“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

género que establece el Pacto Internacional, como las disposiciones de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados (1969). 594
La fuerza de ley
Descripción general
En los principios absolutos pertinentes a las formas previamente discutidas de
discriminación, los derechos humanos son, por su naturaleza, iguales, inalienables y
universales. Esto significa que los criterios para la aplicación de estándares y normas deben
ser siempre parejos. Una manera de asegurar esto es por medio de la aplicación de la
fuerza de ley institucionalizada y formal.
Como consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), Artículo 6, “Todo
ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.”
Este derecho se encuentra codificado en Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos (ICCPR) (Artículo 16), y está apoyado por instrumentos regionales afirmando lo
mismo. 595 El derecho equitativo inalienable y universal a un juicio justo, incluyendo la
presunción de inocencia, se estipula en la ICCPR 596 así como en los instrumentos
regionales. 597
Ni el Estado apegado al derecho, ni sus funcionarios, deben negar o impedir los remedios,
aplicar la ley de manera inconsistente o arbitraria, ni ejercer cualquier forma de
discriminación que afecte el derecho humano a la vivienda adecuada. Los habitantes que
hayan perdido o sufrido daños a su vivienda de manera injusta o ilegal tienen el derecho al
acceso libre a los remedios legales, incluyendo compensación para las víctimas, y el Estado
tiene la obligación correspondiente de respetar, defender, promover y cumplirlo.
Los Estados tienen la obligación de mantener la fuerza de ley para asegurar la resolución
consecuente, predecible y accesible de disputas, con remedio y compensación para las
víctimas. Esto abarca el derecho al acceso equitativo a los servicios públicos tales como
vigilancia policíaca, defensa pública y servicios jurídicos. La conducta de las fuerzas
públicas, los fiscales y los jueces puede determinar si la fuerza de ley es respetada o
violada. Por lo tanto existe la necesidad imperante del Estado de capacitar, disciplinar y
rehabilitar a los encargados de hacer cumplir y practicar la ley. En el caso de los servicios
policíacos, el uso de la fuerza debe seguir estrictamente el principio presunción de inocencia
y el criterio de necesidad y proporcionalidad en el caso del uso de la fuerza por parte del
Estado. 598 Donde las protecciones a los derechos a la vivienda están ausentes en la
legislación local reglamentaria, los abogados y jueces tienen un deber profesional adicional
594 La Convención de Viena, en su artículo 27 establece que: "[Una] parte no podrá invocar las disposiciones de su
derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado", y el principio de ley consuetudinario que emerge del
artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que: "Toda persona tiene derecho a un
recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley."
595 Convención Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, Artículo 5; Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos, Artículo 3.
596 Artículo 10 dice: “Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial
tribunal, in the determination of his[her] rights and obligations and of any criminal charge before him[her].” [Texto en
paréntesis agregado.] Artículo 14.2 establece que “Everyone charged with a criminal offence shall have the tight to be
presumed innocent until proved guilty according to the law.”
597 Carta Africana, Artículo 7; Convención Interamericana, Artículo 8; Convención Europea sobre Derechos Humanos,
Artículo 6.
598 Código de Conducta para Oficiales de las Fuerzas Públicas, adoptado por Asamblea General resolución 34/169, 17
de diciembre de 1979, Artículo 3; Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego por Oficiales de las
Fuerzas Públicas, adoptado en el Congreso sobre Prevención de Crimen y Trato a Detenidos, La Habana, Cuba, 27 de
agosto–7 de septiembre de 1990, preámbulo y Artículos 1–11.