“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

Profesionales legales
Los abogados, ya sea los que promueven acciones en contra de los derechos a la vivienda
y a la tierra o los que defienden estos derechos, así como los jueces, los fiscales y el
personal de los tribunales, dedican tiempo y materiales de los presupuestos públicos. Su
nivel de esfuerzo y costo por unidad de tiempo (horas o días) podría conformar un método
para calcular estos costos públicos.
Ejército
El personal y el equipo militar utilizado en la violación (o en la defensa en contra de la
misma) también representa un costo. La cuantificación de estos costos puede ser un
ejercicio más evasivo, pero puede servir para plantear estimados para la consideración de
su público.
Otras fuerzas
Los departamentos públicos pueden subcontratar ciertas tareas y funciones a privados; no
obstante, los gastos relacionados con el caso en cuestión integrarían los costos no
materiales de afectados indirectos.
Costos burocráticos y de personal
Es posible que la inspección, el procesamiento administrativo, el trabajo secretarial y de otro
tipo que se lleva a cabo en las instituciones públicas se relacione con su caso y sea
solventado por los contribuyentes. El estimado que realice que estos valores forma parte de
la escena pública de costos.
Costos No Materiales de Afectados Indirectos
Costos sociales
Las violaciones de los derechos a la vivienda pueden ser una causa o una consecuencia del
malestar social de un país. El desmejoramiento en las condiciones de vida de una
comunidad suele coincidir con un incremento en la violencia social, y esta distorsión a
menudo genera nuevas relaciones adversas entre los habitantes que compiten por un
territorio y una propiedad, ya sea en el sitio original o en el sitio del reasentamiento. Las
condiciones de vida paupérrimas también podrían provocar un aumento en las prácticas y
los patógenos que significan un costo social manifestado en el desmejoramiento de la salud
pública.
Orden cívico
Claramente vinculado a los derechos a la vivienda y a otros derechos económicos y
sociales, normalmente el orden cívico se deteriora en forma directamente proporcional a la
pérdida de las condiciones de vida. La resistencia a los desalojos y a las reubicaciones
forzosas, a las demoliciones y al desposeimiento, no es más que la reacción natural ante
una crisis del orden cívico, incluyendo la caracterizada por el incumplimiento del Estado de