“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

solventado por los contribuyentes. El estimado que realice que estos valores forma parte de
la escena pública de costos.
Costos No Materiales de Afectados Indirectos
Costos sociales
Las violaciones de los derechos a la vivienda pueden ser una causa o una consecuencia del
malestar social de un país. El desmejoramiento en las condiciones de vida de una
comunidad suele coincidir con un incremento en la violencia social, y esta distorsión a
menudo genera nuevas relaciones adversas entre los habitantes que compiten por un
territorio y una propiedad, ya sea en el sitio original o en el sitio del reasentamiento. Las
condiciones de vida paupérrimas también podrían provocar un aumento en las prácticas y
los patógenos que significan un costo social manifestado en el desmejoramiento de la salud
pública.
Orden cívico
Claramente vinculado a los derechos a la vivienda y a otros derechos económicos y
sociales, normalmente el orden cívico se deteriora en forma directamente proporcional a la
pérdida de las condiciones de vida. La resistencia a los desalojos y a las reubicaciones
forzosas, a las demoliciones y al desposeimiento, no es más que la reacción natural ante
una crisis del orden cívico, incluyendo la caracterizada por el incumplimiento del Estado de
su obligación de implementar el respeto, la defensa, la promoción y el perfeccionamiento del
derecho a una vivienda y tierra adecuadas.
Legitimidad política
Dependiendo de las circunstancias y del alcance de una situación determinada, la violación
de los derechos a la vivienda y a la tierra podría minar la legitimidad del partido político, el
gobierno o aun del Estado en cuyo nombre se comete la violación. En cambio, resolver y
remediar una violación puede tener el efecto opuesto de recuperar la pérdida de la
credibilidad y legitimidad oficiales.
Matriz de Pérdidas
Formulario de Inventario de la Casa
6.8. Responsables directos y subsidarios
El monitor profesional de DHVA deberá facilitar una lista lo más completa posible de las
autoridades legales y moralmente responsables. Estas autoridades legales (esto es, el
Estado y sus representantes) pueden obrar conjuntamente con otros agentes tanto para la
violación como para la búsqueda de una solución potencial. La audiencia de sus futuras
acciones, ya sean el público general, periodistas, o un fiscal o juez, necesitará una lista
clara y completa de las personalidades legales, de quiénes son los responsables de los
actos cometidos y/ u omitidos, y de quién hace qué a quién, desde el principio hasta el
presente.