“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

los tratados han ahondado más para aclarar que ni los procesos políticos, ni la legislación
doméstica, ni la escasez de recursos, ni acuerdos con otros actores pueden ser usados
para justificar la no implementación de las obligaciones pactadas en materia de derechos
humanos. 726[7]
La no discriminación es quizás la más obvia y urgente de los principios inmediatos en la
implementación del derecho humano a la vivienda adecuada. El Comité DESC ofrece
orientación específica tal que, entre otras cosas, “Los Estados Partes deben otorgar la
debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables
concediéndoles una atencón especial. Las políticas y la legislación, en consecuencia, no
deben ser destinadas a beneficiar a los grupos sociales ya aventajados a expensas de los
demás.” 727[8]
Las medidas necesarias para el cumplimiento estatal con las obligaciones de aplicación
inmediata incluyen obligaciones negativas. O sea, varias de las medidas para la realización
del derecho humano a la vivienda adecuada requieren poco más que que el Estado y sus
agentes se abstengan de ciertas prácticas dañinas, tales como la demolición arbitraria de
viviendas y desalojos forzados, y un compromiso verdadero de facilitar la autoayuda o
producción social del hábitat llevado a cabo por grupos necesitados. Tales modificaciones
en la conducta del Estado no requieren gastos significativos de recursos públicos.
Universalidad
El principio de la “universalidad” de los derechos humanos se expresa de manera sencilla
en el reconocimiento otorgado por la DUDH de que “Todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Artículo 1). Todo ser humano, sin
excepción, goza de los mismos derechos humanos por virtud de ser miembro de la familia
humana. Desde un punto de vista moral, la universalidad de los derechos humanos es un
principio esencial, sí la civilización humana tiene la esperanza de avanzar hacia un mundo
mejor. En derecho internacional, el texto del Pacto DESC también habla de manera
coherente sobre el derecho de “todos”, obligando a los Estados a no discriminar en su
apego a las obligaciones esenciales mínimas. En el campo de la vivienda, en particular, los
Estados están prohibidos a interpretar sus obligaciones esenciales mínimas para aplicación
selectiva, o sea, sólo para sus ciudadanos o sólo ciertos ciudadanos, sino también deben
asegurar que el derecho humano a la vivienda adecuada sea realizado para “todos”
incluyendo residentes, inmigrantes y trabajadores migrantes, etc. La única condición
permitida por ley es que los sujetos de derechos humanos se califican como miembros de la
familia humana.
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.” Artículo 46: “Disposiciones de legislación interna referentes a
competencia para firmar tratados” establece que “1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un
tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para
celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea
manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es manifiesta si
resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena
fe.”
726[7] Carta de la presidenta del CESCR, Mme. Virginia Bonoan-Dandan, a S.E. M. Yaakov Levy, Representante
Permanente de la Misión Permanente de Israel a la Oficina de las Naciones Unidas y Agencias Especializadas en
Ginebra, 11 de mayo de 2001, anexo a la Carta del Presidente del Comité DESC al Presidente de ECOSOC (11 de mayo
de 2001).
727[8] Observación General No. 4, párrafo 11.
727[9] La Convención de Viena establece en su Artículo 27 que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado," y artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos dice: "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constituciَn o por la ley."