Leer - Revista Pensamiento Penal

RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA Y PAUTAS PARA SU OPERATIVIDAD
De allí que creemos en la necesidad de promover un sistema en el que guarden
relación los tiempos mínimos de ejecución de la condena con la duración de la pena
impuesta como presupuesto temporal de acceso a la semilibertad. 41
También en relación al plazo mínimo de encierro, y ante algunas regulaciones existentes,
42 surge la inquietud de si los estados provinciales -dentro de sus facultades
legislativas- pueden prever un término menor para la obtención de éste derecho. La
respuesta al mismo dependerá de la postura que se asuma respecto al histórico conflicto
43 sobre la determinación del órgano competente para legislar en materia de ejecución
de las penas privativas de la libertad, ya sea el Congreso de la Nación o las
legislaturas provinciales. Más allá de que estamos ante una cuestión de derecho constitucional
referido al deslinde de competencias legislativas provincial y federal de
acuerdo al modelo de estado federal adoptado por nuestra Carta Magna, las posturas
actuales sobre ámbito de aplicación de la actual ley penitenciaria 44 la podríamos resumir
con éstos interrogantes: ¿ La Ley 24.660 rige en todo el país de conformidad a lo
prescripto en su Art. 229 y como una consecuencia del principio constitucional de
igualdad jurídica -Art. 16 C.N.- ? (postura mayoritaria), o ¿ La Ley 24.660 representa
un marco de referencia mínimo al que las provincias deben ajustar sus normas permitiéndose
superarlo en caso de beneficiar los derechos de los privados de libertad ?
(ZAFFARONI-SLOKAR), o ¿ de acuerdo a la finalidad de la ejecución penitenciaria, es factible
comparar entre la Ley 24.660 y las legislaciones provinciales en busca de seleccionar
la norma más idónea para la resocialización del penado? (DELGADO) , o ¿ será necesario
discriminar entre las normas de la Ley 24.660 aquéllas que son de derecho penal
41 En idéntico sentido,“...no es lo mismo una condena de tres años...que otra de treinta (en relación al Código Penal
español)...Ni las expectativas son las mismas ni, por tanto, el riesgo de quebrantamiento es comparable. Por ello, debería,
a mi juicio, haberse hecho mas clasificaciones (en relación al sistema de clasificación de grados del régimen penitenciario
español) exigiendo períodos de cumplimiento distintos en relación con la duración de la pena impuesta...”,
RACIONERO CARMONA, F., op. cit. , p. 210.
42 El Decreto G.J. N° 1031/97 del 07/07/1997 de la Prov. de Catamarca reglamentando el Art. 17 Ley 24.660 establece
como tiempos mínimos de ejecución de la pena privativa de la libertad para la incorporación a la semilibertad,
un tercio de la condena en los supuestos de pena temporal sin la accesoria del Art. 52 C.P. y diez años de cumplimiento
efectivo en los supuestos de pena perpetua sin la accesoria del Art. 52 C.P., adecuando la aplicación de la ley
nacional a la concreta problemática carcelaria de la Provincia, sus necesidades y realidad local.
43 Así lo señalan, entre otros: MARCODEL PONT, LUIS, op. cit, 96/100.; y GARCIA BASALO, JUANC., op. cit., pp. 15/21.
44 Al respecto puede verse el panorama expuesto por SALT, op. cit., pp. 158/167, con RIVERA BEIRAS; y lo resuelto
por la Excel. Cámara Primera de Apelación y Garantías en lo Penal en pleno (San Isidro-Buenos Aires) en causa
52.112/IIa., especialmente el didáctico voto de la Sra. Jueza Celia Margarita Vázquez. Transcripción y comentario del
fallo, DE LA FUENTE, JAVIERE., “La Ley 24.660 y su aplicación en las provincias. Situación de los procesados.”, Revista
de Derecho Penal – 2001-2, Santa Fé, Rubinzal-Culzoni, 2002, pp. 517/589.
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
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