“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

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07.05.2013 Views

Salud El evento en sí o sus secuelas pueden tener consecuencias negativas para la salud. Las ciencias sociales han registrado los efectos de los desalojos y del reasentamiento sobre el aumento de los índices de mortalidad y morbilidad de las comunidades afectadas. Si bien estas importantes consecuencias se consideran Pérdidas No Materiales de las Víctimas, es claro que el cuidado que ellas exigen sí puede calcularse. La pérdida de la vida, de miembros u otros efectos en la salud son objeto de leyes en los Estados con la finalidad de calcular la indemnización de las víctimas en demandas de seguros y en otros casos que involucren pleitos legales. Una muestra de estos métodos extraida extraída de las referidas leyes podría integrar una metodología compuesta para calcular aquí la pérdida de salud de las víctimas. La superpoblación, como por ejemplo en refugios u hogares alternativos, suele tener efectos negativos en la salud para los desalojados, así como también para aquellos que proporcionan el refugio en sus propias instalaciones. El cuidado y tratamiento de estos efectos en la salud (como influenza, sarna, desnutrición, etc.) representan un valor adicional de estos costos de salud. Viviendas provisionales Con frecuencia, las víctimas de desalojos, confiscaciones y demoliciones procuran viviendas alternativas con parientes o amigos, ya sean dentro de la comunidad o en otro lugar. Este alojamiento tiene un valor, que deberá calcularse sobre la base de las tarifas justas de alquiler, ya sea que se pague alquiler o no; sigue siendo un costo o valor que, de alguna u otra forma, es subsidiado. Puede también llevar a una definición real más extendida de quiénes son las víctimas, ya que las personas o los grupos que ofrecen asistencia en varias formas pueden considerarse víctimas secundarias en virtud de la pérdida—voluntaria o no—que padecen como resultado de ofrecer su ayuda a las personas directamente afectadas por el desalojo, la confiscación o la demolición. Gastos burocráticos y honorarios legales Al verse amenazada de desalojo, demolición, confiscación, la posible víctima probablemente invierta en tiempo y dinero para impedir o defenderse contra el probable desalojo, demolición o confiscación (si la amenaza se conoce de antemano). La inversión de tiempo y los costos monetarios resultantes tanto de los procesos burocráticos como del asesoramiento legal y trabajo de defensa, deberán cuantificarse. Aun en el caso de que el asesoramiento legal esté libre de cargo para la/s personas afectadas, quienes prestan tal asesoramiento (ONGs, Organizaciones Comunitarias u otros servicios gratuitos) deben avaluar ese servicio a los fines de este ejercicio de costos. (Los costos de los esfuerzos burocráticos de los funcionarios públicos se determinan a continuación bajo “Otros Costos No Materiales”.) Antes de que la/s víctimas puedan volver a tener una vivienda adecuada, convencionalmente deben llevar a cabo un trámite, que implica costos, a fin de obtener un permiso para volver a construir o recuperar de otra forma su vivienda. Los costos implicados en este proceso, incluyendo honorarios, servicios legales, sobornos y otros gastos monetarios deben incluirse como categoría con derecho propio.

Vivienda alternativa/sustituta El costo que supone asegurarse una vivienda similar, en forma permanente, se representa aquí. (Los costos de alojamiento temporal se analizan con anterioridad bajo “Vivienda Provisional”.) Se entiende que una vivienda similar tiene aproximadamente las mismas dimensiones espaciales, infraestructura, ubicación apropiada y servicios que el hogar perdido como consecuencia de la violación del derecho de la vivienda. Esto puede implicar el cálculo de reemplazar las características de la vivienda original, con algunas correcciones, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, se puede encontrar una vivienda similar cerca de la fuente de sustento, pero ésta puede estar dentro una gama de precios distinta, y, por lo tanto la cifra corregida debe reflejarlo. Tal vivienda puede ser similar en la mayoría de los aspectos, pero es posible que los servicios o la infraestructura sean insuficientes. En tal caso deberá sumarse el costo que supone la obtención de tales servicios o infraestructura a las tarifas locales. De la misma forma, si la vivienda sustituta es similar a la vivienda original perdida, pero su ubicación apropiada es menos conveniente en lo referente al traslado hacia el lugar de trabajo o al lugar donde viven los familiares o los miembros de la comunidad original, tal costo adicional de transporte estaría incluido en la sección “Transporte” que obra más abajo. Dado que el carácter de esta categoría de costos es, en mayor o menor medida, permanente, debe indicarse en la columna de costos de la matriz bajo el título “A Largo Plazo”. Típicamente, la obtención de una vivienda sustituta permanente es un proceso prolongado; por consiguiente, el cálculo de estos costos sería objeto de monitoreo de los casos de violación del derecho a la vivienda, además de proporcionar otro argumento para el mismo. Reasentamiento Los gastos de viaje y transporte de objetos a los sitios de las viviendas provisorias y sustitutas forman parte del costo de reasentamiento. Probablemente, éste también implique los esfuerzos y el tiempo de varias personas —con valores equivalentes—a fin de ubicar y garantizar las alternativas de vivienda a corto y largo plazo. Deben calcularse, con el mayor detalle posible, todos los costos relacionados. Costos de transporte Esta categoría está formada por el monto que expresa la diferencia entre la suma gastada en transporte como resultado del desalojo, la demolición o la confiscación y las sumas gastadas (de corresponder) en transporte en circunstancias normales en el lugar original de residencia. Tales valores incluyen los gastos y también el tiempo en viaje hacia y desde el lugar de trabajo, los familiares y los miembros de la comunidad, hacer las compras, llevar a cabo actividades culturales y religiosas, visitar cementerios, realizar otras actividades oficiales o privadas, etc. Pérdidas No Materiales de las Víctimas Salud Además del costo asociado al tratamiento médico, el deterioro de la salud tiene un valor que rara vez se calcula en términos monetarios. En la jurisprudencia local relativa a casos de divorcio, tráfico y seguros, se pueden encontrar métodos para calcular el valor de la pérdida

Salud<br />

El evento en sí o sus secuelas pue<strong>de</strong>n tener consecuencias negativas para la salud. Las<br />

ciencias sociales han registrado los efectos <strong>de</strong> los <strong>de</strong>salojos y <strong>de</strong>l reasentamiento sobre el<br />

aumento <strong>de</strong> los índices <strong>de</strong> mortalidad y morbilidad <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s afectadas. Si bien<br />

estas importantes consecuencias se consi<strong>de</strong>ran Pérdidas No Materiales <strong>de</strong> las Víctimas, es<br />

claro que el cuidado que ellas exigen sí pue<strong>de</strong> calcularse. La pérdida <strong>de</strong> la vida, <strong>de</strong><br />

miembros u otros efectos en la salud son objeto <strong>de</strong> leyes en los Estados con la finalidad <strong>de</strong><br />

calcular la in<strong>de</strong>mnización <strong>de</strong> las víctimas en <strong>de</strong>m<strong>and</strong>as <strong>de</strong> seguros y en otros casos que<br />

involucren pleitos legales. Una muestra <strong>de</strong> estos métodos extraida extraída <strong>de</strong> las referidas<br />

leyes podría integrar una metodología compuesta para calcular aquí la pérdida <strong>de</strong> salud <strong>de</strong><br />

las víctimas.<br />

La superpoblación, como por ejemplo en refugios u hogares alternativos, suele tener efectos<br />

negativos en la salud para los <strong>de</strong>salojados, así como también para aquellos que<br />

proporcionan el refugio en sus propias instalaciones. El cuidado y tratamiento <strong>de</strong> estos<br />

efectos en la salud (como influenza, sarna, <strong>de</strong>snutrición, etc.) representan un valor adicional<br />

<strong>de</strong> estos costos <strong>de</strong> salud.<br />

Viviendas provisionales<br />

Con frecuencia, las víctimas <strong>de</strong> <strong>de</strong>salojos, confiscaciones y <strong>de</strong>moliciones procuran<br />

viviendas alternativas con parientes o amigos, ya sean <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la comunidad o en otro<br />

lugar. Este alojamiento tiene un valor, que <strong>de</strong>berá calcularse sobre la base <strong>de</strong> las tarifas<br />

justas <strong>de</strong> alquiler, ya sea que se pague alquiler o no; sigue siendo un costo o valor que, <strong>de</strong><br />

alguna u otra forma, es subsidiado. Pue<strong>de</strong> también llevar a una <strong>de</strong>finición real más<br />

extendida <strong>de</strong> quiénes son las víctimas, ya que las personas o los grupos que ofrecen<br />

asistencia en varias formas pue<strong>de</strong>n consi<strong>de</strong>rarse víctimas secundarias en virtud <strong>de</strong> la<br />

pérdida—voluntaria o no—que pa<strong>de</strong>cen como resultado <strong>de</strong> ofrecer su ayuda a las personas<br />

directamente afectadas por el <strong>de</strong>salojo, la confiscación o la <strong>de</strong>molición.<br />

Gastos burocráticos y honorarios legales<br />

Al verse amenazada <strong>de</strong> <strong>de</strong>salojo, <strong>de</strong>molición, confiscación, la posible víctima probablemente<br />

invierta en tiempo y dinero para impedir o <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>rse contra el probable <strong>de</strong>salojo,<br />

<strong>de</strong>molición o confiscación (si la amenaza se conoce <strong>de</strong> antemano). La inversión <strong>de</strong> tiempo y<br />

los costos monetarios resultantes tanto <strong>de</strong> los procesos burocráticos como <strong>de</strong>l<br />

asesoramiento legal y trabajo <strong>de</strong> <strong>de</strong>fensa, <strong>de</strong>berán cuantificarse. Aun en el caso <strong>de</strong> que el<br />

asesoramiento legal esté libre <strong>de</strong> cargo para la/s personas afectadas, quienes prestan tal<br />

asesoramiento (ONGs, Organizaciones Comunitarias u otros servicios gratuitos) <strong>de</strong>ben<br />

avaluar ese servicio a los fines <strong>de</strong> este ejercicio <strong>de</strong> costos. (Los costos <strong>de</strong> los esfuerzos<br />

burocráticos <strong>de</strong> los funcionarios públicos se <strong>de</strong>terminan a continuación bajo “Otros Costos<br />

No Materiales”.)<br />

Antes <strong>de</strong> que la/s víctimas puedan volver a tener una vivienda a<strong>de</strong>cuada,<br />

convencionalmente <strong>de</strong>ben llevar a cabo un trámite, que implica costos, a fin <strong>de</strong> obtener un<br />

permiso para volver a construir o recuperar <strong>de</strong> otra forma su vivienda. Los costos implicados<br />

en este proceso, incluyendo honorarios, servicios legales, sobornos y otros gastos<br />

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