Leer - Revista Pensamiento Penal

contratos de trabajos promocionados- a aquellas personas que otorguen empleo a
internos beneficiados con la semilibertad, a manera de atenuar los efectos de la desocupación
y regularizar las situaciones de empleo no registrado.
Por su parte, el establecimiento penitenciario puede prever -a través de la sección
de asistencia social- la apertura de un registro de empleadores a fines de la inscripción
de las personas interesadas en ello, lo que representará un relevante servicio a los
internos en trámite del derecho o sin personas conocidas en su lugar de detención.
V. A MODO DE CONCLUSION
LUIS R. GUILLAMONDEGUI
La ejecución de la pena privativa de la libertad en sus diferentes modalidades persigue
que el penado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley en pro de
su reinserción social. A esos fines, y dentro del régimen penitenciario, se proporciona
al penado un tratamiento interdisciplinario, representando una de sus bases fundamentales
el trabajo, como instrumento de terapia y capacitación laboral en miras a
su futura integración al medio social.
La semilibertad representa una de las modalidades de ejecución de la pena privativa
de libertad propia del período de prueba del régimen penitenciario basado en el
principio de progresividad y significa un derecho del condenado que le permite trabajar
fuera del establecimiento penitenciario en similares condiciones a la de un trabajador
en libertad, sin vigilancia directa por un organismo de seguridad y debiendo
regresar al mismo una vez concluida su jornada de trabajo.
Nuestro legislador ha reducido el ámbito de la semilibertad al aspecto exclusivamente
laboral -a diferencia de legislaciones extranjeras que también incluyen los
aspectos familiares, sociales y educativos- revalorizando la finalidad del trabajo como
un instrumento que dignifica y realiza al ser humano al hacerlo sentir alguien dentro
de la comunidad, más allá de la meta de satisfacción de necesidades económicas personales
que también importa.
Le corresponde su concesión al juez de ejecución penal (o al órgano judicial de
sentencia a falta de previsión legislativa de aquel), quien debe valorar la concurrencia
de los presupuestos exigidos en los Arts. 17 y 23 L.E.P., ejerciendo el control e impulso
necesarios a fines de la tramitación del expediente en tiempo y forma. Ello representará
una manifestación operativa de los principios rectores de la ejecución penal:
el de Judicialización y el de Inmediación de la Pena.
Los operadores judiciales, penitenciarios y la sociedad deben trabajar en conjun-
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
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