“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

interpretar de tal manera que no establezca una obligación mínima, carecería en gran
medida de su razón de ser. 501[4]
La Observación General, como el Pacto, toma en cuenta las limitaciones materiales de los
Estados. No obstante, el Artículo 2 (1) del Pacto obliga a cada Estado Parte a tomar los
pasos necesarios “hasta el máximo de los recursos de que disponga,” y el Comité
encargado del tratado ha determinado que la naturaleza de las obligaciones pactadas son
tales que un Estado tiene el deber firme de demostrar que “ha realizado todo esfuerzo para
utilizar todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con
carácter prioritario, esas obligaciones mínimas.” 502[5]
Las “obligaciones mínimas” también abarcan aquellos pasos apropiados para respetar,
defender, promover y cumplir con el derecho humano a la vivienda adecuada, como los
demás DESC, como materia de aplicación inmediata. Entre las medidas apropiadas,
además de armonizar la legislación doméstica con los derechos pactados, es la de proveer
remedios judiciales a las víctimas dentro del sistema jurídico nacional. Esta sería una de las
medidas más efectivas para asegurar cumplimiento con las obligaciones de implementar
ciertos aspectos de los DESC de manera inmediata, como medio de asegurar la no
discriminación. El Comité ha determinado que es “difícil sostener” cualquier sugerencia de
que estas obligaciones inmediatas sean intrínsicamente no auto ejecutables. Esta autoridad
legal es consecuente con los términos de la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados
(1969) la cual prevé que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado.” 503[6] Los cuerpos encargados de
los tratados han ahondado más para aclarar que ni los procesos políticos, ni la legislación
doméstica, ni la escasez de recursos, ni acuerdos con otros actores pueden ser usados
para justificar la no implementación de las obligaciones pactadas en materia de derechos
humanos. 504[7]
La no discriminación es quizás la más obvia y urgente de los principios inmediatos en la
implementación del derecho humano a la vivienda adecuada. El Comité DESC ofrece
orientación específica tal que, entre otras cosas, “Los Estados Partes deben otorgar la
debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables
concediéndoles una atencón especial. Las políticas y la legislación, en consecuencia, no
deben ser destinadas a beneficiar a los grupos sociales ya aventajados a expensas de los
demás.” 505[8]
501[4] Ibid., párrafo 10.
502[5] Ibid.
503[6] Convención Viena sobre Ley de Tratados, firmada en Viena, 23 de mayo de 1969; entrado en vigor el 27 de enero de
1980, Artículo 27: “El derecho interno y la observancia de los tratados.” El Artículo también estipula que “Esta norma se
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.” Artículo 46: “Disposiciones de legislación interna referentes a
competencia para firmar tratados” establece que “1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un
tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para
celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea
manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es manifiesta si
resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena
fe.”
504[7] Carta de la presidenta del CESCR, Mme. Virginia Bonoan-Dandan, a S.E. M. Yaakov Levy, Representante
Permanente de la Misión Permanente de Israel a la Oficina de las Naciones Unidas y Agencias Especializadas en
Ginebra, 11 de mayo de 2001, anexo a la Carta del Presidente del Comité DESC al Presidente de ECOSOC (11 de mayo
de 2001).
505[8] Observación General No. 4, párrafo 11.
505[9] La Convención de Viena establece en su Artículo 27 que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado," y artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos dice: "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constituciَn o por la ley."