“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

algunos gobiernos más bien persisten en recurrir al término vago de “poblaciones
indígenas”, para que el término jurídicamente más significativo de “pueblo/s” pasase poco a
poco al olvido, junto con los reclamos legítimos y de auto-preservación de sus sujetos a la
autodeterminación. Sin embargo, si uno busca una manera de aplicar la autodeterminación
a “comunidades”, uno puede recurrir a esta definición del predecesor de la Corte
Internacional de Justicia como referencia.
También significativo es el hecho de que la intención de la Opinión Consultiva del Tribunal
fue para un propósito limitado y específico, el de racionalizar un esquema de transferencia
poblacional que hoy se consideraría una clara violación a derecho internacional público, y
no el de reconocer un derecho a la autodeterminación externa.
Este ensayo sobre la autodeterminación ha mezclado conceptos y definiciones de
comunidades con pueblos/ naciones, como en efecto ha hecho el Tribunal Permanente de
Justicia Internacional. Sin embargo, los valores que los sostengan son afines, como deben
ser las protecciones que prometen prevenir las peores consecuencias surgidas de las
violaciones a los derechos humanos contra cualquier grupo identificable. En resumen, la
autodeterminación tiene una expresión y base local y a nivel de comunidad como derecho.
Para los propósitos de avanzar los derechos humanos a través de este Juego de
Herramientas, tanto “comunidades” como “naciones/ pueblos” tienen el derecho y la
responsabilidad de determinar su propio hábitat, la esencia de la sobreviviencia y la
sustentabilidad digna de un pueblo y/o comunidad en su lugar.
Aplicado a la accesibilidad económica y al financiamiento
Aplicado a la vivienda adecuada a los costos accesibles, el principio absoluto de
autodeterminación, en su expresión clásica, establece que toda persona tiene el derecho
inalienable a determinar los criterios para definir qué quiere decir costos accesibles para una
vivienda adecuada en todo lo largo y ancho de sus unidades administrativas y territoriales.
Así, entonces, en general los precios reales de la vivienda adecuada en los programas
dentro o fuera del mercado implicarán que los costos de la vivienda no excederán 30% del
ingreso familiar. Lo mismo es válido para un pueblo o comunidad al definir los términos de
acceso a los recursos financieros para vivienda, en su país. Dicha definición habrá de
hacerse según la especificidad local, en la cual se refleje la consulta con y el consentimiento
del pueblo o comunidad que ejerce su derecho a la autodeterminación, así como en el
marco de las obligaciones establecidas por el ICESCR y la Observación General No. 4 del
CESCR (citado líneas arriba). Ad Minimum, los Estados deben “adoptar inmediatamente
medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que
en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y
grupos afectados.” Tales medidas abren una diversidad de posibles mecanismos de
financiación para actualizar y mejorar las opciones de tenencia (incluida, aunque no limitada
a la propiedad). Por tanto, los pueblos como tales u otras comunidades afectadas requieren
ejercer la autodeterminación, garantizada mediante “consultando verdaderamente”, para
que se cumpla con el acceso a los bienes y servicios ambientales, incluidos agua y tierra a
costos accesibles, independientemente del tipo de tenencia de la que se trate.
No discriminación
Descripción general
Al igual que la autodeterminación, un derecho humano inalienable común a los principales
sistemas legales del mundo, un requisito fundamental de la justicia es la ausencia de