LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

min,al. Por la misma razón, juzgan OLIET y SERENA64 "que tales recursos
han muerto para siempre" y MARTÍN SEMINARIO55 que han desaparecido
de nuestra legislación. REGATILLO56 considera también
que los recursos de fuerza, de cualquiera clase que sean, quedan abolidos
por el vigente Concordato, en general por el artículo 2 —en el
cual el Estado español garantiza a la Iglesia el libre y pleno ejercicio
de su poder espiritual— y en particular por el artículo 16, n.0 3. ISI­
DORO MARTÍN57 estima, a su vez, que si bien es cierto que la disposición
del Concordato no resulta suficientemente explícita y completa,
parece indudable que al negar el recurso (en el propio párrafo
3 del artículo 16) ante los Tribunales civiles, contra las sentencias
de los eclesiásticos, "haya querido referirse a los recursos de fuerza",
siendo además aplicable a tales limitaciones abusivas de la potestad
judicial de la Iglesia, al estar en clara contradición con el espíritu
del Concordato y concretamente con sus artículos 2 y 16, lo
dispuesto en, la cláusula general derogatoria contenida en el art. 36
párrafo 2. Más recientemente afirma FENECH58 que "aunque el Título
III del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil no ha sido derogado
de un modo expreso y formal, la aplicación de sus preceptos es
incompatible con la del Concordato entre España y la Santa Sede de
27 de agosto de 1953, cuyos instrumentos de ratificación fueron canjeados
el día 27 de octubre de 1953, y con los demás Convenios y
disposiciones de derecho concordado, singularmente el Motu propio
de S. S. Pío XII, Apostólico Hispanarum Nuntio, de 7 de abril
de 1947, ratificado por D. L. de 1 de mayo de 1947, por los que
se restablece el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de
España".
B) Si resulta necesaria o conveniente una nueva regulación.
En lo que respecta la segunda de las cuestiones que nos proponíamos
examinar, importa de nuevo resaltar aquí que tanto quienes
estiman continúan vigentes en la actualidad las normas de nuestras
s* OLIET y SERENA, Organización de los Tribunales españoles, 2.a edi.,
Zaragoza 1954, pág. 78.
55 MARTÍN SEMINARIO, ob. cit., pág. 389.
56 REGATILLO, ob. cit., pág. 32.
57 MARTÍN, Notas a la obra de IUNG El Derecho público de la Iglesia en
sus relaciones con los Estados, Madrid 1957, pág. 88.
58 FENECH, Doctrina procesal civil del Tribunal Supremo, II, Madrid
1956, pág. 2454.
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