LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...
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el tema que investigamos, el artículo 35, párrafo 1, en el que se establece<br />
que "la Santa Sede y el Gobierno español procederán de común<br />
acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran<br />
surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula<br />
del presente Concordato, inspirándose para ello en los principios<br />
que lo informan", y el artículo 36, párrafo 2, donde se prescribe que<br />
"con la entrada en vigor de este Concordato se entienden derogadas<br />
todas las disposiciones contenidas en leyes, decretos, órdenes<br />
y reglamentos que, en cualquier forma, se opongan a lo que en él se<br />
establece" y que "el Estado español promulgará, en el plazo de un<br />
año, las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para<br />
la ejecución de este Concordato".<br />
Tales son, en definitiva, los artículos del Concordato que cabría<br />
entraran en juego en las posibles contiendas entre los poderes judiciales<br />
de la Iglesia y del Estado, sin que en, el texto de aquél se<br />
contenga ningún precepto que concretamente y de manera directa se<br />
refiera a las mismas. El silencio del Concordato sobre esos conflictos<br />
es lo que ha planteado el problema, de sumo interés —especialmente<br />
si se piensa en la posibilidad de que en algún momento las relaciones<br />
entre la Iglesia y el Estado español dejaran de ser apacibles49—<br />
de determinar si continúa subsistente la regulación contenida en<br />
nuestras Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal o, por el contrario,<br />
ha de estimarse la misma derogada. La posición de los autores<br />
ha sido diversa, si bien debe significarse que tanto los que mantienen<br />
la actual subsistencia del injusto sistema de nuestras Leyes de<br />
Enjuiciamiento como los que entienden ha quedado sin, efecto y, en<br />
consecuencia, también sin específico régimen los conflictos judiciales<br />
entre ambas potestades, postulan acordes, por una u otra causa,<br />
una nueva regulación para tales conflictos. En realidad son. dos, por<br />
tanto, las cuestiones que aquí han de examinarse: A) Si continúan<br />
subsistentes o han sido derogadas, después del Concordato, las normas<br />
de nuestras Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal sobre conflictos<br />
de jurisdicción entre la Iglesia y el Estado. B) Si, "lege ferenda",<br />
procede adoptar una nueva regulación para los conflictos<br />
49 El llamado caso de Prato, que es de todos conocido, y algunos otros<br />
de menor resonancia ocurridos también en Italia en fecha reciente, han hecho<br />
patente esa posibilidad y la conveniencia de fijar criterios que práctica<br />
y eficazmente delimiten con exactitud las respectivas esferas jurisdiccionales<br />
de la Iglesia y del Estado.<br />
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