“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

Los programas de privatización pueden llevar a la privación del derecho a la seguridad de
tenencia. En el caso de trabajadores residentes en vivienda administrativa, quienes sufren
despidos como parte de la privatización o desmembramiento de una empresa estatal,
pueden perder su tenencia. Aún en casos donde la legislación local está ausente, las
obligaciones internacionales pactadas permanecen para uso del Estado Parte en la defensa
del derecho humano del trabajador a la vivienda adecuada con protección legal y aplicable
para su seguridad de tenencia y todos los demás derechos relacionados al derecho a la
vivienda.
Como ejemplo extremo de cooperación internacional conducida en violación explícita de los
DESC aplicables a la vivienda adecuada y a la seguridad de tenencia sería en el escenario
en que un Estado participase en, o permitiese que terceras partes lleven a cabo actos u
omisiones que contribuyesen a la transferencia de poblaciones o cualquier crimen
internacional relacionado, tal como deportaciones masivas, limpieza étnica, destrucción de
propiedad civil o privada, implantación de asentamientos, u otras formas de manipulación
demográfica de una unidad de autodeterminación interna o externa. El deber prohíbe a los
Estados Partes permitir que recursos públicos o privados se destinen a colonias que se
asientan en un territorio ocupado, por ejemplo: participar en cualquier acto u omisión que
facilitase la violación de esta manera del Pacto u otras obligaciones pactadas por otro
Estado miembro. Hay numerosos ejemplos en la actualidad de países en donde estas
formas de violaciones permanecen sin respuesta con la complicidad y colaboración de otros
Estados. La impunidad caracteriza muchos de estos crímenes, ya que los autores no han
enfrentado juicio a ningún nivel, ni en la Corte Internacional de Justicia.
La participación de un Estado en sanciones económicas internacionales o bloqueos que
llevan a violaciones de los DESC de personas que no sean los residentes o ciudadanos del
propio Estado Parte pueden llevar a condiciones que socavan los derechos a la vivienda. El
Comité DESC ha ofrecido orientación a Estados Partes del Pacto sobre los DESC afectados
por regímenes de sanciones y sujetos a medidas protectoras para evitar la regresión o
violación de los derechos. 829
El suministro directo o participación en programas multilaterales de asistencia financiera o
para el desarrollo, pueden de hecho llevar a violaciones de derechos consagrados en el
Pacto (estancamiento, deterioro o negación de trabajo, educación, derechos a la vivienda o
la salud, desalojos forzados, etc.) y constituyen una violación de obligaciones pactadas. En
particular, el Pacto DESC y los derechos allí consagrados deben orientar y regir las políticas
y conducta de un Estado en cualquier institución multilateral que impone condiciones
económicas a otros Estados o sus agentes que traducen en consecuencias negativas para
el derecho a la vivienda de sus habitantes. El legado del apoyo originado en los bancos de
desarrollo para los desalojos forzados de todas las escalas y niveles de privación se ha
vuelto notorio, y cualquier Estado que promueve, financie o participe directa o
indirectamente en la toma de decisiones relacionadas o ejecución de estas políticas podría
estar en violación de sus obligaciones pactadas en materia de derechos humanos.
Aplicado al entorno apropiado al nivel culturel
La cooperación internacional para el desarrollo, así como el comercio y la inversión habrán
de mejorar las características de adecuación cultural de la vivienda en la esfera local. La
legislación pública internacional requiere que las diversas formas de asistencia y
829
Véase Comité DESC Observación General No. 8, “Relación entre las sanciones económicas y el respeto de los
derechos económicos, sociales y culturales”.