“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

El reemplazo de vivienda y propiedad es una forma de justicia restaurativa que se busca en
la fuerza de ley aplicada a las víctimas de violaciones al derecho a la vivienda. Continúan
los esfuerzos para desarrollar estos métodos y otros esfuerzos, incluyendo el desarrollo de
propuestas de lineamientos sobre indemnización para los refugiados. 600
Aplicado a la accesibilidad física
De haber controversia sobre el acceso físico a vivienda adecuada, los Estados están
obligados por leyes convenidas a guiarse por sus obligaciones para con los derechos
humanos y evitar violaciones al derecho humano a la vivienda adecuada, lo cual incluye la
accesibilidad por medio de la planeación física o medidas que definan formas de vivienda
adecuada para las/los habitantes. Asimismo, el Estado tiene la obligación convenida de
evitar el uso de la violencia u otro comportamiento punitivo inconsistente con los principios
de (1) presunción de inocencia hasta tanto se pruebe lo contrario y, en caso del uso de la
fuerza, (2) su necesidad y (3) proporcionalidad.
El Estado que se guíe por la ley, sus agentes e instancias, no habrán de obstruir
arbitrariamente el acceso a vivienda adecuada o ejercer ninguna forma de discriminación
arbitraria en contra de las/los propietarios. Las/los ciudadanos que perdieron injusta o
ilegalmente el acceso a vivienda adecuada tienen derecho a recurrir libremente a los
recursos legales disponibles, incluida la compensación a la víctima, ante lo cual el Estado
mantiene la obligación correspondiente.
No regresividad / realización progresiva
Descripción general
El Artículo 2 del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales identifica la
obligación del Estado Parte de asegurar el “logro progresivo” de los DESC. Esto se
interpreta comúnmente para significar que el Estado Parte viola esta disposición si tolera o
causa “regresión” en el disfrute del derecho. La jurisprudencia relevante ha establecido que,
aún en situaciones de escasos recursos, el Estado debe hacer esfuerzos de buena fe,
inclusive a través de la cooperación internacional, para avanzar—y no derogar—el disfrute
de los DESC, incluyendo vivienda adecuada y sus elementos constitutivos.
Los Comités encargados de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales aclaran
que ni los procesos políticos, ni la legislación doméstica, ni la escasez de recursos o los
acuerdos con otros actores pueden ser invocados para justificar la no implementación de las
obligaciones consagradas en los tratados de derechos humanos. 601 La naturaleza
obligatoria de un tratado se aclara más en la Conferencia de Viena sobre la Ley de Tratados
(1969), que especifica en sus Artículos 27 y 46 que la invocación de una ley interna no es
admisible como justificación para la no implementación de una obligación adquirida por
medio de un tratado. 602 Para armonizar las obligaciones por tratado con la implementación
600 Informe de avances del Relator Especial, Paulo Sérgio Pinheiro, “Housing and property restitution in the context of the
return of refugees and internally displaced persons,” E/CN.4/Sub.2/2004/22, 2 de junio de 2004.
601 Carta de la Presidenta del CESCR, Mme. Virginia Bonoan-Dandan, a S.E. M. Yaakov Levy, Representante Permanente
de la Misión Permanente de Israel a la Oficina de las Naciones Unidas y Agencias Especializadas en Ginebra, 11 de
mayo de 2001, anexo a la Carta del Presidente del Comité DESC al Presidente de ECOSOC (11 de mayo de 2001).
602 Articuló 27 (Internal law and observance of treaties): “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 46.” Articuló 46 (Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados) dice:
“1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una
disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho
Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia