Leer - Revista Pensamiento Penal

RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA Y PAUTAS PARA SU OPERATIVIDAD
Por dichos motivos, compartimos la posición de que el informe del grado de calificación
de la conducta no resulta vinculante para el juzgador, puesto que de “lo contrario
se violaría de manera indirecta el principio de judicialización, 58 ya que la administración
podría impedir... el acceso a la semilibertad con sólo pronunciarse desfavorablemente sobre el
concepto (agregamos nosotros, o la conducta) del condenado. El informe de la administración
tiene sólo el valor de un dictamen técnico que contribuye con la autoridad judicial en la
toma de la decisión pero no puede reemplazar a la decisión que la ley expresamente pone en
manos de la autoridad judicial” 59 (el destacado nos pertenece).
Al respecto la ley exige que el interno esté calificado con conducta correspondiente
a la escala ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el
tiempo de alojamiento en el penal (para ello no deberá olvidarse que las calificaciones
se realizan cada tres meses). 60
Al no ser vinculante dicha valoración del Consejo Correccional, el órgano judicial
puede permitir la procedencia del beneficio laboral a pesar de no alcanzarse la escala
exigida legalmente en la medida de que de un análisis integral de los informes técnicos
criminológicos incorporados en el expediente se permita valorar que el apego del
interno a las normas de convivencia fue de alto grado (y en situaciones, de acuerdo a
sus posibilidades -características de su personalidad y capacidad de integración al medio
carcelario-) y se vislumbra una evolución sincera, y a modo de estimular su buen comportamiento.
61 Se debe echar mano a dichos informes y otorgarles prioridad en razón
“Problemas actuales del Derecho Penal y de la Criminología” en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España-
2004).
58 “...de ninguna manera, la concesión de un derecho relevante para el condenado puede depender de una calificación
o dictamen técnico emanado de la autoridad administrativa, porque de ser así se atentaría seriamente contra la
bases de éste novedoso sistema jurídico y de la figura del Juez de Ejecución Penal, ya que -a riesgo de ser reiterativo
pero con la intención de transmitir una postura clara- si mundialmente se preveé la necesidad de que sea un órgano
judicial el que se encargue de controlar la ejecución de la pena llevada a cabo por un organismo administrativo a efectos
de un verdadero respeto por el principio de legalidad de la pena buscando prevenir y erradicar abusos penitenciarios
por distintas causas, no resulta lógico que un informe técnico resulte obligatorio para el juzgador o decisivo
para una instancia superior...” Auto N° 99/2003 de fecha 03/09/03 en Expte. Nº 200/2003 “Cipitelli, Armando
Antonio S/Salida Laboral” del Juzgado de Ejecución Penal de Catamarca.
59 SALT, MARCOS, op. cit., p. 245.
60 Suele ser un error de interpretación común la postura del Ministerio Fiscal de oponerse a la concesión del derecho
por la sola circunstancia de que el penado no alcanza el grado de calificación exigido por la ley sin entrar a valorar
la fecha de ingreso a prisión o a la calidad de condenado en relación a la escala de calificación vigente, y en definitiva
si temporalmente podría el peticionante obtener un mejor posicionamiento. Tampoco suelen valorarse el contenido
de los informes técnicos-criminológicos.
61 “...A pesar de no alcanzar el grado máximo de conducta (con calificación muy buena), el suscripto valora el cambio
de actitud del penado durante su tratamiento penitenciario, circunstancia avalada por los informes técnico-cri-
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
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