LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

Es también digno de observar que este párrafo 4 del artículo 16
se refiere tan sólo a las causas criminales contra los clérigos o religiosos,
sin comprender, por tanto, a los miembros de las sociedades
de vida común sin votos públicos (c. 680), a los que alcanza igualmente
el privilegio del fuero, ni a los miembros de los Institutos seculares,
que suele estimarse gozan también del mismo, ni a las personas
morales o jurídicas eclesiásticas, a las que se extiende dicho
privilegio por algún autor28.
Dos excepciones a lo expuesto, respecto a la necesidad de solicitar
y obtener el previo consentimiento del Ordinario del lugar en
que se instruya el proceso, cabe, sin embargo, señalar: Una "ratione
personae" (Capellanes castrenses) y otra "ratione materiae" (uso
indebido del hábito eclesiástico o religioso).
A) La primera excepción, vienen a constituirla los Capellanes
castrenses, ya que, conforme al artículo 6 del "Convenio entre la
Santa Sede y el Gobierno español sobre la jurisdicción castrense y
asistencia religiosa a las fuerzas armadas de 5 de agosto de 1950",
cuya vigencia ratifica el artículo 32 del Concordato, "en el caso en
que deban ser sancionados por consecuencia de un expediente de
carácter puramente militar, se dará cuenta al Vicario General Castrense,
quien dispondrá se cumpla la sanción en el lugar y en la forma que
estime más adecuados". Se admite, en consecuencia, que puedan ser
sancionados por infracciones previstas en las leyes militares, que lo
son también del Estado, sin que sea preciso el previo consentimiento
de la Autoridad eclesiástica, bastando con "informar" o "dar
cuenta" al Vicario General Castrense después de impuesta la sanción
a efectos de su cumplimiento. Aunque en la esfera castrense el "expediente"
es tan. sólo el procedimiento instruido para la corrección
de las faltas graves, dicho término ha de interpretarse en un sentido
genérico comprendiendo también las actuaciones seguidas para la
sanción de las restantes infracciones (delitos y faltas leves) de índole
militar. Resultará, por tanto, que para proceder contra los Capellanes
castrenses no será necesario el previo consentimiento de la autoridad
eclesiástica cuando se trate de una infracción puramente militar,
pero habrá sin embargo de obtenerse si se trata de infracción
prevista en otras leyes del Estado.
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28 Véase supra pág. 23.