LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...
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El párrafo 4 del art. 16 del Concordato, al referirse a los clérigos<br />
o religiosos habla exclusivamente de "los delitos previstos por las leyes<br />
penales del Estado", y esto planteaba el problema de si será necesario<br />
el consentimiento del Ordinario cuando se trate de otras<br />
infracciones y, concretamente, de las tipificadas como faltas. Parece<br />
lógico que deba ser así, en virtud del conocido principio de que quien<br />
puede lo más puede también, lo menos (en cuanto se refiere a la posibilidad<br />
del Ordinario de negar ese consentimiento) y, además, atendido<br />
el tenor del último inciso del propio párrafo, en el que se habla<br />
de "la sentencia definitiva del proceso, tanto en primera como<br />
en ulterior instancia", y sabido es que en materia penal ante los<br />
Tribunales de la jurisdicción ordinaria esa segunda o ulterior instancia<br />
únicamente existe en el juicio de faltas (aunque se da así mismo<br />
en algunos "delitos" tramitados ante Tribunales especiales, como<br />
en, los llamados monetarios27, a los que, sin duda, se refiere también<br />
el Concordato).<br />
La Circular de la Presidencia del Tribunal Supremo de 28 de enero<br />
de 1954, aclara, según queda ya antes señalado, que cualquiera<br />
que fuera la naturaleza del hecho criminoso, entre los previstos en<br />
nuestra legislación penal, por el que haya de procederse, bien se trate<br />
de delito o ya de simples faltas de la competencia de la Justicia<br />
Municipal, tan pronto como surja una presunta responsabilidad contra<br />
clérigos o religiosos, es imperativa la solicitud del consentimiento<br />
al Ordinario respectivo.<br />
De los hechos que constituyan las expresadas infracciones podrá<br />
conocer la Iglesia —en cuyo Código de Derecho canónico únicamente<br />
existen "delitos", sin que sea conocida la especial categoría<br />
de las faltas— a instancia del Fiscal e incluso de oficio (c. 1934,<br />
1939), al tener noticia de su comisión, juzgando sobre ellos en cuanto<br />
integren delitos eclesiásticos y para la exclusiva imposición de<br />
penas canónicas (c. 1553, & 1, n.0 2 y c. 2198).<br />
27 Véanse los artículos 54, 56 y 109 del Decreto de 11 de setiembre de<br />
1953, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contrabando<br />
y Defraudación, y el art. I.0 del Decreto-ley de 31 de marzo de 1957, conforme<br />
a cuyos preceptos de los delitos monetarios previstos en la Ley de<br />
24 de noviembre de 1938 conoce en primera instancia el luzgado de delitos<br />
monetarios, y de las sentencias condenatorias en asuntos de cuantía superior<br />
a diez mil pesetas en moneda corriente (en virtud de recurso que ahora se<br />
denomina de alzada) el Tribunal Superior de Contrabando y Defraudación<br />
en pleno.<br />
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