“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

Aplicado a la información, la educación y la capacidad organizativa e
institucionalizada
De haber controversia en el ámbito del derecho a la vivienda, en la que esté en juego el
acceso a la información, educación o formación de capacidades, los Estados están
obligados a garantizar que se aplique la fuerza de la ley en un contexto de igualdad,
inalienabilidad y universalidad de los derechos, particularmente con respecto al derecho
humano afectado (esto es, el de vivienda adecuada). En los casos en que el Estado (esto
es, los juzgados, instituciones públicas de financiación, planificadores en el ámbito
municipal, policía, etc.) desempeñe un papel en la disputa sobre tenencia, tiene la
responsabilidad de guiarse según sus obligaciones para con los derechos humanos y evitar
la violación del derecho a la vivienda, incluidos el acceso a la información, educación y
formación de capacidades, y evitar el desahucio ilegal forzado u otras formas de violencia
vinculada a la negación del acceso a la información, educación o formación de capacidades.
El Estado que se guíe por la ley, sus agentes e instancias, no habrán de impedir el acceso a
la información, educación ni formación de capacidades en la esfera de la vivienda, tampoco
ejercerán ninguna forma de discriminación arbitraria en contra de las/los propietarios.
Las/los ciudadanos que sufrieron pérdida injusta o ilegal de su vivienda como resultado de
cualquier acción que les negó el acceso a la información, educación y formación de
capacidades tienen derecho a recurrir libremente a los recursos legales disponibles, incluida
la compensación a la víctima, ante lo cual el Estado mantiene la obligación correspondiente
No regresividad / realización progresiva
Descripción general
El Artículo 2 del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales identifica la
obligación del Estado Parte de asegurar el “logro progresivo” de los DESC. Esto se
interpreta comúnmente para significar que el Estado Parte viola esta disposición si tolera o
causa “regresión” en el disfrute del derecho. La jurisprudencia relevante ha establecido que,
aún en situaciones de escasos recursos, el Estado debe hacer esfuerzos de buena fe,
inclusive a través de la cooperación internacional, para avanzar—y no derogar—el disfrute
de los DESC, incluyendo vivienda adecuada y sus elementos constitutivos.
Los Comités encargados de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales aclaran
que ni los procesos políticos, ni la legislación doméstica, ni la escasez de recursos o los
acuerdos con otros actores pueden ser invocados para justificar la no implementación de las
obligaciones consagradas en los tratados de derechos humanos. 937 La naturaleza
obligatoria de un tratado se aclara más en la Conferencia de Viena sobre la Ley de Tratados
(1969), que especifica en sus Artículos 27 y 46 que la invocación de una ley interna no es
admisible como justificación para la no implementación de una obligación adquirida por
medio de un tratado. 938 Para armonizar las obligaciones por tratado con la implementación
local, las obligaciones de derechos humanos surgidas de los tratados y la jurisprudencia
937 Carta de la Presidenta del CESCR, Mme. Virginia Bonoan-Dandan, a S.E. M. Yaakov Levy, Representante Permanente
de la Misión Permanente de Israel a la Oficina de las Naciones Unidas y Agencias Especializadas en Ginebra, 11 de
mayo de 2001, anexo a la Carta del Presidente del Comité DESC al Presidente de ECOSOC (11 de mayo de 2001).
938 Articuló 27 (Internal law and observance of treaties): “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 46.” Articuló 46 (Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados) dice:
“1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una
disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho
Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia
fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier
Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.”