Leer - Revista Pensamiento Penal

LUIS R. GUILLAMONDEGUI
como una clara manifestación del principio de judicialización de la ejecución penal
(Art. 3 L.E.P.) derivado de la garantía de legalidad ejecutiva (Art. 18 C.N. y Trat.
Internac. con jerarquía constitucional concordantes)-, principalmente en la cuestión
de la aplicación de sanciones disciplinarias al penado, ya que de acuerdo a la entidad
de la falta cometida se podrán efectuar disminuciones a la calificación de conducta
vigente (y su probable repercusión en la escala del concepto) -Art. 59 R.M.B.E.-, con
su efecto sobre la procedencia del instituto en trámite. 53
Insistimos con la plena operatividad del principio de judicialización incorporado
con la nueva ley penitenciaria, lo que dependerá en gran medida de la personalidad,
formación profesional (especialmente en criminología -como ya lo recomendaba el
maestro Jiménez de Asúa 54 sobre el juez penal en general-) 55 y compromiso con la función
del juez de ejecución penal, quien debe meterse en la vida de la prisión (respetando
el ámbito de competencia de la administración penitenciaria) para poder palpar
su realidad y escuchar al penado y a los operadores penitenciarios en busca de un
constante perfeccionamiento en el sistema de protección de derechos humanos (de
allí la importancia de las visitas judiciales continuadas y hasta sorpresivas al establecimiento
penitenciario), 56 lo que daría vida a un nuevo principio penitenciario que nos
animamos a denominarlo de inmediación de la ejecución penal, de similar relevancia al
de aquél y como manifestación del principio de inmediación del procedimiento penal
en el proceso de ejecución de sentencias. 57
53 “...Y es, precisamente, en éste ámbito (ejercicio de la potestad disciplinaria), en donde se pueden hacer más palpables
los posibles “desvíos de poder” por parte de la administración...”, CESANO, JOSÉ D., op. cit., pp. 27/29, del
mismo en mayor extensión, Un estudio sobre las sanciones disciplinarias penitenciarias. Control jurisdiccional e impugnación
de los actos administrativos sancionatorios en la ley 24.660 y su reglamentación, Alveroni Ediciones, Córdoba, 2002.
También, MARCO DEL PONT, LUIS, “El juez de ejecución penal (Una esperanza para el garantismo)” en Opúsulos de
derecho penal y criminología N° 83, Córdoba, Marcos Lerner, 1999, pp. 19/20.
54 “El juez penal: su formación y funciones”, El Criminalista, Tomo 2, La Ley, 1943, p. 97.
55 En idéntico sentido lo establecen los Criterios Refundidos de Actuación de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria
aprobados en la VIII reunión (Madrid, Noviembre 1994), Criterio Nº 3 y antes lo recomendaba, GARCÍA VALDEZ,
CARLOS el promotor de la Ley Penitenciaria española 1/1979 en Comentarios a la Legislación Penitenciaria, Madrid,
Civitas, 1995, 242/243.
56 “...las inspecciones deben ser diarias o por lo menos dos o tres veces a la semana...Debería ser como el juez que
trabaja en tribunales y que todos los días asiste a su trabajo...” lo recomienda MARCO DEL PONT, LUIS, idem, p. 21.
También lo preveén los Criterios Refundidos (Criterio Nº 65).
57 Desarrollamos en extenso su contenido y alcance en nuestra Ponencia “Principios Rectores de la Ejecución Penal”
como también bregamos por su operatividad junto con el Principio de Judicialización, presentada en el “III
Seminario Nacional e Internacional de Derecho Penal y Criminología, Justicia y Sociedad” (en homenaje a Julio
Maier) organizado por la Universidad Nacional de La Pampa (Noviembre-2003) en CD. También en la monografía
“Principios Rectores de la Ejecución Penal (y un nuevo invitado)” presentada en el Programa de Doctorado de
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
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