“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y
sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el
orden cultural y educativo; y
c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales
de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la
efectividad de tales derechos y libertades.
Cada Estado por lo tanto tiene la obligación, a través de la acción unilateral, bilateral y
multilateral, de promover el respeto universal y la observación de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de acuerdo con la Carta. Su Artículo 2.2 aclara la obligación
universal de membresía estatal de manera que:
Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios
inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones
contraidas por ellos de conformidad con esta Carta.
El principio de autodeterminación ha sido reafirmado progresivamente y definido legalmente
en todo el sistema de la ONU desde su fundación. 909 El significado material de la
autodeterminación se elabora en mayor detalle en los Pactos sobre derechos humanos
adoptados en 1966. 910 El Artículo 1(2) común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos CIDCP y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
establece que:
Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus
riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la
cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio
recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a
un pueblo de sus propios medios de subsistencia
También, integral al derecho inalienable de autodeterminación está la cuestión de cómo las
personas/ comunidades ejercitan un papel efectivo en la determinación de los términos por
medio de los cuales realizan el derecho humano a la vivienda adecuada. La
autodeterminación es un derecho de los pueblos, no de los Estados. Sin embargo, el Estado
es la personalidad jurídica obligada a asegurar la protección, defensa, promoción y
cumplimiento de la autodeterminación como su deber bajo la ley pública internacional, así
como el factor esencial de legitimidad del Estado mismo. 911
El concepto de y el derecho a la autodeterminación, manifestados en un multitud de tipos y
expresiones de control local efectivo sobre el desarrollo y las relaciones dentro de una
comunidad y territorio, pueden involucrar autodeterminación tanto externo como interno, o
sea, independencia nacional como en la distinción formal de una unidad de
909 Por ejemplo, véase Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales (1960),
Preámbulo y Artículo 7; “Soberania permanente sobre los recursos naturales,” Asamblea General Resolución 1803
(XVII) (1962), Preámbulo y párrafos 1–2, 5–7; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Racismo y Discriminación Racial (1965), Artículos 1 y 5; Declaración sobre Progreso Social y Desarrollo (1969),
Artículos 2, 3 y Parte II; Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional (1970), Preámbulo y esp., “Los
Principios de igualdad de derecho y de autodeterminaciَn de los pueblos”; ECOSOC Declaración sobre Raza y Prejuicio
Racial (1978), Artículos 1, 3, 5 y 9 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986) Preámbulo y Artículos 1, 6 y 8.
910 Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y
entrada por la Asamblea General, Resolución 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966 (entrado en vigor el 3 de enero
de 1976 de acuerdo a su Artículo 27); Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma,
ratificación y entrada por la Asamblea General, Resolución 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966 (entrado en vigor el
23 de marzo de 1976 de acuerdo a su Artículo 49).
911 En acuerdo con el principio de la Declaración Universal de Derechos Humanos Artículo 21, el cual establece que “la
voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”