LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

culo 136), tramitándose como las apelaciones de los incidentes y
concluirá dictando auto en el que se acuerde: 1) bien no haber lugar
al recurso con devolución de los autos para que los continúe
con arreglo a derecho el Juez o Tribunal eclesiástico o 2) bien que
éste hace fuerza en conocer, en cuyo caso le ordenará levantar las
censuras si las hubiere impuesto y podrá imponerle las costas si estimare
hubo por su parte temeridad notoria al atribuirse facultades
que no tenga, con remisión de los autos al Juez competente.
Como complemento de lo expuesto, ha de señalarse que el artículo
381 del vigente Código penal de 1944 —que ha tenido la misma
redacción en los anteriores textos de 1870 y 1932, con sólo ligeras
variaciones en cuanto a la pena— dispone: "El eclesiástico
que, requerido por el Tribunal competente, rehusase remitirle los
autos pedidos para la decisión de un recurso de fuerza interpuesto,
será castigado con la pena de inhabilitación especial. La reincidencia
será castigada con la inhabilitación absoluta". Es ese el delito
en que incide el eclesiástico que no efectúe la remisión de los autos
solicitada por un Juez o Tribunal secular, sin que el hecho de no
facilitar el testimonio preciso al agraviado para preparar el recurso
de fuerza se encuentre específicamente tipificado, a no ser que, considerando
comprendido entre los "funcionarios judiciales" al Juez
eclesiástico, se le estime incurso en la desobediencia a la Autoridad,
del artículo 369 del Código penal. Resulta interesante poner de relieve
que tanto el artículo 381 como el 369 del Código penal aparecen
incluidos, dentro del Libro primero, en el Título VII, que trata
"De los delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus
cargos", figurando el primero de dichos preceptos en el Capítulo VII
que se ocupa "De la usurpación de atribuciones y de los nombramientos
ilegales" y el segundo en el Capítulo V que trata "De la
desobediencia y denegación de auxilio", entre delitos cuyo sujeto
activo es siempre preciso tenga la condición de funcionario del Estado,
cual si el Juez eclesiástico también lo fuera. Esto revela, una
vez más, cómo en esa regulación positiva se desconoce la existencia
del poder judicial de la Iglesia, distinto e independiente del que
es propio del Estado.
La postura de los autores patrios ante esa regulación de los recursos
de fuerza en conocer adoptada en nuestro sistema de enjuiciamiento,
ha sido manifestarse, casi de modo unánime, en contra
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