LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

pió MALDONADO, rectificando en cierto modo la orientación que en
aquel parece mantenía, estima que "si se tratara de dos ordenamientos
del mismo rango y dentro de un mismo mundo jurídico no habría
inconveniente en acudir a la creación de un Tribunal de conflictos
con participación de uno y otro, pero ello resulta imposible
en este caso, en que los dos Derechos que pueden estar en conflicto
son de esfera distinta y en que, además, si se quisiera llegar a la
creación de un tal organismo mixto, la Iglesia se vería imposibilitada
para comprometerse a acatar en todo caso sus decisiones, puesto
que sobre las normas de Derecho Divino no pueden aceptar compromiso
alguno"66.
b) Proyecto del Profesor PRIETO CASTRO.
Un "Proyecto de ley para arreglar las cuestiones de competencia
entre Jueces y Tribunales civiles y Jueces y Tribunales eclesiásticos"
ha sido redactado en fecha reciente por el citado Profesor y
se encuentra todavía sometido al estudio de la Comisión de Concordato
del Ministerio de Justicia, cuyo texto nos ha sido amablemente
facilitado por indicación de su autor y se inserta también como
apéndice al presente trabajo. Los principios en que se basa dicho
Proyecto —conforme explican las notas que acompañan al mismo—
son, en síntesis, los siguientes: A) Dictar nuevas normas, separadas
del cuerpo de las Leyes Orgánica, de Enjuiciamiento Civil y de Enjuiciamiento
Criminal, cuyos artículos (que, dado su contenido extranacional,
estaban en ellas mal situados) quedarían derogados. B)
Establecer un procedimiento concebido según el criterio de los artículos
72 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque
limitado a la inhibitoria, por estimar que la declinatoria supondría
disponer sobre la competencia del órgano de la otra jurisdicción y,
66 MALDONADO, Otros tres años de vigencia del Concordato de 1953,
pág. 277. Tanto en dicho trabajo como en el titulado Los primeros años de
rigencia del Concordato de 1953, pág. 26, afirma dicho autor que la solución
no puede estar más que en el n.0 1 del artículo 35 del Concordato, en el
que se dice que la Santa Sede y el Gobierno español procederán de común
acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que puedan surgir en la
interpretación o aplicación del mismo, pero que sería conveniente —expresa—
regular, dentro del ordenamiento civil español, lo relativo al planteamiento
y tramitación de tales conñictos, hasta llegar a concretarse en ese
acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno. En igual sentido REGATILLO, ob.
cit., pág. 33. No señalan, sin embargo, qué órgano habría de decidir los conflictos
o diferencias que estiman pueden, sin duda, producirse en la práctica.
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