Leer - Revista Pensamiento Penal

Régimen de semilibertad
Presupuestos de Procedencia y Pautas para su operatividad *
Por LUIS R. GUILLAMONDEGUI **
SUMARIO. I. Introducción. II. Régimen de Semilibertad. 1.Concepto.
2. Finalidad del instituto. 3. Antecedentes y Derecho comparado. III.
Presupuestos de Procedencia. a) Tiempo mínimo de cumplimiento efectivo
de la condena impuesta. b) Inexistencia de causa penal abierta en la
que interese la detención del peticionante u otra condena pendiente. c)
Grado de calificación de conducta exigida. d) Concepto favorable del
equipo interdisciplinario. e) Adecuada ocupación. IV. Factores que atentan
contra su operatividad. a) Deficiente formación laboral en el establecimiento
penal. b) Burocratización administrativa. c) Aversión social.
d) Desocupación. V. A modo de Conclusión. Bibliografía.
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“Toda legislación represiva saca su valor
de la manera como es ejecutada la pena”. 1
Dr. Julio Herrera (p)
penalista y penitenciario catamarqueño
(1856-1927)
* El presente trabajo forma parte de una investigación en curso de mayor extensión y el mismo, aunque reducido, fue
presentado como ponencia y publicado bajo el título de “Régimen de Semilibertad. Su operatividad” en el Libro de
Ponencias del XV Congreso Latinoamericano, VII Iberoamericano y XI Nacional de Derecho Penal y Criminología -
Córdoba/Octubre-2003-, T. II, Córdoba, Advocatus, 2003, pp. 347-355.
** Docente de Derecho Penal II (U.N.Ca.) Juez de Ejecución Penal, e-mail: guilla70@hotmail.com
1 HERRERA, JULIO, “Apéndice. Trabajo del Dr. Julio Herrera (p) presentado en el Congreso Penitenciario Nacional -
1914-” en HERRERA, JULIO (H) , Redención y prevención. Ley orgánica de aplicación de la pena y el amparo social. Código del
niño, Buenos Aires, 1949, p. 209.

I. INTRODUCCIÓN
LUIS R. GUILLAMONDEGUI
Las palabras del representante catamarqueño en el Congreso Penitenciario de
1914 celebrado en nuestro país, se mantienen vigentes en nuestros días y establecen
la importancia que debe revestir para una sociedad democrática la cuestión que comprende
la ejecución de la pena privativa de la libertad. Dicha máxima representa un
parámetro para evaluar constantemente el modo en que se cumplen las penas de
encierro en nuestras prisiones y nos permite valorar si esas modalidades de ejecución
guardan correspondencia con los objetivos humanistas propios de un estado de derecho.
Las diversas modalidades de la ejecución de la pena privativa de la libertad tienen
por finalidad procurar la reinserción social del condenado. Para ello, el régimen penitenciario
debe utilizar los medios derivados de un tratamiento de carácter interdisciplinario
en busca de que la particular personalidad del penado sea abordada desde
diferentes ciencias de la conducta. Este tratamiento, que deberá ser programado e
individualizado de acuerdo a las características, intereses y necesidades de la personalidad
del ser humano privado de libertad y contar con su concurso voluntario (Arts.
1 y 5 Ley 24.660, en adelante L.E.P.), se enmarca dentro del régimen penitenciario, 2
que presenta como nota fundamental su progresividad 3 (Art. 6 L.E.P. y Art. 1
Reglamento de las Modalidades Básicas de la Ejecución - Decreto N° 396/99, en adelante
R.M.B.E.), esto es, que la duración de la condena impuesta resulta dividida en
fases o grados con modalidades de ejecución de distinta intensidad en cuanto a sus
efectos restrictivos, etapas a las que el condenado va accediendo gradualmente de
2 Tratamiento y régimen penitenciario son dos términos que a menudo suelen ser confundidos, precisamente por
que en la práctica esa línea divisoria no aparece de una manera tan nítida como en la teoría. El tratamiento, como
acepción conceptual, es “el término más y peor utilizado en el ámbito penitenciario”, permitiéndose su desnaturalización
y aproximación a actividades cercanas al régimen (que RODRIGUEZ ALONSO se permite llamarlas “pseudotratamiento”,
Lecciones de derecho penitenciario, 3º Edic., Granada, Comares, 2003, p. 315), favoreciendo su confusión. Sin
embargo, y más allá de algún punto de encuentro, existen diferencias marcadas, ya sea por su naturaleza y contenido
(el tratamiento tiene un contenido riguroso y científico del que carece el régimen), por su objeto (la adopción del tratamiento
por parte del recluso es voluntaria, mientras que el régimen implica acatamiento o sumisión a normas establecidas)
y por sus fines (con el primero se persigue la resocialización, mientras que el segundo pretende el orden y la
seguridad del establecimiento). También SALT, MARCOS G., Los derechos fundamentales de los reclusos. España y Argentina,
Buenos Aires, del Puerto, 1999, pp. 226/231, con RIVERA BEIRAS, IÑAKI.
3 Sobre los antecedentes históricos universales del sistema penitenciario progresivo y acerca de la recepción y evolución
del principio de progresividad del régimen penitenciario en la legislación nacional, MARCO DEL PONT, LUIS,
Penología y sistemas carcelarios, Tomo I, Buenos Aires, Depalma, 1982, pp. 63/64; y p.110 (Ley 11.833), pp. 122/124
(Decreto 35.788/47 reglam. Ley 11.833), pp. 138/140 (Dec-Ley 412/58 ratif. Ley 14.467), respectivamente.
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RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA Y PAUTAS PARA SU OPERATIVIDAD
acuerdo a su evolución en el tratamiento referido. 4
El régimen penitenciario adoptado por nuestra legislación se encuentra fraccionado
en cuatro etapas o períodos (Art. 12 L.E.P.):
• Período de Observación, que consiste en un estudio interdisciplinario preliminar
del interno por parte del organismo técnico criminológico (Art. 185 Inc. b)
L.E.P.) que servirá para formular un diagnóstico y pronóstico criminológicos para
determinar la sección del establecimiento en que se lo alojará y el programa de tratamiento
a aplicarse, procurando su cooperación en este aspecto (Art. 13 L.E.P.);
• Período de Tratamiento propiamente dicho, durante el cual se produce el abordaje
terapéutico en busca de asentar y fortalecer el principio de autogobierno en el
interno y el respeto por las normas de convivencias sociales. A su vez se subdivide en
fases que importan para el interno una gradual atenuación de los rigores de la ejecución
de la pena (Art. 14 L.E.P. y Art. 14 R.M.B.E.);
• Período de Prueba, comprende sucesivamente para el condenado la incorporación
a un establecimiento abierto o a una sección basada en el principio de autodisciplina,
la posibilidad de usufructuar de salidas transitorias y el acceso al régimen de
semilibertad (Art. 15 L.E.P.); y
• Período de Libertad Condicional, que implica el egreso del condenado del establecimiento
penitenciario, gozando una suerte de libertad vigilada en razón de las condiciones
que debe cumplir para su conservación, las cuales son menos rigurosas que
las propias de las salidas transitorias y la semilibertad y que regirán hasta el cumplimiento
total de la pena (Art. 28 L.E.P.).
El presente trabajo pretende desarrollar la problemática que representa el régimen de
semilibertad y su contraste con nuestra realidad cotidiana, lo que implicará al principio
delinear un concepto y las pretensiones de éste importante instrumento penológico, analizar
críticamente sus presupuestos legales y visualizar una aproximación a los inconvenientes
que atentan contra la operatividad del mismo, para finalmente concluir con una
serie de propuestas que permitan un avance en su correcta implementación en razón de
la relevancia que le cabe en la tan pretendida y anhelada finalidad de reinserción social 5
a que debe tender el régimen de la ejecución de la pena privativa de libertad.
4 Acerca de las características del régimen progresivo, GARCÍA BASALO, JUAN CARLOS, El régimen penitenciario argentino,
Buenos Aires, Librería del Jurista, 1975, pp. 31/ 32.
5 ¿ Inveterado mito o factible realización ? En relación a las posturas de la eterna polémica que representa dicha temática
se puede recomendar el interesante y ameno texto de KENT, JORGE, La resocialización de los penados. Un Desafio en
el Nuevo Milenio, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1998, pp. 43/74. Sobre el alcance del concepto “readaptación social” de conformidad
a los Trat. Internac. con jerarquía constitucional (C.N. 1994), CESANO , JOSÉ DANIEL, Los objetivos constitucionales
de la ejecución penitenciaria, Córdoba, Alveroni, 1997, pp. 112/118.
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II. REGIMEN DE SEMILIBERTAD
1. Concepto.
LUIS R. GUILLAMONDEGUI
La incorporación del condenado al período de prueba del régimen progresivo
penitenciario permite una evaluación de los resultados perseguidos en el período de
tratamiento 6 e importa una modificación relevante en la modalidad de la ejecución
de su pena privativa de la libertad, lo que se traduce en una atenuación significativa
de la coerción que representa el encierro carcelario continuando la progresividad en
condiciones de menor control y mayor contacto con el exterior en busca de mitigar
uno de los efectos negativos de la prisionización 7 y que tiene su punto cúlmine con
la incorporación del interno al régimen de semilibertad.
La semilibertad la podríamos definir como aquél instituto que permite al penado,
que demostró un avance meritorio en su proceso de reinserción social de conformidad
a la interpretación judicial de los informes técnicos-criminológicos y que cumplimentó
parte de la condena a pena privativa de la libertad impuesta, sin que interese
su detención por un órgano jurisdiccional, poder desenvolver una adecuada ocupación
laboral fuera del establecimiento penitenciario sin vigilancia directa por un
organismo de seguridad, en iguales condiciones que a los trabajadores en libertad en
cuanto a la percepción del salario y la cobertura de la seguridad social, debiendo respetar
una serie de normas de conducta para su conservación y regresar a la unidad
penal a la expiración de su jornada de trabajo (Arts. 23 y 17 L.E.P.). El desarrollo en
extenso de este concepto lo realizaremos en el apartado siguiente al momento de analizar
los presupuestos de procedencia de la semilibertad.
Esta modalidad del período de prueba del régimen progresivo se encuentra enmarcada
dentro de los denominados métodos transicionales que permiten que el condenado
-sometido inicialmente a un tratamiento institucional- pueda abandonar el establecimiento
por un tiempo breve, fijado de antemano por la ley, para dedicarse a una
6 Se pretende que el interno al ingresar al período de prueba haya incrementado su autoestima a través de las técnicas
terapéuticas-asistenciales del tratamiento desarrollado y reflexionado sobre su actuar delictual en busca de su abandono
definitivo. Sin embargo, el gradual contacto con el medio libre suele a veces conllevar efectos nocivos ante nuevas
realidades (rechazo social, marginación, no conseguir empleo, etc.), lo que hace necesario el apuntalamiento del
equipo profesional del establecimiento penitenciario a fines de prevenir un retroceso en el camino recorrido. Al respecto,
HADDAD, JORGE, Derecho Penitenciario, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, pp. 301/304 y 314/315.
7 Esto es la repercusión de la subcultura carcelaria y de las condiciones de vida institucional en la personalidad de
los penados. Sobre los factores de incidencia e investigaciones realizadas, KAUFMANN, HILDE, Ejecución penal y terapia
social, Trad. Juan Bustos Ramírez, Buenos Aires, Depalma, 1979, pp.119/129.
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actividad social, laboral o cultural, debidamente establecida. 8
Asimismo correspoden aclarar que descartamos la terminología prisión abierta utilizada
por renombrados autores 9 por considerar sus características no se compadecen
con la de la semilibertad, a la par de estimar que ambos son términos incompatibles
y antagónicos, ya que la “prisión no podrá nunca ser abierta, salvo que perdiera su
propia denominación”. 10 En ese sentido, favorece la confusión la circunstancia de
que las personas incluidas en el régimen de semilibertad suelen ser ubicadas en una
sección especial de la centro penitenciario general, y por lo tanto vinculados ediliciamente,
sin observarse las características propias de la prisión abierta en relación a la
ausencia total de medidas de seguridad, 11 aunque como mandamiento legal corresponde
ubicar al penado ingresado al período de prueba en un establecimiento abierto
o sección independiente de éste basada en el principio de autodisciplina (Art. 15
Inc. a) L.E.P.), pero tal como los mismos están organizados en nuestro país, observamos
que siempre tienen algún dispositivo mínimo de seguridad, 12 lo que impide, a
nuestro juicio, técnicamente catalogarlos dentro de la definición aportada en el
Primer Congreso para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de
Ginebra (1955). 13
En cuanto a su naturaleza jurídica, a más de significar una de las modalidades del
período de prueba del régimen penitenciario progresivo previsto en la ley (Arts. 15 y
22 L.E.P.), existe amplio consenso en la doctrina nacional y extranjera en considerar-
8 GARCÍA BASALO, JUAN CARLOS, Algunas tendencias actuales de la ciencia penitenciaria, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
1970, p. 29 citado por CESANO, JOSÉ D., op. cit., p.172. Se incluyen por sus características dentro de los métodos transicionales
al instituto de salidas transitorias (Art. 16 L.E.P.).
9 NEUMAN, ELIAS, Prisión abierta, Buenos Aires, 1962, p.148 en el sentido que prisión equivale a detención y en la prisión
abierta o régimen abierto existe esa misma detención pero a nivel psíquico, y así “sustituir muros...por la propia
conciencia, hacer “presos de su conciencia””. Del mismo, Evolución de la pena privativa de la libertad y regímenes penitenciarios,
Buenos Aires, Pannedille, 1971, p.172. También comparten el término, MARCO DEL PONT, LUIS, Penología y
sistemas carcelarios, Tomo I, Buenos Aires, Depalma, 1982, p. 72 y CUELLO CALON, EUGENIO, La moderna Penología,
Barcelona, 1958, p. 345. Sin embargo, por sus similitudes tenemos en cuenta en esta investigación las obras de
Neuman.
10 MAPELLI CAFFARENA, BORJA, “El régimen penitenciario abierto” en Cuadernos de Política Criminal, Nº 7, 1979, p.
62.
11 De conformidad a la definición aportada en el Primer Congreso para la Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente de Ginebra (1955): “El establecimiento abierto se caracteriza por la ausencia de precauciones materiales
y físicas contra la evasión (tales como muros, correduras, rejas y guardia armado u otras guardias especiales de seguridad)...”.
12 Lo que debe representar una obligación para el poder político de proveer las condiciones edilicias necesarias para
la ejecución de la pena privativa de libertad según el principio de legalidad y un deber de los operadores penitenciarios
y judiciales de advertir dichas falencias (Art. 208 L.E.P.).
13 Citado en nota 11.
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la como un derecho del condenado 14 -compartiendo ese rótulo con las salidas transitorias
por su ubicación común en el período de prueba y a semejanza de la moderna
concepción de idéntica naturaleza de la libertad condicional-, 15 como una muestra de
su coherencia con las características del régimen progresivo al ser la única manera de
que el mismo pueda ser realmente dirigido por la propia conducta del interno en base
a sus aspiraciones, 16 y lo que significará que una vez acreditada su procedencia, el
órgano judicial no debe negar su concesión.
2. Finalidad del instituto.
LUIS R. GUILLAMONDEGUI
La realidad penitenciaria es por demás explicativa de las verdaderas posibilidades
del sistema penitenciario de cara a la pretendida resocialización expuesta como meta
por el legislador. 17 Ello significó la preocupación constante de la doctrina científica
plasmada en la búsqueda de alternativas a la prisión o al menos sistemas de ejecuciones
de la pena privativa de la libertad de características mas atenuadas, apareciendo
en este segundo aspecto una serie de propuestas, 18 entre ellas la semilibertad, la cual
permite conciliar las exigencias del cumplimiento de la pena y la disminución de los
efectos negativos de la prisionización.
Ahora bien, la relación entre semilibertad y resocialización es sumamente estrecha.
Sabemos que se procura alcanzar la resocialización a través de la implementación
del tratamiento, pero también resulta necesario la organización de un régimen sobre
la base de equiparar en lo posible las condiciones de vida del establecimiento con las
14 La posición de la doctrina europea y la nacional en relación a la naturaleza jurídica de las salidas transitorias y
“extensible” a la de la semilibertad por las razones enunciadas, CESANO, JOSÉ D., “Los requisitos para la concesión de
las salidas transitorias en la nueva ley 24.660 y el principio de legalidad de la ejecución” (A propósito de ciertos criterios
jurisprudenciales) en Opúsulos de derecho penal y criminología, N° 82, Córdoba, Marcos Lerner, 1999, pp. 18/20.
15 Entre otros, LAJE ANAYA-GAVIER, Notas al Código Penal, Tomo I, Córdoba, Lerner, 1994, p. 68.
16 CERUTI-RODRÍGUEZ, Ejecución de la pena privativa de la libertad. (ley 24.660), Buenos Aires, La Rocca, 1998, p. 88.
17 Los destinos presupuestarios cuando están dirigidos a las prisiones suelen dirigirse a la satisfacción de necesidades
de seguridad mas que a programas reeducadores, la subcultura carcelaria que se expresa con el conocido “código del
recluso”, la influencia creciente de la droga en las prisiones, la propagación del sida, etc., nos marcan un panorama
que nos permite afirmar que “la prisión actual, lejos de resocializar, acentúa la desocialización y marginación de los
internos”. DE LA CUESTA ARZAMENDI, JOSÉ L., “El régimen abierto” en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales,
Tomo XLIX, Madrid, 1996, p. 59/60.
18 Vg.: los arrestos domiciliarios, la semidetención, el arresto de fin de semana, los trabajos comunitarios y la ejecu-
ción abierta (compatible con nuestra semilibertad).
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del medio libre, acortando las distancias entre el encierro y la libertad. De allí es que
la implementación de la semilibertad es considerado el instrumento penológico por
excelencia que permite procurar la resocialización del penado, o al menos prevenir su
desocialización. 19
A la par de la finalidad general, en nuestra legislación el régimen de semilibertad
tiene un objetivo muy concreto de carácter laboral: el trabajo del penado fuera del establecimiento
carcelario 20 y representa una modalidad de la ejecución de la pena privativa
de la libertad con la que se procura preparar al interno para su futuro reintegro al
medio libre a través de la libertad condicional (Art. 28 L.E.P. cc. Arts. 13, 14 y 17
C.P.) o de la libertad asistida (Art. 54 L.E.P.) con un pronóstico positivo de readaptación
social.
En esta etapa del régimen progresivo la ocupación laboral del interno fuera de la
unidad penal viene a significar una continuación de las actividades de laborterapia
que representa la moderna concepción del trabajo penitenciario como una de las
bases del tratamiento que procura la formación de nuevos hábitos personales en
miras de la tan deseada reinserción social (Arts. 106, 107 Inc. c), d), e), 108, 111 y 114
2° párrafo L.E.P.).
Así, lo que se inició dentro de la prisión como un aspecto del tratamiento recomendado
para el penado buscando crear y perfeccionar hábitos laborales, a la par de
presentar una nueva alternativa de medio de vida a quienes no la tuvieran al ingresar
al penal, en esta fase se vislumbra como una herramienta que posibilitará conseguir
una adecuada ocupación con mayor facilidad y de relevancia al momento de su reincorporación
definitiva al medio libre.
Nuestro legislador ha reducido el ámbito de la semilibertad al aspecto laboral -a
diferencia de legislaciones extranjeras que también incluyen los aspectos familiares,
sociales y educativos 21 (los mismos en nuestra legislación son comprendidos en el régimen
de salidas transitorias receptado en el Art. 16 L.E.P.)- revalorizando la finalidad
del trabajo como un instrumento que dignifica y realiza al ser humano al hacerlo sentir
alguien dentro de la comunidad, más allá de la meta de satisfacción de sus necesi-
19 MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, “Tratamiento penitenciario: utopía no alcanzada o simple quimera”, VI Jornadas
Penitenciarias Andaluzas, 1989, p. 43.
20 EDWARDS, CARLOS E., Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Ley 24.660, Buenos Aires, Astrea, 1997,
p. 60.
21 Vg.: Art. 48 Ley N° 354/75 Ordinamento Penitenziario de Italia; Art. 83 Reglamento Penitenciario de España
(Real Decreto 190/1996); Art. 36 & 1) Lei de Execuçao Penal -L-007.210-1984 de Brasil; y Art. 48 Código de
Ejecución Penal de Perú.
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dades económicas que también importa. 22
“El trabajo es una actividad humana en la que el hombre empeña y compromete
su dignidad. El valor del trabajo proviene del valor del hombre que lo realiza.
El trabajo no es mercancía, sino conducta humana. En el trabajo se vuelca, en
mérito a aquella dignidad personal, la vida, la salud, la energía, la subsistencia
y la seguridad del hombre”. 23
Con la incorporación del penado a la semilibertad se propone orientarlo definitivamente
hacia la realización de si mismo, y ante las nuevas angustias y miedos que paradójicamente
puede experimentar en el medio libre a causa de la inevitable estigmatización
social, resultará decisivo el apoyo del equipo interdisciplinario para apuntalar los aspectos
de su personalidad en crisis, buscando fortalecer su autodeterminación y autodisciplina
para comprometerlo sinceramente a alcanzar una rehabilitación acorde a sus posibilidades
en función del respeto por las normas de convivencia y la prevención de nuevas
actividades delictivas, enunciadas como fines por el legislador (Art. 1 L.E.P.). 24
Por ello, “la incorporación del penado al Régimen de Semilibertad tiene una importancia
fundamental para su vida futura, ya que esta posibilidad de trabajar, instruirse y capacitarse
representa uno de los valiosos instrumentos recomendados por la moderna penología y receptados
por el legislador para procurar la finalidad primera del régimen y tratamiento penitenciarios:
la resocialización del penado para convertirlo en un elemento útil a sí mismo y a la comunidad
(Art. 1 Ley 24.660 en concordancia con el Art. 5 ap. 6° del Pacto de San José de Costa
Rica y el Art. 10 ap. 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)”. 25
22 “El trabajo tiene una realidad extrínseca, o “hacia fuera”, objetiva: construye al mundo; al mismo tiempo, una faz
“intrínseca”, o “hacia dentro”, subjetiva. Mediante él, el hombre se realiza como ser humano, se siente integrado a la
comunidad, o se destruye.”, VAZQUEZ VIALARD, ANTONIO, Derecho del trabajo y de la seguridad social, Tomo I, 4° edic.,
Buenos Aires, Astrea, 1991, p. 7.
23 BIDART CAMPOS, GERMÁN J. Manual de la constitución reformada, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, p. 189.
24 Compartimos en ese punto la finalidad de prevención especial a la que debe tender la ejecución de la pena privativa
de la libertad y coincidente con el perfil de un Programa de Readaptación Social mínimo expuesto por Cesano
en op. cit. , pp. 112/118. Al respecto, BARBERO SANTOS, MARINO señala que “socializar no significa otra cosa que el
sujeto lleve en el futuro una vida sin cometer delito, no que haga suyos los valores de una sociedad que pretende repudiar”
citado por FERNÁNDEZ GARCÍA, JULIO, AA.VV., Manual de Derecho Penitenciario, BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE
ZUÑIGA RODRÍGUEZ (Coord.), Universidad de Salamanca-Colex, Madrid, 2001, p. 132. En su tiempo ya lo señalaba,
el Marqués de Beccaria en su clásico Tratado de los Delitos y de las Penas, Trad. Juan A. De las Casas, Prov. de Buenos
Aires, Fabián Di Plácido, 1998, p. 55.
25 Párrafo extraído del Auto N° 31/2003 de fecha 25/04/03 en Expte. N° 62/2003 “Luque, Guillermo Daniel
S/Salida Laboral” del Juzgado de Ejecución Penal de Catamarca.
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3. Antecedentes y Derecho Comparado.
En el Primer Congreso Penitenciario Justicialista, celebrado a mediados del siglo
pasado, se recomendaba “un régimen de semilibertad como previo a todo otro régimen
preparatorio que suponga la salida del sancionado del establecimiento” y se agregaba
que “como modalidad especial de la organización de la institución abierta, se
ensaye un régimen de trabajo en el exterior”. 26
La anterior ley penitenciaria preveía dentro del régimen de salidas transitorias la
posibilidad del penado de trabajar fuera del establecimiento penitenciario en condiciones
similares a las de la vida libre y la decisión correspondía al director del penal
con comunicación al juez de la causa (Arts. 8 inc. b), 9 B) b), 10 y 11 Decr.-Ley 412/58
ratif. Ley 14.467).
Más atrás podríamos remontarnos al “período intermedio o prisión intermedia”
del régimen progresivo desarrollado por CROFTON al promediar el siglo XIX (“Estoy
íntimamente convencido que este período de prueba, que forma una transición de la prisión a
la vida en sociedad y sirve a la vez de medio seguro para distinguir al hombre realmente mejorado
del que no lo está, debe ser una excelente preparación para el momento de su libertad”) 27
y el sistema progresivo implantado por Montesinos en el Presidio de San Agustín en
Valencia (España)-que precede al anterior aunque sea menos conocido-, 28 que dividía
la ejecución penitenciaria en tres períodos, siendo la última la de libertad intermedia
que, entre sus duras pruebas, permitía salir al penado a trabajar al exterior y de esa
manera servir como prueba para la futura libertad.
Parecería que el legislador nacional habría tomado como antecedente el régimen
de semilibertad del ordenamiento penitenciario italiano 29 -de características más
amplias que el nuestro y similar al de salidas transitorias de la pretérita ley penitenciaria
referida-, ya que a la par de preveer que el penado pueda transcurrir parte del
día fuera del instituto para participar en actividades laborales, también se permite que
éste pueda hacerlo para desarrollar cualquier otra que resulte útil para su reinserción
social (vg.: actividades educativas, sociales, etc.). 30 Corresponde a la autoridad judicial
26 HADDAD, JORGE, op. cit., p. 317.
27 En su informe al Gobierno en Noviembre de 1855, citado por GARCIA BASALO, JUAN C., El régimen penitenciario
argentino, Buenos Aires, Librería del Jurista, 1975, p. 64.
28 DE LA CUESTA ARZAMENDI, JOSÉ L., “El régimen abierto” en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo
XLIX, Madrid,1996, p. 62.
29 Según lo señala SALT, MARCOS, op. cit., p.244.
30 DAGA, LUIGI, “El régimen penitenciario abierto en Italia” en Opúsulos de derecho penal y criminología N° 44,
Córdoba, Marcos Lerner, 1991, pp. 23/26. También, www.opgaversa.it/Documenti/norme_ord_pen.htm .
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-Tribunale di Sorveglianza- su concesión (Arts. 48, 50 y 70 Ley N° 354/1975).
También siendo la legislación española una de las fuentes de la Ley 24.660, 31
podemos señalar que en ella el penado clasificado en el tercer grado penitenciario le
será de aplicación el régimen abierto en cualquiera de sus modalidades, lo que significará
que éste podrá continuar su tratamiento en semilibertad (Art. 72 Ley Orgánica
General Penitenciaria 1/1979 en concordancia con los Arts. 100, 101, 74 Inc.) 2, 83
y 86 Reglam. Penitenciario de 1996 -Real Decreto 190/1996- y la L.O. 7/2003 de 02
de Julio incorpora las exigencias del período de seguridad (cumplimiento efectivo de una
parte de la condena) en el supuesto de penas superiores a cinco años de prisión, la
satisfacción de la responsabilidad civil derivada del delito y en caso que se trate de un
recluso condenado por terrorismo o crimen organizado, el abandono de dichas actividades
y colaboración activa con la autoridad en la investigación y prevención de
dichos delitos). El régimen abierto se caracteriza por la flexibilización significativa de
las medidas de seguridad y control en relación al penado, por el potenciamiento de
su autorresponsabilidad (al considerárselo a éste tipo de régimen como un preámbulo
para la libertad condicional) 32 y por la amplia posibilidad de salidas al exterior, ya sea
para desarrollar actividades laborales, formativas, familiares, de tratamiento o de otro
tipo que faciliten su integración social, o bien de fin de semana. De esta manera, el
interno retoma sus actividades u obligaciones de su ambiente social y familiar y las
compatibiliza con el internamiento. Por regla, debe pernoctar en el establecimiento,
salvo que acepte el control de su presencia fuera centro penitenciario mediante dispositivos
telemáticos u otros mecanismos de control suficientes (esto último criticable
ya que resulta difícil de compatibilizar con el principio de autorrresponsabilidad
inspirador de todo régimen abierto o bien al aparecer como una suerte de libertad
condicional encubierta). 33 Su concesión depende de la autoridad penitenciaria 34 y, en
caso de denegatoria, interviene el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Sobre la posibilidad de pernoctar en el domicilio con control e inspección de la
autoridad penitenciaria, en nuestro entorno, lo preveé a modo de novedad el Código
31 En relación a los antecedentes y fuentes de consulta de la Ley 24.660 puede verse KENT, JORGE, Derecho de la ejecución
penal. Una aproximación al tercer milenio, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1996, pp. 208/220.
32 ARMENTA GONZÁLEZ-PALUENZA-RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Reglamento penitenciario comentado. Análisis sistemático y recopi-
lación de legislación, Alcalá de Guadaira (Sevilla), MAD, 2001, p. 175.
33 Ibídem, p.181.
34 Con fuerte crítica de RACIONERO CARMONA , FRANCISCO, Derecho penitenciario y privación de libertad. Una perspectiva
jurídica., Madrid, Dykinson, 1999, pp. 144/145 al considerarla a esta facultad otorgada a la administración como “...la
gran trampa del sistema represivo español y... el ataque mayor, el más directo a la reserva jurisdiccional en materia
penitenciaria...”.
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
188

RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA Y PAUTAS PARA SU OPERATIVIDAD
de Ejecución Penal de Perú, ante la carencia de infraestructura adecuada y en pos del
mantenimiento del vínculo familiar. Amplía la posibilidad de la semilibertad para
fines de formación educativa. El beneficio se excluye para los condenados por determinados
delitos por razones de política criminal (tráfico ilícito de drogas y terrorismo).
35
En Brasil la novedad la presenta la posibilidad de que el Tribunal al momento de
dictar sentencia puede disponer la incorporación del condenado al régimen abierto
y de esa manera gozar de esta modalidad. 36
III. PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA.
Los Arts. 17 y 23 L.E.P. establecen los presupuestos de procedencia del Régimen
de Semilibertad. A continuación vamos a analizar cada uno de ellos:
a) Tiempo mínimo de cumplimiento efectivo de la condena impuesta (Art. 17 Num. I
L.E.P.).
Lo que se conoce en la doctrina penitenciaria como período de seguridad, que significa
que el penado deberá cumplir en el establecimiento penitenciario una parte de
la pena privativa de la libertad impuesta. Si la sanción es a pena temporal, el interno
deberá purgar como mínimo la mitad de la condena, mientras que si se trata de una
pena perpetua, éste deberá cumplir un mínimo de quince años. En el supuesto que
al penado se le hubiere agregado en su condena a pena temporal la reclusión por
tiempo indeterminado del Art. 52 C.P., deberá efectivizar tres años mas de detención
a contar desde el cumplimiento total de la pena principal que se hubiere resuelto. Si
esa pena principal fuere perpetua y ante la falta de previsión legislativa expresa, compartimos
la postura que sostiene que a los fines del inicio del cómputo de los tres
años se deberá tener como parámetro la fecha de cumplimiento del plazo de veinte
años prescripto para conceder la libertad condicional a los condenados a prisión o
reclusión perpetua (Art. 13 C.P.), 37 en concordancia con el razonamiento efectuado
para aquellos supuestos en los que se debe considerar cumplida la condena para la pro-
35 Puede verse on line www.cajpe.org.pe/rij/bases/legisla/peru/pecoejpe.htm .
36 Puede verse on line www.dji.com.br/leis_ordinarias/1984-007210-lep.htm .
37 CESANO, JOSÉ D., Los requisitos para la concesión de las salidas transitorias en la nueva ley 24.660...., pp. 24/25.
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
189

LUIS R. GUILLAMONDEGUI
cedencia de la libertad condicional en los términos del Art. 53 C.P. 38 (Art. 17 Num.
I. L.E.P.).
En cuanto a los tiempos de condena cumplidos para la procedencia temporal del
instituto, es dable señalar que el proyecto de ley de ejecución de la pena privativa de
la libertad remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación recomendaba
términos menores a los finalmente plasmados en la actual ley, así un tercio en los
supuestos de penas temporales y doce años para las penas perpetuas, 39 postura sostenida
por la disidencia parcial en el Senado. 40
La cuestión del término aconsejable resulta discutible y tendrá que ver en ello,
entre otras variables, el monto de la condena impuesta y los tiempos necesarios para
vislumbrar resultados alentadores con el tratamiento desarrollado. Nos permitimos
imaginar que ante una condena excesiva o perpetua, el tiempo mínimo exigido puede
resultar contraproducente para los fines del tratamiento penitenciario ante una fuerte
prisionización y sus nocivos efectos en la personalidad del condenado; como también
creemos que resultaría poco aconsejable en algunos supuestos el monto del tercio
o de la mitad cumplidos para retornar limitadamente al medio libre, ya que -a
manera ilustrativa- ante una condena a pena privativa de libertad de cuatro o cinco
años, debido a la habitual duración de los procesos penales, al momento de la sentencia,
el condenado ya se encontraría en condiciones de acceder a la semilibertad,
sin que halla siquiera transitado por un tratamiento con miras de reinserción social,
al encontrarse hasta el momento del veredicto en una comisaría.
Sobre la temática se deberá requerir también el consejo de los profesionales en
ciencias de la conducta y de la salud humanas y tratar de llegar a un sistema que
pueda ser válido en atención a los fines de prevención especial de la ejecución de las
penas privativas de la libertad, antes que su utilización como instrumentos para descomprimir
la conocida saturación de los establecimientos penales disfrazados de discursos
resocializadores o como soluciones con transfondos políticos para aplacar la sensibilidad
de los penados manifestada desde huelgas de hambre y hasta violentos motines.
38 ZAFFARONI, EUGENIO R., Manual de derecho penal. Parte general., Buenos Aires, Ediar, 1997, p. 687.
39 Antecedentes parlamentarios. Ley 24.660 – Ejecución de la pena privativa de la libertad., Buenos Aires, La Ley, Año 1996
N° 9, 1996, p. 70.
40 El Senador Pedro G. Villaroel consideraba excesivo los términos finalmente sancionados, y aunque si bien se refería
a la problemática de las salidas transitorias, por su ubicación legislativa con la semilibertad la opinión resulta válida.
Ejemplificaba que en hipótesis de condenas de hasta tres años de prisión, antes de llegar a la mitad de la condena
ya se obtenía la libertad condicional. Ibídem, p. 120.
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
190

RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA Y PAUTAS PARA SU OPERATIVIDAD
De allí que creemos en la necesidad de promover un sistema en el que guarden
relación los tiempos mínimos de ejecución de la condena con la duración de la pena
impuesta como presupuesto temporal de acceso a la semilibertad. 41
También en relación al plazo mínimo de encierro, y ante algunas regulaciones existentes,
42 surge la inquietud de si los estados provinciales -dentro de sus facultades
legislativas- pueden prever un término menor para la obtención de éste derecho. La
respuesta al mismo dependerá de la postura que se asuma respecto al histórico conflicto
43 sobre la determinación del órgano competente para legislar en materia de ejecución
de las penas privativas de la libertad, ya sea el Congreso de la Nación o las
legislaturas provinciales. Más allá de que estamos ante una cuestión de derecho constitucional
referido al deslinde de competencias legislativas provincial y federal de
acuerdo al modelo de estado federal adoptado por nuestra Carta Magna, las posturas
actuales sobre ámbito de aplicación de la actual ley penitenciaria 44 la podríamos resumir
con éstos interrogantes: ¿ La Ley 24.660 rige en todo el país de conformidad a lo
prescripto en su Art. 229 y como una consecuencia del principio constitucional de
igualdad jurídica -Art. 16 C.N.- ? (postura mayoritaria), o ¿ La Ley 24.660 representa
un marco de referencia mínimo al que las provincias deben ajustar sus normas permitiéndose
superarlo en caso de beneficiar los derechos de los privados de libertad ?
(ZAFFARONI-SLOKAR), o ¿ de acuerdo a la finalidad de la ejecución penitenciaria, es factible
comparar entre la Ley 24.660 y las legislaciones provinciales en busca de seleccionar
la norma más idónea para la resocialización del penado? (DELGADO) , o ¿ será necesario
discriminar entre las normas de la Ley 24.660 aquéllas que son de derecho penal
41 En idéntico sentido,“...no es lo mismo una condena de tres años...que otra de treinta (en relación al Código Penal
español)...Ni las expectativas son las mismas ni, por tanto, el riesgo de quebrantamiento es comparable. Por ello, debería,
a mi juicio, haberse hecho mas clasificaciones (en relación al sistema de clasificación de grados del régimen penitenciario
español) exigiendo períodos de cumplimiento distintos en relación con la duración de la pena impuesta...”,
RACIONERO CARMONA, F., op. cit. , p. 210.
42 El Decreto G.J. N° 1031/97 del 07/07/1997 de la Prov. de Catamarca reglamentando el Art. 17 Ley 24.660 establece
como tiempos mínimos de ejecución de la pena privativa de la libertad para la incorporación a la semilibertad,
un tercio de la condena en los supuestos de pena temporal sin la accesoria del Art. 52 C.P. y diez años de cumplimiento
efectivo en los supuestos de pena perpetua sin la accesoria del Art. 52 C.P., adecuando la aplicación de la ley
nacional a la concreta problemática carcelaria de la Provincia, sus necesidades y realidad local.
43 Así lo señalan, entre otros: MARCODEL PONT, LUIS, op. cit, 96/100.; y GARCIA BASALO, JUANC., op. cit., pp. 15/21.
44 Al respecto puede verse el panorama expuesto por SALT, op. cit., pp. 158/167, con RIVERA BEIRAS; y lo resuelto
por la Excel. Cámara Primera de Apelación y Garantías en lo Penal en pleno (San Isidro-Buenos Aires) en causa
52.112/IIa., especialmente el didáctico voto de la Sra. Jueza Celia Margarita Vázquez. Transcripción y comentario del
fallo, DE LA FUENTE, JAVIERE., “La Ley 24.660 y su aplicación en las provincias. Situación de los procesados.”, Revista
de Derecho Penal – 2001-2, Santa Fé, Rubinzal-Culzoni, 2002, pp. 517/589.
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
191

LUIS R. GUILLAMONDEGUI
material, de aquéllas de naturaleza procesal o administrativa, y sobre éstas últimas
reconocerle facultades legislativas a las provincias ? (SALT).
b) Inexistencia de causa penal abierta en la que interese la detención del peticionante u otra
condena pendiente (Art. 17 Num. II L.E.P.).
El proceso penal en su búsqueda de la averiguación de la verdad real proporciona
una serie de facultades a los órganos judiciales, siendo una de ellas la coerción procesal,
que se traduce en una actividad restrictiva de la libertad personal (coerción personal)
o de la libre disposición de los bienes de las partes penales o civiles (coerción
real) con una finalidad específica: asegurar el resultado del proceso, evitando el daño
jurídico que podría sobrevenir ante la falencia de elementos indispensables para la
averiguación de la verdad y la ejecución de posibles condenas. Estas medidas que se
caracterizan por ser precautorias, cautelares y provisionales deben responder a una
necesidad actual y concreta del proceso penal, encontrando su límite en el respeto
que impone el estado de inocencia del imputado.
Dentro de las medidas de coerción personal más rigurosas y en lo que a nosotros
nos importa, tenemos la prisión preventiva y la detención. La primera se ejecuta
por encarcelamiento más o menos prolongado y a consecuencia de la definición
jurídica de la situación del imputado en el proceso. Procede en los supuestos
en los que a criterio del órgano judicial existen elementos de convicción suficientes
como para sostener la participación punible del imputado en el hecho investigado
(debe ser un delito de acción pública reprimido con pena privativa de la libertad)
y que hubiere vehementes y graves indicios de que el mismo tratará de eludir
la acción de la justicia o entorpecer su investigación, los cuales se infieren de una
serie de pautas enumeradas en los códigos de procedimientos penales (Arts. 312 y
319 C.P.P.Nación, Art. 281 C.P.P.Cba., y Arts. 307 y 314 C.P.P.Ctca.). Con esta
medida restrictiva se pretende asegurar la intervención personal del imputado
durante el proceso y prevenir el cumplimiento de una posible condena. Mientras
que la detención propiamente dicha resulta una privación de la libertad del imputado
de menor entidad temporal y de carácter sorpresiva en el sentido de que su
justificación procesal responde a la urgencia de la investigación y el aseguramiento
de las pruebas y del sospechado o, bien, ante la necesidad de trasladarlo a los estrados
judiciales a fines cumplimentar un acto procesal oportunamente dispuesto si
se infiere que éste será renuente a ello (vg.: recepción de una declaración del imputado
o un testimonio, etc.) (Arts. 283 y 284 C.P.P.Nación, Art. 272 C.P.P.Cba., y
Art. 284 C.P.P.Ctca.). Es aplicable en los primeros momentos del procedimiento y
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
192

RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA Y PAUTAS PARA SU OPERATIVIDAD
previa a la definición de la situación jurídica del posible imputado. 45
En base a lo desarrollado y de acuerdo a los fines del proceso penal asentado en
el objetivo constitucional de afianzar la justicia 46 y de pleno respeto por la garantía del
estado de inocencia del imputado, el presupuesto en análisis exige que el penado que
desea incorporarse a la semilibertad no debe tener cuentas pendientes con la justicia
penal en las que interese su privación de la libertad, sea cual fuere la actividad procesal
para que se lo requiriere.
Así interesará la detención del interno en los supuestos éste aparece como sospechoso
o probable partícipe en la comisión de un hecho delictivo y que su posible
retorno anticipado y limitado al medio libre pueda atentar contra los fines del proceso
penal abierto en su contra. Creemos que cuando mencionamos al término causa
abierta debemos interpretarlo en el sentido de causa penal en contra del interno (como
futuro imputado o sujeto de una prisión preventiva), de allí es que resulta distinta la
situación en la que se requiriere la detención del penado a fines de cumplimentar un
acto procesal ordenado en una causa penal (vg.: recepción de un testimonio o un
careo), el cual una vez perfeccionado no debe representar un obstáculo para la procedencia
del instituto, dado su carácter de fácilmente subsanable.
También resultará un impedimento la existencia de una condena pendiente en contra
del interno. Estimamos que a dicho término comprende distintos supuestos, tales
como: a) el de aquel interno que se encuentra purgando una condena y que en un
proceso anterior previo a la deliberación del Tribunal para sentencia, pudo evadirse
inmediatamente o, b) el de aquel interno que se ha evadido de la ejecución de una
condena anterior de cumplimiento efectivo no encontrándose prescripta la pena
impuesta o, c) el de aquel interno que se ha sustraído al accionar de la justicia al disponerse
la revocación de la condena condicional oportunamente concedida. En la
hipótesis en que durante la tramitación del beneficio aparezca otra condena efectiva
(precedente o contemporánea a la por la que solicita la semilibertad), tal situación
debe solucionarse con el pedido de parte de unificación de condenas ante el tribunal
competente (Art. 58 C.P.), y una vez satisfecho y efectuado el nuevo cómputo de pena,
se merituaría la concurrencia de los presupuestos normativos.
Si de la tramitación del expediente de semilibertad surge algunos de estos supuestos
de improcedencia, la valoración del interés de la detención le corresponde exclu-
45 Seguimos en este tema a CLARIA OLMEDO, JORGE A., Derecho Procesal Penal, Tomo II actualizado por Carlos A.
Chiara Díaz, Santa Fé, Rubinzal-Culzoni, 2001, pp. 351/369.
46 CAFFERATA NORES, JOSÉ I., La excarcelación, Tomo I, 2° edición, Buenos Aires, Depalma, 1988, pp. 4/7.
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
193

LUIS R. GUILLAMONDEGUI
sivamente al órgano judicial competente en ese proceso; mientras que en el supuesto
de condena pendiente, le corresponde al órgano judicial sentenciador su valoración
en el supuesto del apartado a) precedente, correspondiéndole al órgano judicial
encargado de la ejecución penal la consideración en los supuestos de los apartados b)
y c) supra mencionados en razón del carácter de cosa juzgada de la sentencia penal y
a modo del correcto cumplimiento de su deber derivado de la función pública, más
allá de razones de colaboración con el órgano judicial de sentencia.
Sin perjuicio de estas consideraciones, destacados juristas no consideran razonables
estas exigencias, así en relación a la de causa penal abierta en la que interesa la
detención del interno, porque entienden que la equiparación legal del penado y el
procesado prevista en el Art. 11 L.E.P. permitiría a estos últimos gozar de ciertos beneficios
penitenciarios teniendo en cuenta el tiempo de prisión preventiva cumplido o
en cuanto a la de condena pendiente, porque la mora judicial de juzgamiento y unificación
posterior nunca puede ser utilizada en perjuicio del condenado, y a modo de
respetar la vigencia del estado de inocencia del que goza aquel en razón de su situación
procesal. 47 - 48
Por nuestra parte, creemos que las normas penitenciarias que permiten su aplicación
a los procesados dentro de los límites del Art. 11 L.E.P. son aquéllas referidas al
debido trato en prisión y no las propias del régimen progresivo, entre ellas las que permiten
salidas al medio libre bajo palabra de honor (salidas transitorias, semilibertad,
etc.) ya que éstas si pueden representar serios riesgos contra los fines cautelares de la
prisión preventiva 49 (salvo el supuesto de un procesado sin antecedentes computables
-sin condena penal en ejecución- que por el tiempo que lleva de detención ya hubiera
cumplido el mínimo temporal exigido de encierro para la procedencia de las salidas
transitorias o de la semilibertad en relación a la escala penal del delito enrostrado
en el auto de procesamiento), 50 máxime cuando las cuestiones que surjan de esta
problemática tiene prioridad de competencia el juez de la causa (el encargado de la
investigación o del futuro juicio de responsabilidad penal). 51 Y en cuanto a la pro-
47 CESANO, JOSÉ D., op. cit., p. 26/27.
48 Expresan sus argumentos sobre la duda de la razón de ser de estos impedimentos, CERUTI-RODRIGUEZ, op.cit, p.
87.
49 En idéntico sentido, EDWARDS, CARLOS, op. cit., pp. 45/47.
50 Que creemos que es la postura del destacado jurista mediterráneo al que hace referencia Cesano, CAFFERATA
NORES, JOSÉ I., Cuestiones actuales sobre el proceso penal, 2° edición actualizada, Buenos Aires, del Puerto, 1998, pp.
180/188.
51 Al respecto en la legislación penitenciaria española, el recluso que tiene una causa en situación preventiva no es
clasificado hasta que se resuelva dicha situación procesal, lo que le impedirá la asignación del grado de tratamiento
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
194

RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA Y PAUTAS PARA SU OPERATIVIDAD
blemática de la mora judicial, creemos que los códigos de forma otorgan las herramientas
para procurar la respuesta del órgano judicial sobre la situación de incertidumbre
del prevenido en trámite de proceso, o de unificación de penas en caso de
condena pendiente.
Estimamos que el legislador concibe incompatible la incorporación del penado a la
semilibertad con la expectativa de una nueva condena, por lo que debería realizarse
una “interpretación integradora...que permita cohonestar los intereses en juego, es decir, los de
la sociedad cuya protección se pretende, y los del penado en términos de razonabilidad y equilibrio
entre el reproche de que es objeto y su derecho a reintegrarse a la normalidad, debe conducir
a superarlas extrayendo de las normas las consecuencias que sean más coherentes con la plenitud
del sistema”. 52
c) Grado de calificación de conducta exigida (Art. 17 Num. III L.E.P.).
El Consejo Correccional del establecimiento penitenciario calificará trimestralmente
la conducta y el concepto del interno de conformidad a las escalas previstas en
la ley (Arts. 49 y 51 R.M.B.E.). Se entiende por conducta el apego del interno a las
normas que regulan la convivencia carcelaria (Art. 100 L.E.P.) y su puntaje servirá
para decidir la frecuencia de la recepción de sus visitas o su participación en actividades
recreativas (Art. 103 L.E.P.), mientras que se entiende por concepto la valoración
profesional que se hace del interno sobre su avance dentro del proceso de readaptación
social (Art. 101 L.E.P.) y dicha evaluación servirá de fundamento para la
aplicación de la progresividad del régimen y para el otorgamiento de beneficios penitenciarios,
entre ellos el de semilibertad (Art. 104 L.E.P.).
En razón de que las normas penitenciarias no establecen pautas objetivas para la
calificación de la conducta y el concepto del penado, corresponde a la reglamentación
de las mismas establecer dichos parámetros a fin de dejar el menor margen posible de
subjetividad en manos del equipo evaluativo ante la importancia que representa la
escala obtenida en razón de los derechos en juego, principalmente lo referido al avance
en el régimen penitenciario (y la consecuente atenuación de las medidas restrictivas
del encierro) y la obtención de beneficios penitenciarios.
Compartimos el pensamiento de que en estas circunstancias es donde debe aparecer
el fuerte contralor del órgano judicial sobre la administración penitenciaria -
recomendable de acuerdo a su personalidad e historia criminológica, como también gozar de las salidas ordinarias o
su incorporación al tercer grado penitenciario (de similares características a nuestra semilibertad), Art. 104
Reglamento Penitenciario.
52 RACIONERO CARMONA, op. cit., pp. 143/144. En idéntico sentido, EDWARDS, op. cit., p. 54.
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
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LUIS R. GUILLAMONDEGUI
como una clara manifestación del principio de judicialización de la ejecución penal
(Art. 3 L.E.P.) derivado de la garantía de legalidad ejecutiva (Art. 18 C.N. y Trat.
Internac. con jerarquía constitucional concordantes)-, principalmente en la cuestión
de la aplicación de sanciones disciplinarias al penado, ya que de acuerdo a la entidad
de la falta cometida se podrán efectuar disminuciones a la calificación de conducta
vigente (y su probable repercusión en la escala del concepto) -Art. 59 R.M.B.E.-, con
su efecto sobre la procedencia del instituto en trámite. 53
Insistimos con la plena operatividad del principio de judicialización incorporado
con la nueva ley penitenciaria, lo que dependerá en gran medida de la personalidad,
formación profesional (especialmente en criminología -como ya lo recomendaba el
maestro Jiménez de Asúa 54 sobre el juez penal en general-) 55 y compromiso con la función
del juez de ejecución penal, quien debe meterse en la vida de la prisión (respetando
el ámbito de competencia de la administración penitenciaria) para poder palpar
su realidad y escuchar al penado y a los operadores penitenciarios en busca de un
constante perfeccionamiento en el sistema de protección de derechos humanos (de
allí la importancia de las visitas judiciales continuadas y hasta sorpresivas al establecimiento
penitenciario), 56 lo que daría vida a un nuevo principio penitenciario que nos
animamos a denominarlo de inmediación de la ejecución penal, de similar relevancia al
de aquél y como manifestación del principio de inmediación del procedimiento penal
en el proceso de ejecución de sentencias. 57
53 “...Y es, precisamente, en éste ámbito (ejercicio de la potestad disciplinaria), en donde se pueden hacer más palpables
los posibles “desvíos de poder” por parte de la administración...”, CESANO, JOSÉ D., op. cit., pp. 27/29, del
mismo en mayor extensión, Un estudio sobre las sanciones disciplinarias penitenciarias. Control jurisdiccional e impugnación
de los actos administrativos sancionatorios en la ley 24.660 y su reglamentación, Alveroni Ediciones, Córdoba, 2002.
También, MARCO DEL PONT, LUIS, “El juez de ejecución penal (Una esperanza para el garantismo)” en Opúsulos de
derecho penal y criminología N° 83, Córdoba, Marcos Lerner, 1999, pp. 19/20.
54 “El juez penal: su formación y funciones”, El Criminalista, Tomo 2, La Ley, 1943, p. 97.
55 En idéntico sentido lo establecen los Criterios Refundidos de Actuación de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria
aprobados en la VIII reunión (Madrid, Noviembre 1994), Criterio Nº 3 y antes lo recomendaba, GARCÍA VALDEZ,
CARLOS el promotor de la Ley Penitenciaria española 1/1979 en Comentarios a la Legislación Penitenciaria, Madrid,
Civitas, 1995, 242/243.
56 “...las inspecciones deben ser diarias o por lo menos dos o tres veces a la semana...Debería ser como el juez que
trabaja en tribunales y que todos los días asiste a su trabajo...” lo recomienda MARCO DEL PONT, LUIS, idem, p. 21.
También lo preveén los Criterios Refundidos (Criterio Nº 65).
57 Desarrollamos en extenso su contenido y alcance en nuestra Ponencia “Principios Rectores de la Ejecución Penal”
como también bregamos por su operatividad junto con el Principio de Judicialización, presentada en el “III
Seminario Nacional e Internacional de Derecho Penal y Criminología, Justicia y Sociedad” (en homenaje a Julio
Maier) organizado por la Universidad Nacional de La Pampa (Noviembre-2003) en CD. También en la monografía
“Principios Rectores de la Ejecución Penal (y un nuevo invitado)” presentada en el Programa de Doctorado de
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
196

RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA Y PAUTAS PARA SU OPERATIVIDAD
Por dichos motivos, compartimos la posición de que el informe del grado de calificación
de la conducta no resulta vinculante para el juzgador, puesto que de “lo contrario
se violaría de manera indirecta el principio de judicialización, 58 ya que la administración
podría impedir... el acceso a la semilibertad con sólo pronunciarse desfavorablemente sobre el
concepto (agregamos nosotros, o la conducta) del condenado. El informe de la administración
tiene sólo el valor de un dictamen técnico que contribuye con la autoridad judicial en la
toma de la decisión pero no puede reemplazar a la decisión que la ley expresamente pone en
manos de la autoridad judicial” 59 (el destacado nos pertenece).
Al respecto la ley exige que el interno esté calificado con conducta correspondiente
a la escala ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el
tiempo de alojamiento en el penal (para ello no deberá olvidarse que las calificaciones
se realizan cada tres meses). 60
Al no ser vinculante dicha valoración del Consejo Correccional, el órgano judicial
puede permitir la procedencia del beneficio laboral a pesar de no alcanzarse la escala
exigida legalmente en la medida de que de un análisis integral de los informes técnicos
criminológicos incorporados en el expediente se permita valorar que el apego del
interno a las normas de convivencia fue de alto grado (y en situaciones, de acuerdo a
sus posibilidades -características de su personalidad y capacidad de integración al medio
carcelario-) y se vislumbra una evolución sincera, y a modo de estimular su buen comportamiento.
61 Se debe echar mano a dichos informes y otorgarles prioridad en razón
“Problemas actuales del Derecho Penal y de la Criminología” en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España-
2004).
58 “...de ninguna manera, la concesión de un derecho relevante para el condenado puede depender de una calificación
o dictamen técnico emanado de la autoridad administrativa, porque de ser así se atentaría seriamente contra la
bases de éste novedoso sistema jurídico y de la figura del Juez de Ejecución Penal, ya que -a riesgo de ser reiterativo
pero con la intención de transmitir una postura clara- si mundialmente se preveé la necesidad de que sea un órgano
judicial el que se encargue de controlar la ejecución de la pena llevada a cabo por un organismo administrativo a efectos
de un verdadero respeto por el principio de legalidad de la pena buscando prevenir y erradicar abusos penitenciarios
por distintas causas, no resulta lógico que un informe técnico resulte obligatorio para el juzgador o decisivo
para una instancia superior...” Auto N° 99/2003 de fecha 03/09/03 en Expte. Nº 200/2003 “Cipitelli, Armando
Antonio S/Salida Laboral” del Juzgado de Ejecución Penal de Catamarca.
59 SALT, MARCOS, op. cit., p. 245.
60 Suele ser un error de interpretación común la postura del Ministerio Fiscal de oponerse a la concesión del derecho
por la sola circunstancia de que el penado no alcanza el grado de calificación exigido por la ley sin entrar a valorar
la fecha de ingreso a prisión o a la calidad de condenado en relación a la escala de calificación vigente, y en definitiva
si temporalmente podría el peticionante obtener un mejor posicionamiento. Tampoco suelen valorarse el contenido
de los informes técnicos-criminológicos.
61 “...A pesar de no alcanzar el grado máximo de conducta (con calificación muy buena), el suscripto valora el cambio
de actitud del penado durante su tratamiento penitenciario, circunstancia avalada por los informes técnico-cri-
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
197

LUIS R. GUILLAMONDEGUI
de su completitividad y autosuficiencia, ya que son más representativos e ilustrativos
que una mera calificación administrativa, 62 la cual puede estar viciada de cierta subjetividad
ya apuntada anteriormente. Sin embargo no desconocemos que con éste razonamiento
a veces se puede jugar en contra de las aspiraciones del interno, ya que la
experiencia también indica que a veces se premia con altas calificaciones a penados
por motivos poco honestos, por ejemplo, a los que pueden influir en la conservación
de la calma del pabellón u otras componendas a espaldas de los correctos funcionarios
de prisión. Por supuesto, que en estas hipótesis el juzgador debe extremar la fundamentación
técnica de su resolución para evitar caer en una subjetividad jurídica (tan
arbitraria como la apuntada supra) y en razón de la exigencia de motivación de toda
decisión judicial, como nota propia de un Estado de Derecho.
d) Concepto favorable del equipo interdisciplinario (Art. 17 Num. IV L.E.P.).
Se requiere el visto bueno del organismo técnico-criminológico y del Consejo
Correccional del penal respecto de la evolución del penado en su proceso de readaptación
social y sobre el efecto positivo que puede significar la semilibertad para su
futuro personal, familiar y social.
Al respecto vale lo manifestado precedentemente en cuanto al carácter no vinculante
de la posición administrativa para el órgano judicial y la crítica al amplio margen
de discrecionalidad otorgado al equipo técnico, compartida por la mayoría de la
mino lógicos descriptos supra, y al no ser considerado por la doctrina y la jurisprudencia dominante dicho presupuesto
como vinculante para el órgano judicial atento el Principio de Judicialización de la Ejecución Penal, estimo
procedente -dentro del marco de discrecionalidad permitido por la ley al juzgador- otorgar una oportunidad al peticionante
de acceder al beneficio laboral...”. Auto N° 55/2003 de fecha 30/05/2003 en Expte. N° 75/2003 caratuladas
“Guzmán, Jorge Ariel S/Salida Laboral” del Juzgado de Ejecución Penal de Catamarca.
62 Esta también nos parece la solución para los supuestos de los penados alojados en comisarías por circunstancias
particulares, en razón que éstos no gozarán de la calificación del equipo interdisciplinario, y ello no puede ser obstáculo
para impedir la consideración del derecho. Allí el informe del jefe de la dependencia policial sobre el comportamiento
del penado en cuanto las reglamentaciones de detención deberá ser completado con los informes psicológicos
y sociales de los profesionales penitenciarios para poder el juez realizar una interpretación integral de la personalidad
del peticionante en cuanto a su “conducta” y “concepto”. Al respecto: “...Ante la circunstancia de la falta de
una calificación expresa de conducta (impedimento observado por el Ministerio Fiscal) por parte del equipo interdisciplinario
debido a la particular situación del peticionante (traslado a una dependencia externa a consecuencia de
haber sido rehén en el último motín del pasado año y por recomendación médica-psiquiátrica), se puede arribar a ella
a través de un informe emitido por el encargado de custodia y de los informes técnicos criminológicos de los profesionales
que también conocieron el desenvolvimiento del penado en su anterior lugar de detención, fortaleciéndose
el principio de judicialización de la pena al ser el órgano judicial el encargado de interpretar la concurrencia de los
presupuestos legales...” Auto N° 99/2003 de fecha 03/09/03 en Expte. Nº 200/2003 “Cipitelli, Armando Antonio
S/Salida Laboral” del Juzgado de Ejecución Penal de Catamarca.
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RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA Y PAUTAS PARA SU OPERATIVIDAD
doctrina penitenciaria y apuntada de manera general al momento de la elaboración
de la ley. 63
Comprendemos de la difícil tarea de establecer criterios objetivos ante las características
de mutabilidad e impredicibilidad de la personalidad humana, sin embargo
proponemos trabajar para ello. Suele surgir al momento de la deliberación profesional
el temor del quebrantamiento de la condena o de la reincidencia delictiva, por
ello se debe trabajar teniendo en cuenta diferentes variables, dejando de lado las presiones
sociales ante la alarma que suele implicar el retorno del penado al medio libre,
cuestión que se repetirá en la mente del juzgador al momento de la valoración judicial.
El trabajo no es sencillo y máxime cuando se deben garantizar derechos, cuando
por idiosincrasia resulta más fácil perseguir y castigar. Allí es donde debe extremarse la
profesionalidad de los operadores penitenciarios y judiciales. 64
Al respecto, estimamos que pueden resultar útiles a modo de referencia los parámetros
proporcionados por las Tablas de Variables de Riesgos y de Concurrencia de
Circunstancias Peculiares ofrecidas por la reglamentación penitenciaria española
(Instrucción 22/96 sobre permisos de salida), dictadas por la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias en base a un análisis estadístico de las características de
internos que mal usufructuaron permisos de salidas (similares a nuestras salidas transitorias),
datos que permitieron estandarizar una serie de variables potencialmente
indicadoras de riesgo. Entre otros factores pueden mencionarse: extranjería, dependencia
a adicciones, profesionalidad y reincidencia delictiva, quebrantamientos de
condenas anteriores, tipo delictivo (contra las personas, la integridad sexual, la propiedad,
etc.) y su repercusión social (ensañamiento, pluralidad de víctimas o minoridad
de estas, etc.), trastornos psicopatológicos, etc.
e) Adecuada ocupación (Art. 23 L.E.P.).
Habíamos manifestado anteriormente que el régimen de semilibertad tenía un
objetivo muy concreto de carácter laboral: el trabajo del penado fuera del establecimiento
carcelario. De allí, que resulta necesario que el interno tenga asegurada una
63 “...en muchos supuestos (el sistema de la ley) somete el goce de los derechos fundamentales del interno a la decisión
de la administración penitenciaria..”, Senador Villaroel en Antecedentes parlamentarios. Ley 24.660..., p. 119.
64 Compartimos plenamente la opinión de RACIONERO CARMONA sobre la “carencia de dotes proféticos” en los órganos
judiciales y penitenciarios: “no... tienen una suerte de “bola de cristal”que permita prever, sin margen de error,
cualquier contingencia futura”, op. cit., pp. 89/91.
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
199

LUIS R. GUILLAMONDEGUI
adecuada ocupación (Art. 23 L.E.P.), presupuesto que nuestro modo de ver descansa
en dos bases fundamentales. 65
La primera, con relación al trabajo en sí, el cual depende de su objeto (debe ser
lícito y permitido por la legislación -Arts. 38 y ss. Ley de Contrato de Trabajo-) y
modalidades de desenvolvimiento (se recomienda que se trate de un trabajo en un
sitio estable que permita su contralor discontinuo por la autoridad penitenciaria), 66
a la par de la obligación por parte del empleador del pago del salario y de las cargas
sociales con el fin de prevenir y erradicar la arraigada práctica de la explotación laboral
a cambio de las horas de libertad por el beneficio alcanzado, conducta contraria al
espíritu de la legislación del Derecho del Trabajo y uno de sus principios estructurales:
el de la onerosidad del empleo como un medio para garantizar la dignidad humana
(Art. 115 L.C.T.). 67
La segunda se refiere a las condiciones que debe reunir el empleador. Debe tratarse
de una persona que tenga la capacidad económica suficiente para dar trabajo y
poder pagarlo conforme los salarios de plaza; 68 debe carecer de antecedentes penales
computables y poder proveer al interno de un ambiente que promueva y facilite su
adecuada reinserción social; y dar muestras de que se encuentra capacitado para ejercer
un control serio y responsable del interno en pos de la finalidad del beneficio en
consideración como instrumento de valor para alcanzar el objetivo primero del tratamiento
penitenciario. Por ello, y en relación con éste último ítem, creemos que no
resulta aconsejable que el cargo de empleador descanse en un familiar directo o persona
ligada por amistad manifiesta al interno (salvo que se tratare de un comerciante
inscripto y un giro comercial en funcionamiento), ya que la experiencia cotidiana
65 Desarrolladas en Auto N° 14/2001 de fecha 19/03/2001 en Expte. Nº 305/2000 “Salinas, Rodolfo Alberto
S/Salida Laboral -Capital-” del Juzgado de Ejecución Penal de Catamarca.
66 LAJE ANAYA, JUSTO, Notas a la ley penitenciaria nacional N° 24.660, Córdoba, Advocatus, 1997, pp. 71/72.
67 El Juzgado de Ejecución Penal de Catamarca mediante Auto N° 106/01 de fecha 26/09/2001 en Expte. N 211/01
“Varela, Miguel Angel S/Salida Laboral” deniega la semilibertad ante la falta de capacidad económica de la empleadora
propuesta. “...(el informe social de la empleadora) expresa que: ”...dicho trabajo le abonaría con mercaderías y
ropas, lo cual el interno acepta...”, situación de la cual se puede concluir que (la empleadora) no cuenta con medios
económicos para afrontar la relación laboral, a la par de contrariar la legislación del trabajo vigente, que sienta como
uno de sus principios fundamentales el de la onerosidad del empleo como medio para garantizar la dignidad humana
(Art. 115. L.C.T. 20.744 y ref.), permitiéndose el pago del salario en especie siempre que no supere el veinte por
ciento del total de la remuneración (Art. 107 2° párr. L.C.T. 20.744 y ref.), y en el ámbito que nos ocupa la finalidad
es evitar o erradicar la arraigada práctica de la explotación laboral a cambio de “horas de libertad” por el beneficio
alcanzado”.
68 Ibídem.
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RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA Y PAUTAS PARA SU OPERATIVIDAD
ha cooperado a confirmar la inconveniencia de este tipo de tutores laborales, puesto
que no suelen abonar lo convenido como salario o participan de una puesta en escena
a los fines de que el interno usufructúe del beneficio descansando en su domicilio
o flexibilizando el control de tal modo que promueven una invitación al delito; factores
que pueden acarrear posibles perjuicios al penado en su proceso de rehabilitación
o a la comunidad como reiterada víctima de la reincidencia delictiva.-
Los datos referidos deben ser ofrecidos por el informe socio-ambiental practicado
por los profesionales del establecimiento penal (Art. 32 R.M.B.E.).
IV. FACTORES QUE ATENTAN CONTRA SU OPERATIVIDAD
Entre los factores que consideramos atentan contra la plena vigencia del instituto
de semilibertad en atención a los fines perseguidos por la penología y el legislador al
establecer el objetivo de la ejecución de las penas privativas de libertad, podemos
mencionar de manera general:
a) Deficiente formación laboral en el establecimiento penal
De una simple recorrida por las unidades penales del país, podremos observar que
en la mayor parte de ellas sus talleres de formación profesional no se encuentran en
funcionamiento, principalmente por razones de falta de recursos materiales y humanos.
Asimismo, de una simple ecuación matemática se desprende que el número de
dichos talleres es insuficiente en cuanto a la cantidad de alojados y que no se preveé
ningún sistema de rotación que permita el perfeccionamiento laboral del mayor
número de penados. En un país castigado por constantes crisis, las cárceles no dejan
de ser un reflejo de ello, máxime cuando éstas no representan un rédito político relevante.
Estimamos que la cuestión penitenciaria en algún momento debe ser tomada en
serio por los órganos políticos, más cuando pretendemos funcionar como un verdadero
Estado de Derecho respetuoso de los derechos del ser humano, y en nuestro
ámbito, tanto los del condenado como los de la víctima.
El sistema penitenciario debe empezar a trabajar para prevenir la reincidencia y
una de las herramientas más importantes, es el trabajo como una de las bases del tratamiento
para procurar la reinserción social y el poder político tiene que cooperar a
ello como una relevante muestra de contención social. No tan solo debe considerarse
la actividad laboral del penado como un instrumento destinado a neutralizar sus
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largas horas de ocio y sus malos pensamientos (llevados a la práctica en motines organizados
meticulosamente), sino como lo que realmente es: un factor esencial que coadyuvará
(al penado) para su resocialización, generando capacitación y habilidad laboral para su posterior
integración al medio social. 69
Y esta preparación seria y profesional del penado en base a sus expectativas laborales
es la que le permitirá procurar con mayor facilidad la ansiada ocupación adecuada
y el respeto en su ámbito de trabajo.
b) Burocratización administrativa
El trámite de la semilibertad puede consumir un importante tiempo si no es perfeccionado
con la seriedad que el derecho significa y la concientización coherente de
los operadores penitenciarios y judiciales. 70 La mayor demora suele representarla la
configuración del presupuesto de la adecuada ocupación, ya que las trabas administrativas
aparecen por ese lado, y a veces la administración suele rechazarla sin que llegue
a consideración del órgano judicial, quien -a pesar de tratarse de un expediente administrativo-
debe inmiscuirse en su tramitación y procurar su pronta judicialización. Lo
mismo ocurre con la evacuación en tiempo de los informes de los otros entes administrativos
y judiciales, y ello, probablemente, a causa de la poca importancia que le
otorgan al tema al ser considerado prácticamente el penado un sujeto con derechos
devaluados, en la ilustrativa terminología del jurista Iñaki Rivera Beiras. 71
En este aspecto será relevante la dinámica que impongan los profesionales penitenciarios
y fundamentalmente el órgano judicial encargado de la ejecución penal.
c) Aversión social
La estigmatización del penado es el efecto más nocivo y palpable de la pena privativa
de la libertad (“...la pena...no termina nunca. Quien ha pecado está perdido. Cristo perdona,
pero los hombres no...” en palabras de Carnelutti), 72 y quienes conformamos la
69 EDWARDS, CARLOS E., op. cit., p. 140.
70 “...el personal de la justicia y de las instituciones penales tiene que concebirse a sí mismo como una instancia de
socialización y de ayuda a la solución de muchos conflictos y problemas...” según lo aconseja KAUFMANN, HILDE,
Principios para la reforma de la ejecución penal, Buenos Aires, Depalma, 1977, p. 55.
71 Resulta recomendable la lectura de su texto La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos. La construcción
de un ciudadano de segunda categoría, Barcelona, Bosch, 1997.
72 CARNELUTTI, FRANCESCO, Las miserias del proceso penal, Buenos Aires, Ejea, 1959, p. 97.
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RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA Y PAUTAS PARA SU OPERATIVIDAD
sociedad no dejamos de hacer sentir esa tacha de infamia al que se ha equivocado al
contravenir las normas que en un principio todos nos comprometimos a respetar. 73
También colabora con ello los publicitados casos de quebrantamientos de condena
(el penado que no regresa de su salida laboral a la expiración de su jornada de trabajo)
74 y de reincidencia delictiva en el disfrute del permiso laboral.-
Será necesario en pro de una verdadera reinserción social del penado un decidido
y consciente apuntalamiento de los operadores del sistema penitenciario y postpenitenciario
75 (Art. 184 L.E.P.), como de las organizaciones no gubernamentales
(O.N.G.) en ese sentido, cuya papel ha venido a refrescar las ideas esperanzadoras de
una sociedad con crecientes urgencias y en busca de prevenir un retroceso en los avances
logrados por el interno con esta apuesta a la autodisciplina, ante las angustias y
miedos que sufre el mismo a su vuelta al medio libre con motivo de la inevitable
estigmatización social.
d) Desocupación,
Uno de los mayores obstáculos, principalmente en un país con un índice de desocupación
mayor al 21 % -en caso que se computen dentro de ellos a los beneficiados
con los Planes Jefes y Jefas de Hogar 76 por el carácter temporario del referido plan
social- y con una cifra de aproximada del 47 % de trabajadores sin derechos laborales
ni seguridad social (en negro). 77
Al respecto proponemos como medida paliativa (sin perjuicio que la experiencia
nacional no es fructífera en ese sentido en razón de la desvirtuación de los fines del
legislador), la previsión legislativa de facilidades tributarias y previsionales -a través de
73 Es ilustrativa al respecto la opinión de un grupo de vecinos catamarqueños manifestada en un matutino local en
relación a un proyecto destinado a alojar internos con salida laboral fuera del establecimiento penitenciario y en un
predio acondicionado al efecto en ese barrio: “...Por eso protestamos, porque tememos perder nuestra tranquilidad y
no es nuestra misión reinsertar a los presidiarios a la sociedad. Esa es misión del Estado...”. El Ancasti, Catamarca,
Cartas al Director. 03-X-2003, p. 19.
74 Circunstancia prevista como infracción disciplinaria grave (Art. 85 inc. a) L.E.P.) y no tipificada como delito en
nuestra legislación, lo que a nuestro juicio sería recomendable por razones de prevención general. Si lo es en España
(Art. 468 C.P. con pena de prisión de seis meses a un año).
75 “...Cuando el delito aflora y el tratamiento penitenciario y postcarcelario se imponen, se perfecciona el más riguroso
sentido de la defensa social...”, KENT, JORGE, El Patronato de Liberados y el instituto de la libertad condicional, Buenos
Aires, Astrea, 1974, p. 123. También sobre sus funciones y realidad, “Prevención especial y patronato de presos y liberados”,
AA.VV., Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Advocatus, 2001.
76 Del informe del INDEC publicado por Clarín del 01-VIII-2003.
77 Al momento de la redacción de este trabajo, según publicación de Clarín del 03-VIII-2003.
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
203

contratos de trabajos promocionados- a aquellas personas que otorguen empleo a
internos beneficiados con la semilibertad, a manera de atenuar los efectos de la desocupación
y regularizar las situaciones de empleo no registrado.
Por su parte, el establecimiento penitenciario puede prever -a través de la sección
de asistencia social- la apertura de un registro de empleadores a fines de la inscripción
de las personas interesadas en ello, lo que representará un relevante servicio a los
internos en trámite del derecho o sin personas conocidas en su lugar de detención.
V. A MODO DE CONCLUSION
LUIS R. GUILLAMONDEGUI
La ejecución de la pena privativa de la libertad en sus diferentes modalidades persigue
que el penado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley en pro de
su reinserción social. A esos fines, y dentro del régimen penitenciario, se proporciona
al penado un tratamiento interdisciplinario, representando una de sus bases fundamentales
el trabajo, como instrumento de terapia y capacitación laboral en miras a
su futura integración al medio social.
La semilibertad representa una de las modalidades de ejecución de la pena privativa
de libertad propia del período de prueba del régimen penitenciario basado en el
principio de progresividad y significa un derecho del condenado que le permite trabajar
fuera del establecimiento penitenciario en similares condiciones a la de un trabajador
en libertad, sin vigilancia directa por un organismo de seguridad y debiendo
regresar al mismo una vez concluida su jornada de trabajo.
Nuestro legislador ha reducido el ámbito de la semilibertad al aspecto exclusivamente
laboral -a diferencia de legislaciones extranjeras que también incluyen los
aspectos familiares, sociales y educativos- revalorizando la finalidad del trabajo como
un instrumento que dignifica y realiza al ser humano al hacerlo sentir alguien dentro
de la comunidad, más allá de la meta de satisfacción de necesidades económicas personales
que también importa.
Le corresponde su concesión al juez de ejecución penal (o al órgano judicial de
sentencia a falta de previsión legislativa de aquel), quien debe valorar la concurrencia
de los presupuestos exigidos en los Arts. 17 y 23 L.E.P., ejerciendo el control e impulso
necesarios a fines de la tramitación del expediente en tiempo y forma. Ello representará
una manifestación operativa de los principios rectores de la ejecución penal:
el de Judicialización y el de Inmediación de la Pena.
Los operadores judiciales, penitenciarios y la sociedad deben trabajar en conjun-
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204

RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA Y PAUTAS PARA SU OPERATIVIDAD
to en procura de la readaptación social del penado predispuesto a ello, partiendo de
la necesidad de un cambio de actitud en cuanto a la cuestión que representa la problemática
carcelaria y hasta la implementación de una política penitenciaría sería y
congruente con los fines de la ejecución de las penas privativas de la libertad. Ante
ello, proponemos:
• capacitación personal y profesional de los encargados administrativos y judiciales
de la ejecución penal;
• promover la participación comunitaria en el proceso de rehabilitación a través
de organismos estatales u organizaciones no gubernamentales;
• provisión de infraestructura y recursos materiales para el funcionamiento cotidiano
de los talleres de formación;
• capacitación laboral del interno según sus aptitudes y en miras a las demandas
del mercado laboral;
• apertura de registros de empleadores para facilitar la adecuada ocupación;
• previsiones legislativas en orden a cuestiones tributarias y previsionales de contratos
promocionados a favor de internos en semilibertad y el debido control estatal.
Sin lugar a dudas, nos queda mucho camino por andar y trabajo por hacer. Los
desafíos son más que importantes, y proporcionalmente deberán ser nuestras fuerzas.
El guante está tirado...
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
205

BIBLIOGRAFÍA
AA.VV., Prevención especial y patronato de presos y liberados , Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Advocatus, 2001.
Antecedentes Parlamentarios. Ley 24.660 – Ejecución de la pena privativa de la libertad,
Buenos Aires, La Ley, Año 1996 N° 9, 1996.
ARMENTA GONZÁLEZ-PALUENZA, FRANCISCO JAVIER-RODRÍGUEZ RAMÍREZ, VICENTE,
Reglamento penitenciario comentado. Análisis sistemático y recopilación de legislación, Alcalá
de Guadaira (Sevilla), MAD, 2001.
BECCARIA, CESARE, Tratado de los Delitos y de las Penas, Trad. Juan A. De las Casas,
Fabián, Prov. de Buenos Aires, Di Plácido, 1998.
BIDART CAMPOS, GERMÁN J. Manual de la constitución reformada, Tomo II, Buenos
Aires, Ediar.
CAFFERATA NORES, JOSÉ I., Cuestiones actuales sobre el proceso penal, 2° edición actualizada,
Buenos Aires, del Puerto, 1998.
Depalma, 1988.
, La excarcelación, Tomo I, 2° edición, Buenos Aires,
CARNELUTTI, FRANCESCO, Las miserias del proceso penal, Buenos Aires, Ejea, 1959.-
CERUTI, RAÚL A.-RODRÍGUEZ, GUILLERMINA B., Ejecución de la pena privativa de la libertad.
(ley 24.660)., Buenos Aires, La Rocca, 1998.
CESANO, JOSÉ D., Un estudio sobre las sanciones disciplinarias penitenciarias. Control jurisdiccional
e impugnación de los actos administrativos sancionatorios en la ley 24.660 y su reglamentación,
Córdoba, Alveroni, 2002.
Alveroni, 1997.-
LUIS R. GUILLAMONDEGUI
, Los objetivos constitucionales de la ejecución penitenciaria, Córdoba,
, “Los requisitos para la concesión de las salidas transitorias en la
nueva ley 24.660 y el principio de legalidad de la ejecución (A propósito de ciertos
criterios jurisprudenciales)” en Opúsulos de derecho penal y criminología N° 82,
Córdoba, Marcos Lerner, 1999.-
CLARIA OLMEDO, JORGE A., Derecho Procesal Penal, Tomo II actualizado por Carlos A.
Chiara Díaz, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fé, 2001.-
Criterios refundidos de actuación de los jueces de vigilancia penitenciaria aprobados en la VIII
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
206

RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA Y PAUTAS PARA SU OPERATIVIDAD
reunión (Madrid, Noviembre 1994).
CUELLO CALON, EUGENIO, La moderna Penología, Barcelona, 1958.
DAGA, LUIGI, “El régimen penitenciario abierto en Italia” en Opúsulos de derecho penal
y criminología N° 44, Córdoba, Marcos Lerner, 1991.
DE LA CUESTA ARZAMENDI, JOSÉ L., “El régimen abierto” en Anuario de Derecho Penal
y Ciencias Penales, Tomo XLIX, Madrid, 1996.
DE LA FUENTE, JAVIER ESTEBAN, “La Ley 24.660 y su aplicación en las provincias.
Situación de los procesados”, Revista de Derecho Penal – 2001-2, Santa Fé, Rubinzal-
Culzoni, 2002.
EDWARDS, CARLOS ENRIQUE, Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad..
Ley 24.660, Buenos Aires, Astrea, 1997.
FERNÁNDEZ GARCÍA, JULIO, Manual de Derecho Penitenciario, Coordinadores Berdugo
Gómez de la Torre - Zúñiga Rodríguez, Universidad de Salamanca-Colex, Madrid,
2001.
GARCÍA BASALO, JUAN CARLOS, El régimen penitenciario argentino, Buenos Aires,
Librería del Jurista, 1975.
GARCÍA VALDES, CARLOS, Comentarios a la Legislación Penitenciaria, Madrid, Civitas,
1995.
GUILLAMONDEGUI, LUIS, Ponencia “Régimen de Semilibertad. Su operatividad”, Libro
de Ponencias del XV Congreso Latinoamericano, VII Iberoamericano y XI Nacional de
Derecho Penal y Criminología - Córdoba/Octubre-2003-, T. II, Córdoba, Advocatus,
2003.
, Ponencia “Principios Rectores de la Ejecución Penal”,
presentada en el III Seminario Nacional e Internacional de Derecho Penal y Criminología,
Justicia y Sociedad (en homenaje a Julio Maier) organizado por la Universidad Nacional
de La Pampa (Noviembre-2003) en CD.
HADDAD, JORGE, Derecho Penitenciario, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999.
HERRERA, JULIO (H), “Apéndice. Trabajo del Dr. Julio Herrera (p) presentado en el
Congreso Penitenciario Nacional -1914-” en Redención y prevención. Ley orgánica de aplicación
de la pena y el amparo social. Código del niño, Buenos Aires, 1949.
JIMÉNEZ DE ASUA, LUIS, “El juez penal: su formación y funciones”, El Criminalista,
Tomo 2, La Ley, 1943.
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
207

KAUFMANN, HILDE, Ejecución penal y terapia social, Trad. Juan Bustos Ramírez, Buenos
Aires, Depalma, 1979.
Depalma, 1977.
, Principios para la reforma de la ejecución penal, Buenos Aires,
KENT, JORGE, Derecho de la ejecución penal. Una aproximación al tercer milenio, Buenos
Aires, Ad-Hoc, 1996.
, El Patronato de Liberados y el instituto de la libertad condicional, Buenos
Aires, Astrea, 1974.
, La resocialización de los penados. Un Desafío en el Nuevo Milenio, Buenos
Aires, Ad-Hoc, 1998.
LAJE ANAYA, JUSTO, Notas a la ley penitenciaria nacional N° 24.660, Córdoba,
Advocatus, 1997.
LAJE ANAYA, JUSTO-GAVIER, ENRIQUE, Notas al Código Penal, Tomo I, Córdoba, Lerner,
1994.
MAPELLI CAFFARENA, BORJA, “El régimen penitenciario abierto” en Cuadernos de
Política Criminal, Nº 7, 1979.
MARCO DEL PONT, LUIS, “El juez de ejecución penal (Una esperanza para el garantismo)”
en Opúsulos de derecho penal y criminología N° 83, Córdoba, Marcos Lerner, 1999.-
Depalma, 1982.
LUIS R. GUILLAMONDEGUI
, Penología y sistemas carcelarios, Tomo I, Buenos Aires,
MIR PUIG, CARLOS, “La prisión abierta” en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales,
Tomo XXVIII, Madrid, 1985.
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, “Tratamiento penitenciario: utopía no alcanzada o simple
quimera”, VI Jornadas Penitenciarias Andaluzas, 1989.
NEUMAN, ELÍAS, Prisión abierta, Buenos Aires, 1962.
,Evolución de la pena privativa de la libertad y regímenes penitenciarios, Buenos
Aires, Pannedille, 1971.
RACIONER CARMONA, FRANCISCO, Derecho penitenciario y privación de libertad. Una perspectiva
jurídica., Madrid, Dykinson, 1999.
RIVERA BEIRAS, IÑAKI, La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos. La construcción
de un ciudadano de segunda categoría, Barcelona, Bosch, 1997.
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
208

RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA Y PAUTAS PARA SU OPERATIVIDAD
RODRÍGUEZ ALONSO, ANTONIO, Lecciones de derecho penitenciario, 3º Edic., Granada,
Comares, 2003.
SALT, MARCOS GABRIEL, Los derechos fundamentales de los reclusos. España y Argentina,
Buenos Aires, del Puerto, 1999, con RIVERA BEIRAS, IÑAKI.
VAZQUEZ VIALARD, ANTONIO, Derecho del trabajo y de la seguridad social, Tomo I, 4°
edic., Buenos Aires, Astrea, 1991.
ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL, Manual de derecho penal. Parte general., Buenos Aires,
Ediar, 1997.
Recursos informáticos
www.opgaversa.it./Documenti/norme_ord_pen.htm.
www.cajpe.or.pe/rij/bases/legisla/peru/peruejpe.htm
www.dji.com.br/leis_ordinarias/1984-007210-lep.htm
www.clarin.com.ar
CUADERNOS DE DERECHO PENAL
209