásticos
como órganos estatales, ni a la jurisdicción eclesiástica como a
una de las del Estado ni dependiente del mismo. Son, en consecuencia,
absolutamente inaplicables las normas de las Leyes de Enjuiciamiento
Civil y Criminal que regulaban las contiendas entre los
Jueces y Tribunales eclesiásticos y los seculares como conflictos de
jurisdicción (entre órganos de distintas jurisdicciones de un Estado),
desconociendo el verdadero carácter que presentan de conflictos entre
poderes judiciales emanados de diferentes soberanías, único que
cabe asignarle después del explícito reconocimiento hecho en el
Concordato.
2.° El "deseo de asegurar un,a fecunda colaboración" entre la
Santa Sede y el Estado español, que se consigna en el preámbulo del
Concordato y que preside, sin duda, todo su texto, requiere, para
que sea real y efectiva, una inexcusable consideración de igualdad
entre ambas potestades, que desconocían nuestras Leyes de Enjuiciamiento
al asignar a la Iglesia una humillante subordinación a los Jueces
seculares. Conforme al espíritu del Concordato, los conflictos de
todo tipo han de solventarse siempre de un modo acorde y amistoso,
incompatible con la tramitación imperativa y violenta que suponen
los llamados recursos de fuerza en conocer. Así resulta, además,
de lo dispuesto expresamente por el artículo 35, párrafo 1, donde
se establece que "la Santa Sede y el Gobierno español procederán
de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que
pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula
del presente Concordato, inspirándose para ello en los principios
que lo informan". A nuestro juicio esa necesidad de un "común
— 63