LOS CONFLICTOS DE PODER JUDICIAL ENTRE LA IGLESIA Y EL ...

premisa mayor son las normas del ordenamiento jurídico, la menor
es la concreta cuestión que se plantea y la conclusión es el fallo que
sea pronunciado. Se trata, pues, de decidir sobre la aplicación de
las normas jurídicas al caso particular propuesto o, si se quiere, conforme
a la terminología preferentemente germánica, de la "subsunción"
del caso bajo la norma oportuna.
En el ordenamiento jurídico estatal, como ya también venimos
sustentando, los órganos dotados de jurisdicción, es decir, aquellos
a quienes se atribuye el decidir sobre las pretensiones que son, interpuestas
al amparo de normas de Derecho objetivo, no son tan
solo, como frecuentemente se cree, los de carácter judicial, sino
también algunos de índole administrativa e, incluso, a veces, aunque
más raramente, legislativa. La jurisdicción y el proceso no se limitan,,
pues, en el Estado —en contra de lo hasta ahora mantenido
por la generalidad de los procesalistas— al ámbito judicial. Lo que
sucede es que mientras los órganos judiciales son (o deben ser), por
su propia naturaleza, exclusivamente jurisdiccionales, los administrativos
desarrollan también otras actividades, y hasta pudiera afirmarse
que, observadas las mismas en su conjunto, la jurisdiccional
resulta, por su volumen, de un carácter, sin duda secundario, apareciendo,
finalmente, en los legislativos tan sólo de modo esporádico
y en casos aislados.
Si en el ordenamiento jurídico del Estado la función jurisdiccional
se ejerce, como decimos por órganos absolutamente diferentes
entre sí y que pertenecen a los tres órdenes indicados, en el Derecho
de la Iglesia es en un solo órgano (el Papa y los Obispos) en, quien,
por institución divina, radica todo poder y al que corresponden las
tres funciones —legislativa, administrativa y jurisdiccional—, actuando
en el ejercicio de esta última cualquiera que sea la vía judicial
o administrativa11 utilizada para la decisión de las pretensiones.
Una de las clases de jurisdicción y, en consecuencia, de proceso,
es, por tanto, la judicial, en la que, para resolver el silogismo planteado,
entienden los órganos del Estado de esa naturaleza o se siguen
procesos eclesiásticos de la expresada índole. El silogismo judi-
11 Es de significar que los cánones 2142 y siguientes del Código de Derecho
canónico emplean reiteradamente el término proceso —correlativo
siempre, según se indica en el texto, al de jurisdicción— para designar a los
de carácter administrativo o gubernativo que en ellos se regulan.
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