LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

El párrafo 4 del art. 16 del Concordato, al referirse a los clérigos
o religiosos habla exclusivamente de "los delitos previstos por las leyes
penales del Estado", y esto planteaba el problema de si será necesario
el consentimiento del Ordinario cuando se trate de otras
infracciones y, concretamente, de las tipificadas como faltas. Parece
lógico que deba ser así, en virtud del conocido principio de que quien
puede lo más puede también, lo menos (en cuanto se refiere a la posibilidad
del Ordinario de negar ese consentimiento) y, además, atendido
el tenor del último inciso del propio párrafo, en el que se habla
de "la sentencia definitiva del proceso, tanto en primera como
en ulterior instancia", y sabido es que en materia penal ante los
Tribunales de la jurisdicción ordinaria esa segunda o ulterior instancia
únicamente existe en el juicio de faltas (aunque se da así mismo
en algunos "delitos" tramitados ante Tribunales especiales, como
en, los llamados monetarios27, a los que, sin duda, se refiere también
el Concordato).
La Circular de la Presidencia del Tribunal Supremo de 28 de enero
de 1954, aclara, según queda ya antes señalado, que cualquiera
que fuera la naturaleza del hecho criminoso, entre los previstos en
nuestra legislación penal, por el que haya de procederse, bien se trate
de delito o ya de simples faltas de la competencia de la Justicia
Municipal, tan pronto como surja una presunta responsabilidad contra
clérigos o religiosos, es imperativa la solicitud del consentimiento
al Ordinario respectivo.
De los hechos que constituyan las expresadas infracciones podrá
conocer la Iglesia —en cuyo Código de Derecho canónico únicamente
existen "delitos", sin que sea conocida la especial categoría
de las faltas— a instancia del Fiscal e incluso de oficio (c. 1934,
1939), al tener noticia de su comisión, juzgando sobre ellos en cuanto
integren delitos eclesiásticos y para la exclusiva imposición de
penas canónicas (c. 1553, & 1, n.0 2 y c. 2198).
27 Véanse los artículos 54, 56 y 109 del Decreto de 11 de setiembre de
1953, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contrabando
y Defraudación, y el art. I.0 del Decreto-ley de 31 de marzo de 1957, conforme
a cuyos preceptos de los delitos monetarios previstos en la Ley de
24 de noviembre de 1938 conoce en primera instancia el luzgado de delitos
monetarios, y de las sentencias condenatorias en asuntos de cuantía superior
a diez mil pesetas en moneda corriente (en virtud de recurso que ahora se
denomina de alzada) el Tribunal Superior de Contrabando y Defraudación
en pleno.
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