Leer - Revista Pensamiento Penal

LUIS R. GUILLAMONDEGUI
adecuada ocupación (Art. 23 L.E.P.), presupuesto que nuestro modo de ver descansa
en dos bases fundamentales. 65
La primera, con relación al trabajo en sí, el cual depende de su objeto (debe ser
lícito y permitido por la legislación -Arts. 38 y ss. Ley de Contrato de Trabajo-) y
modalidades de desenvolvimiento (se recomienda que se trate de un trabajo en un
sitio estable que permita su contralor discontinuo por la autoridad penitenciaria), 66
a la par de la obligación por parte del empleador del pago del salario y de las cargas
sociales con el fin de prevenir y erradicar la arraigada práctica de la explotación laboral
a cambio de las horas de libertad por el beneficio alcanzado, conducta contraria al
espíritu de la legislación del Derecho del Trabajo y uno de sus principios estructurales:
el de la onerosidad del empleo como un medio para garantizar la dignidad humana
(Art. 115 L.C.T.). 67
La segunda se refiere a las condiciones que debe reunir el empleador. Debe tratarse
de una persona que tenga la capacidad económica suficiente para dar trabajo y
poder pagarlo conforme los salarios de plaza; 68 debe carecer de antecedentes penales
computables y poder proveer al interno de un ambiente que promueva y facilite su
adecuada reinserción social; y dar muestras de que se encuentra capacitado para ejercer
un control serio y responsable del interno en pos de la finalidad del beneficio en
consideración como instrumento de valor para alcanzar el objetivo primero del tratamiento
penitenciario. Por ello, y en relación con éste último ítem, creemos que no
resulta aconsejable que el cargo de empleador descanse en un familiar directo o persona
ligada por amistad manifiesta al interno (salvo que se tratare de un comerciante
inscripto y un giro comercial en funcionamiento), ya que la experiencia cotidiana
65 Desarrolladas en Auto N° 14/2001 de fecha 19/03/2001 en Expte. Nº 305/2000 “Salinas, Rodolfo Alberto
S/Salida Laboral -Capital-” del Juzgado de Ejecución Penal de Catamarca.
66 LAJE ANAYA, JUSTO, Notas a la ley penitenciaria nacional N° 24.660, Córdoba, Advocatus, 1997, pp. 71/72.
67 El Juzgado de Ejecución Penal de Catamarca mediante Auto N° 106/01 de fecha 26/09/2001 en Expte. N 211/01
“Varela, Miguel Angel S/Salida Laboral” deniega la semilibertad ante la falta de capacidad económica de la empleadora
propuesta. “...(el informe social de la empleadora) expresa que: ”...dicho trabajo le abonaría con mercaderías y
ropas, lo cual el interno acepta...”, situación de la cual se puede concluir que (la empleadora) no cuenta con medios
económicos para afrontar la relación laboral, a la par de contrariar la legislación del trabajo vigente, que sienta como
uno de sus principios fundamentales el de la onerosidad del empleo como medio para garantizar la dignidad humana
(Art. 115. L.C.T. 20.744 y ref.), permitiéndose el pago del salario en especie siempre que no supere el veinte por
ciento del total de la remuneración (Art. 107 2° párr. L.C.T. 20.744 y ref.), y en el ámbito que nos ocupa la finalidad
es evitar o erradicar la arraigada práctica de la explotación laboral a cambio de “horas de libertad” por el beneficio
alcanzado”.
68 Ibídem.
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