LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...
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culo 136), tramitándose como las apelaciones de los incidentes y<br />
concluirá dictando auto en el que se acuerde: 1) bien no haber lugar<br />
al recurso con devolución de los autos para que los continúe<br />
con arreglo a derecho el Juez o Tribunal eclesiástico o 2) bien que<br />
éste hace fuerza en conocer, en cuyo caso le ordenará levantar las<br />
censuras si las hubiere impuesto y podrá imponerle las costas si estimare<br />
hubo por su parte temeridad notoria al atribuirse facultades<br />
que no tenga, con remisión de los autos al Juez competente.<br />
Como complemento de lo expuesto, ha de señalarse que el artículo<br />
381 del vigente Código penal de 1944 —que ha tenido la misma<br />
redacción en los anteriores textos de 1870 y 1932, con sólo ligeras<br />
variaciones en cuanto a la pena— dispone: "El eclesiástico<br />
que, requerido por el Tribunal competente, rehusase remitirle los<br />
autos pedidos para la decisión de un recurso de fuerza interpuesto,<br />
será castigado con la pena de inhabilitación especial. La reincidencia<br />
será castigada con la inhabilitación absoluta". Es ese el delito<br />
en que incide el eclesiástico que no efectúe la remisión de los autos<br />
solicitada por un Juez o Tribunal secular, sin que el hecho de no<br />
facilitar el testimonio preciso al agraviado para preparar el recurso<br />
de fuerza se encuentre específicamente tipificado, a no ser que, considerando<br />
comprendido entre los "funcionarios judiciales" al Juez<br />
eclesiástico, se le estime incurso en la desobediencia a la Autoridad,<br />
del artículo 369 del Código penal. Resulta interesante poner de relieve<br />
que tanto el artículo 381 como el 369 del Código penal aparecen<br />
incluidos, dentro del Libro primero, en el Título VII, que trata<br />
"De los delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus<br />
cargos", figurando el primero de dichos preceptos en el Capítulo VII<br />
que se ocupa "De la usurpación de atribuciones y de los nombramientos<br />
ilegales" y el segundo en el Capítulo V que trata "De la<br />
desobediencia y denegación de auxilio", entre delitos cuyo sujeto<br />
activo es siempre preciso tenga la condición de funcionario del Estado,<br />
cual si el Juez eclesiástico también lo fuera. Esto revela, una<br />
vez más, cómo en esa regulación positiva se desconoce la existencia<br />
del poder judicial de la Iglesia, distinto e independiente del que<br />
es propio del Estado.<br />
La postura de los autores patrios ante esa regulación de los recursos<br />
de fuerza en conocer adoptada en nuestro sistema de enjuiciamiento,<br />
ha sido manifestarse, casi de modo unánime, en contra<br />
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