LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

en todo caso, podría, con gran complicación, plantear cuestiones
negativas de competencia. C) Instaurar para resolver esas cuestiones
de competencia (así se llaman en el Proyecto por PRIETO CASTRO) un
Tribunal de competencias, formado a) para las que surjan entre Tribunales
eclesiásticos (excepto la Rota) y estatales, por Magistrados
de Audiencia Territorial y Jueces eclesiásticos nombrados por el
Obispo o Arzobispo, y b) para las que surjan con la Rota, por Magistrados
del Tribunal Supremo y Jueces de la Rota. Significa su
autor que, dada la materia (sobre todo el Tribunal de competencias),
parece será preciso un Acuerdo con la Santa Sede, aunque su
conformidad se pida, en definitiva, a fin de corregir algo que es ignominioso
para la Iglesia.
El punto de gravedad —observa el propio autor del Proyecto—
se halla en, el artículo 22, que trata del órgano encargado de resolver
las contiendas entre Jueces o Tribunales eclesiásticos y seculares.
Al equipararlos, la conclusión debería ser que un órgano paritario
formado por elementos de una y otra potestad, se encargara de decidir
la cuestión, pero esta solución —dice— plantea el insalvable
obstáculo de los empates, que no se resolverían ni aun acudiendo
a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre "modo de dirimir
las discordias" (artículos 351 y ss). Se propone, por ello, al Tribunal
Supremo en pleno constituido en Sala de Justicia, conforme a
los artículos 595 y ss. de la Ley Provisional sobre Organización del
Poder Judicial de 15 de setiembre de 1870, pero excluyendo del mismo
a los Magistrados que hubiesen intervenido en la resolución del
recurso de apelación sobre el asunto, concedido en los artículos 7,
11 y 14 del Proyecto (contra el auto de la Audiencia acordando no
procede formular requerimiento de inhibición al Juez o Tribunal
eclesiástico, o desistir del que se le hubiese formulado, o bien acceder
a la inhibitoria de un Juez o Tribunal eclesiástico), por estimar
que tal órgano puede merecer la confianza de la Iglesia; sobre todo
cuando el Estado español ofrece una muestra tan elocuente de respeto
y consideración a la Iglesia como es derogar normas que eran
depresivas para ella y establece un sistema equitativo para las cuestiones
de que se trata. Si no se aceptase dicho artículo 22, cabría
—escribe PRIETO CASTRO— constituir un organismo simplemente
mixto (no paritario), compuesto por Magistrados del Tribunal Supremo
y representantes de la Iglesia, con número de miembros desigual
por cada parte: Tres miembros seculares y dos eclesiásticos
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