“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

inalienabilidad y universalidad de los derechos, particularmente con respecto al derecho
humano de vivienda adecuada. En los casos en que el Estado (esto es, los juzgados o
policía) desempeñe un papel en la controversia sobe la ubicación de vivienda, tiene la
responsabilidad de guiarse según sus obligaciones para con los derechos humanos y evitar
la violación del derecho a la vivienda, incluyendo los aspectos relativos a su ubicación, así
como el desahucio forzado e ilegal u otras formas de violencia o comportamiento punitivo
inconsistente con los principios de (1) presunción de inocencia hasta tanto se pruebe lo
contrario y, en caso del uso de la fuerza, (2) su necesidad y (3) proporcionalidad
El Estado que se guíe por la ley, sus agentes e instancias, no habrán de utilizar criterios
arbitrarios para la ubicación de la vivienda o ejercer ninguna otra forma de discriminación
arbitraria en contra de las y los ciudadanos involucrados en la ubicación de sus viviendas.
Las/los ciudadanos cuyas viviendas se encuentren ubicadas injusta o ilegalmente en
lugares inapropiados tienen derecho a recurrir libremente a los recursos legales disponibles,
incluida la compensación a la víctima, ante lo cual el Estado mantiene la obligación
correspondiente
No regresividad / realización progresiva
Descripción general
El Artículo 2 del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales identifica la
obligación del Estado Parte de asegurar el “logro progresivo” de los DESC. Esto se
interpreta comúnmente para significar que el Estado Parte viola esta disposición si tolera o
causa “regresión” en el disfrute del derecho. La jurisprudencia relevante ha establecido que,
aún en situaciones de escasos recursos, el Estado debe hacer esfuerzos de buena fe,
inclusive a través de la cooperación internacional, para avanzar—y no derogar—el disfrute
de los DESC, incluyendo vivienda adecuada y sus elementos constitutivos.
Los Comités encargados de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales aclaran
que ni los procesos políticos, ni la legislación doméstica, ni la escasez de recursos o los
acuerdos con otros actores pueden ser invocados para justificar la no implementación de las
obligaciones consagradas en los tratados de derechos humanos. 711 La naturaleza
obligatoria de un tratado se aclara más en la Conferencia de Viena sobre la Ley de Tratados
(1969), que especifica en sus Artículos 27 y 46 que la invocación de una ley interna no es
admisible como justificación para la no implementación de una obligación adquirida por
medio de un tratado. 712 Para armonizar las obligaciones por tratado con la implementación
local, las obligaciones de derechos humanos surgidas de los tratados y la jurisprudencia
deben orientar la formulación de las políticas y los procesos de toma de decisión en los
Estados legítimos. Por lo tanto, un proceso para realizar los derechos no debe retrocederse,
sino debe asegurar la mejora continua de las condiciones de vida (Artículo 11).
711 Carta de la Presidenta del CESCR, Mme. Virginia Bonoan-Dandan, a S.E. M. Yaakov Levy, Representante Permanente
de la Misión Permanente de Israel a la Oficina de las Naciones Unidas y Agencias Especializadas en Ginebra, 11 de
mayo de 2001, anexo a la Carta del Presidente del Comité DESC al Presidente de ECOSOC (11 de mayo de 2001).
712 Articuló 27 (Internal law and observance of treaties): “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 46.” Articuló 46 (Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados) dice:
“1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una
disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho
Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia
fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier
Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.”