“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

Como se confirma en los precedentes apartados en materia de leyes y garantías, el Estado
implicado siempre es la principal autoridad responsable. El Estado es la personalidad legal
que, según lo dispuesto en los tratados, está obligada a respetar, proteger, promover y
cumplir los derechos humanos, pero también a ayudar a los que han sido privados de ellos.
El deber del Estado es triple:
• Evitar las carencias.
• Proteger y defender a los que sufren carencias.
• Ofrecer remedio en forma de asistencia y justicia a los necesitados.
Puede que le parezca que el Estado, como autoridad responsable, ha cometido actos que
provocan carencias, o ha evitado proteger o remediar las carencias poniendo los obstáculos
mencionados más arriba. Uno puede pensar que la autoridad está limitada por otros actores
o factores, como las catástrofes naturales, o la recesión económica global.
Se conoce la identidad de las instituciones y las fuerzas creadas por el hombre, tanto
internas como externas, que pueden estar contribuyendo a la violación de los derechos.
Esto incluye a actores como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, una
corporación multinacional o planificadores nacionales. Puede parecerle que estas partes
son directa o indirectamente responsables de la pobreza, o de las condiciones que la
provocan. Además, también lo son factores como la deuda o las prácticas sociales
tradicionales. Especialmente cuando el papel del Estado es pasivo (esto es, por ignorar o
fracasar a la hora de proteger y garantizar un remedio para las víctimas), otros actores
pueden empezar a destacar. Las compañías privadas, incluyendo las corporaciones
multinacionales, por ejemplo, adquieren bienes regularmente y llevan a cabo proyectos que
implican desalojos forzados y confiscación de tierras. En algunos casos, los bancos de
desarrollo regional e internacional cuentan con una planificación bien articulada en materia
de compensación/ reubicación apropiada. Sin embargo, estas compañías son a veces la
mano derecha de las políticas estatales o los ejecutores de proyectos públicos
internacionales. Por ello, puede ser crucial registrar las relaciones entre diferentes actores
formando así una cadena completa de las autoridades responsables.
Uno no debe desechar la posibilidad de que las autoridades responsables, especialmente
como violadoras que deben remedio y restitución a las víctimas, también son a veces
miembros de la comunidad, o incluso miembros de la familia de la(s) víctima(s). ¿Cuál es el
deber del Estado en situaciones como éstas?
Como personalidad legal obligada a respetar, defender, promover y cumplir el derecho de
todos los hombres a una vivienda digna, el deber del Estado reside directamente en la
ejecución de sus obligaciones en materia de derechos humanos para regular el
comportamiento de las personas legales dentro de su jurisdicción (y de las áreas en las que
ejerce un control efectivo) con el fin de hacer respetar los derechos. Los tratados sobre los
derechos humanos, además de otros instrumentos, funcionan como una guía sobre cómo
los Estados- y los gobernantes- deberían tratar el tema de las violaciones de los derechos
humanos cometidas por terceras partes, no sólo como un asunto de derecho civil y delictivo,
sino también como un medio para garantizar la legitimidad del gobierno implicado, o incluso
del Estado en sí mismo.
Para obtener un resumen completo de las cuestiones que deben ser planteadas para
identificar a las autoridades responsables y las obligaciones legales aplicables, puede
utilizar este “Kit de herramientas” de forma muy efectiva, ya que a cada elemento relativo al
derecho a una vivienda digna que usted ha identificado como relevante a su propio caso le
corresponden una o varias autoridades responsables.