“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network
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Costos Materiales de Afectados Indirectos (costos públicos) Policía Los oficiales de policía encargados de cometer o remediar una violación del derecho a la vivienda y a la tierra, por ejemplo, representan un costo para las arcas públicas. Se puede calcular la cantidad de los mismos, multiplicada por la cantidad de horas/días de labor y por los salarios y beneficios correspondientes y así llegar a una estimación de los costos públicos en los que se incurrió. Topadoras En algunos casos (como por ejemplo, en Israel), los tribunales libran órdenes que obligan a determinados habitantes y la comunidades objetivo a demoler sus propios hogares. En caso de que no cumplan, el Estado se encarga de llevar a cabo la orden y le cobra el servicio a las víctimas. En otros casos, el monitor de derechos a la vivienda tendrá que calcular el costo de utilizar el equipo y el salario del operador para determinar el gasto público al llevar a cabo esta parte de la violación. Profesionales legales Los abogados, ya sea los que promueven acciones en contra de los derechos a la vivienda y a la tierra o los que defienden estos derechos, así como los jueces, los fiscales y el personal de los tribunales, dedican tiempo y materiales de los presupuestos públicos. Su nivel de esfuerzo y costo por unidad de tiempo (horas o días) podría conformar un método para calcular estos costos públicos. Ejército El personal y el equipo militar utilizado en la violación (o en la defensa en contra de la misma) también representa un costo. La cuantificación de estos costos puede ser un ejercicio más evasivo, pero puede servir para plantear estimados para la consideración de su público. Otras fuerzas Los departamentos públicos pueden subcontratar ciertas tareas y funciones a privados; no obstante, los gastos relacionados con el caso en cuestión integrarían los costos no materiales de afectados indirectos. Costos burocráticos y de personal Es posible que la inspección, el procesamiento administrativo, el trabajo secretarial y de otro tipo que se lleva a cabo en las instituciones públicas se relacione con su caso y sea solventado por los contribuyentes. El estimado que realice que estos valores forma parte de la escena pública de costos.
Costos No Materiales de Afectados Indirectos Costos sociales Las violaciones de los derechos a la vivienda pueden ser una causa o una consecuencia del malestar social de un país. El desmejoramiento en las condiciones de vida de una comunidad suele coincidir con un incremento en la violencia social, y esta distorsión a menudo genera nuevas relaciones adversas entre los habitantes que compiten por un territorio y una propiedad, ya sea en el sitio original o en el sitio del reasentamiento. Las condiciones de vida paupérrimas también podrían provocar un aumento en las prácticas y los patógenos que significan un costo social manifestado en el desmejoramiento de la salud pública. Orden cívico Claramente vinculado a los derechos a la vivienda y a otros derechos económicos y sociales, normalmente el orden cívico se deteriora en forma directamente proporcional a la pérdida de las condiciones de vida. La resistencia a los desalojos y a las reubicaciones forzosas, a las demoliciones y al desposeimiento, no es más que la reacción natural ante una crisis del orden cívico, incluyendo la caracterizada por el incumplimiento del Estado de su obligación de implementar el respeto, la defensa, la promoción y el perfeccionamiento del derecho a una vivienda y tierra adecuadas. Legitimidad política Dependiendo de las circunstancias y del alcance de una situación determinada, la violación de los derechos a la vivienda y a la tierra podría minar la legitimidad del partido político, el gobierno o aun del Estado en cuyo nombre se comete la violación. En cambio, resolver y remediar una violación puede tener el efecto opuesto de recuperar la pérdida de la credibilidad y legitimidad oficiales. Matriz de Pérdidas Formulario de Inventario de la Casa 7.8. Responsables directos y subsidarios El monitor profesional de DHVA deberá facilitar una lista lo más completa posible de las autoridades legales y moralmente responsables. Estas autoridades legales (esto es, el Estado y sus representantes) pueden obrar conjuntamente con otros agentes tanto para la violación como para la búsqueda de una solución potencial. La audiencia de sus futuras acciones, ya sean el público general, periodistas, o un fiscal o juez, necesitará una lista clara y completa de las personalidades legales, de quiénes son los responsables de los actos cometidos y/ u omitidos, y de quién hace qué a quién, desde el principio hasta el presente. Como se confirma en los precedentes apartados en materia de leyes y garantías, el Estado implicado siempre es la principal autoridad responsable. El Estado es la personalidad legal que, según lo dispuesto en los tratados, está obligada a respetar, proteger, promover y cumplir los derechos humanos, pero también a ayudar a los que han sido privados de ellos. El deber del Estado es triple:
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Policía<br />
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vivienda y a la tierra, por ejemplo, representan un costo para las arcas públicas. Se pue<strong>de</strong><br />
calcular la cantidad <strong>de</strong> los mismos, multiplicada por la cantidad <strong>de</strong> horas/días <strong>de</strong> labor y por<br />
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públicos en los que se incurrió.<br />
Topadoras<br />
En algunos casos (como por ejemplo, en Israel), los tribunales libran ór<strong>de</strong>nes que obligan a<br />
<strong>de</strong>terminados habitantes y la comunida<strong>de</strong>s objetivo a <strong>de</strong>moler sus propios hogares. En caso<br />
<strong>de</strong> que no cumplan, el Estado se encarga <strong>de</strong> llevar a cabo la or<strong>de</strong>n y le cobra el servicio a<br />
las víctimas. En otros casos, el monitor <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos a la vivienda tendrá que calcular el<br />
costo <strong>de</strong> utilizar el equipo y el salario <strong>de</strong>l operador para <strong>de</strong>terminar el gasto público al llevar<br />
a cabo esta parte <strong>de</strong> la violación.<br />
Profesionales legales<br />
Los abogados, ya sea los que promueven acciones en contra <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos a la vivienda<br />
y a la tierra o los que <strong>de</strong>fien<strong>de</strong>n estos <strong>de</strong>rechos, así como los jueces, los fiscales y el<br />
personal <strong>de</strong> los tribunales, <strong>de</strong>dican tiempo y materiales <strong>de</strong> los presupuestos públicos. Su<br />
nivel <strong>de</strong> esfuerzo y costo por unidad <strong>de</strong> tiempo (horas o días) podría conformar un método<br />
para calcular estos costos públicos.<br />
Ejército<br />
El personal y el equipo militar utilizado en la violación (o en la <strong>de</strong>fensa en contra <strong>de</strong> la<br />
misma) también representa un costo. La cuantificación <strong>de</strong> estos costos pue<strong>de</strong> ser un<br />
ejercicio más evasivo, pero pue<strong>de</strong> servir para plantear estimados para la consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong><br />
su público.<br />
Otras fuerzas<br />
Los <strong>de</strong>partamentos públicos pue<strong>de</strong>n subcontratar ciertas tareas y funciones a privados; no<br />
obstante, los gastos relacionados con el caso en cuestión integrarían los costos no<br />
materiales <strong>de</strong> afectados indirectos.<br />
Costos burocráticos y <strong>de</strong> personal<br />
Es posible que la inspección, el procesamiento administrativo, el trabajo secretarial y <strong>de</strong> otro<br />
tipo que se lleva a cabo en las instituciones públicas se relacione con su caso y sea<br />
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la escena pública <strong>de</strong> costos.