LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

consecuencias que de la falta de contestación dentro del plazo marcado
pretenden hacerse derivar. En primer lugar, resulta evidente
que ni en el Concordato, ni tampoco en el Código de Derecho canónico,
se fija plazo alguno para la concesión del consentimiento o licencia
del Ordinario, por lo que se trata de un requisito introducido
por la Circular que comentamos; pero es que, además, al quedar la
fijación del referido plazo al libre y personal criterio de cada Instructor,
no sólo variará en los diferentes Juzgados o Tribunales,
con perjuicio de la uniformidad, sino que cabe, incluso, la posibilidad
de que el señalado sea en ocasiones, atendidas las circunstancias,
excesivamente breve; y como quiera que, conforme a la Circular,
la falta de contestación del Ordinario en el plazo fijado, se estima
como una especie de asentimiento tácito, ya que en ese supuesto
el Juez secular ha de actuar en idéntica forma que cuando la autorización
le ha sido concedida, vendrá así a resultar que queda en
manos del Instructor la aplicación del precepto concordatario, puesto
que le bastará fijar un plazo muy breve para que la contestación
del Ordinario no se produzca y pueda ya así, sin limitaciones, proceder
contra un clérigo o religioso. No es que esto, dadas las cordiales
relaciones existentes en la actualidad entre la Iglesia y el Estado español,
vaya a producirse con alguna frecuencia, pero sí cabe que ocurra,
al ajustarse de un modo meramente formal a la norma de la
Circular, por lo que podría tal vez en ese punto ser modificada,
acomodando más su redacción a las prescripciones del Código de
Derecho canónico en el que, para estimar concedida la licencia del
Ordinario para proceder, ha de otorgarse y constar en los autos necesariamente
de un modo expreso.
Conforme a los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 16 del Concordato
y a las normas aclaratorias que quedan citadas, es evidente que la
Iglesia, por razón de las personas, puede:
1.° Impedir el conocimiento por los tribunales del Estado de los
pleitos civiles y contenciosos (en general no penales) en que sean
demandados los Prelados a que se refiere el párrafo 2 del canon
120 del Código de Derecho canónico (precisados en el Canje de Notas
de 4-6 de junio de 1957), bastando para ello con que la Santa
Sede no conceda la licencia que los Jueces seculares necesitan, obtener
de manera previa para acordar válidamente su emplazamiento
De ser denegada dicha licencia, no podrán tampoco los Tribunales
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