Leer - Revista Pensamiento Penal

LUIS R. GUILLAMONDEGUI
material, de aquéllas de naturaleza procesal o administrativa, y sobre éstas últimas
reconocerle facultades legislativas a las provincias ? (SALT).
b) Inexistencia de causa penal abierta en la que interese la detención del peticionante u otra
condena pendiente (Art. 17 Num. II L.E.P.).
El proceso penal en su búsqueda de la averiguación de la verdad real proporciona
una serie de facultades a los órganos judiciales, siendo una de ellas la coerción procesal,
que se traduce en una actividad restrictiva de la libertad personal (coerción personal)
o de la libre disposición de los bienes de las partes penales o civiles (coerción
real) con una finalidad específica: asegurar el resultado del proceso, evitando el daño
jurídico que podría sobrevenir ante la falencia de elementos indispensables para la
averiguación de la verdad y la ejecución de posibles condenas. Estas medidas que se
caracterizan por ser precautorias, cautelares y provisionales deben responder a una
necesidad actual y concreta del proceso penal, encontrando su límite en el respeto
que impone el estado de inocencia del imputado.
Dentro de las medidas de coerción personal más rigurosas y en lo que a nosotros
nos importa, tenemos la prisión preventiva y la detención. La primera se ejecuta
por encarcelamiento más o menos prolongado y a consecuencia de la definición
jurídica de la situación del imputado en el proceso. Procede en los supuestos
en los que a criterio del órgano judicial existen elementos de convicción suficientes
como para sostener la participación punible del imputado en el hecho investigado
(debe ser un delito de acción pública reprimido con pena privativa de la libertad)
y que hubiere vehementes y graves indicios de que el mismo tratará de eludir
la acción de la justicia o entorpecer su investigación, los cuales se infieren de una
serie de pautas enumeradas en los códigos de procedimientos penales (Arts. 312 y
319 C.P.P.Nación, Art. 281 C.P.P.Cba., y Arts. 307 y 314 C.P.P.Ctca.). Con esta
medida restrictiva se pretende asegurar la intervención personal del imputado
durante el proceso y prevenir el cumplimiento de una posible condena. Mientras
que la detención propiamente dicha resulta una privación de la libertad del imputado
de menor entidad temporal y de carácter sorpresiva en el sentido de que su
justificación procesal responde a la urgencia de la investigación y el aseguramiento
de las pruebas y del sospechado o, bien, ante la necesidad de trasladarlo a los estrados
judiciales a fines cumplimentar un acto procesal oportunamente dispuesto si
se infiere que éste será renuente a ello (vg.: recepción de una declaración del imputado
o un testimonio, etc.) (Arts. 283 y 284 C.P.P.Nación, Art. 272 C.P.P.Cba., y
Art. 284 C.P.P.Ctca.). Es aplicable en los primeros momentos del procedimiento y
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