LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

linei Inicua voluntad y unas cuantas ideas aprovechables, que de haber
prosperado hubieran sido, sin duda, beneficiosas para la Iglesia
y el Estado", estimando que en el trance, en que ahora nos encontramos,
de supresión absoluta de los recursos de fuerza en España,
es posible que puedan resultar de utilidad algunas de las ideas contenidas
en el Proyecto de 1867B4.
En el texto de dicho Proyecto, que se inserta completo como
apéndice al presente trabajo, se dispone, en su artículo 15, que no
tendrán lugar en adelante los recursos de fuerza y protección que
atribuyen, las leyes a los Tribunales civiles, y, en su artículo 16, prescribe
que las contiendas entre las autoridades eclesiásticas y las civiles,
judiciales o administrativas, sobre el conocimiento de negocios
cuya naturaleza civil o eclesiástica se ponga en duda, así como
todas las demás cuestiones que se decidían por el recurso de fuerza
en conocer y proceder y el de protección del Santo Concilio de Trento,
se decidirán, sin. ulterior recurso, por una Junta Suprema creada
al efecto. La referida Junta, que residirá en Madrid, se compondrá
—conforme al artículo 17— de tres miembros en representación del
Gobierno (el Presidente del Consejo de Estado, el de su Sección
de Gracia y Justicia y el Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia) y
otros tres en representación de la Iglesia (el Arzobispo de Toledo,
que podrá delegar en el Obispo Auxiliar de Madrid o en otra dignidad
eclesiástica, el Patriarca de las Indias y el Auditor Asesor del
Tribunal de la Rota); la dirección de la Junta estará, alternando por
años, a cargo del Presidente del Consejo y del Arzobispo de Toledo,
aunque si este último fuese Cardenal presidirá siempre que asista
las sesiones, lo que en otro caso efectuará el Presidente del Consejo
de Estado; el empate en la votación de un asunto lo decidirá
el voto de la persona más caracterizada del orden civil o eclesiástico
a que corresponda el turno en aquel año en la dirección de la
Junta, aunque no presida la sesión, si bien para prevenir —-como señala
MALDONADO65— que los asuntos se dilataran para esperar a resolverlos
en un año favorable, se ñja, en el artículo 19, un plazo corto
e improrrogable, que es el de treinta días, para que la Junta resuelva
los asuntos que se sometan a su decisión.
58
Con posterioridad a la publicación de su citado trabajo, el pro-
MALDONADO, LOS recursos de fuerza en España, págs. 80 y ss.
MALDONADO, LOS recursos de fuerza en España, pág. 95.