“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network
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Claramente vinculado a los derechos a la vivienda y a otros derechos económicos y sociales, normalmente el orden cívico se deteriora en forma directamente proporcional a la pérdida de las condiciones de vida. La resistencia a los desalojos y a las reubicaciones forzosas, a las demoliciones y al desposeimiento, no es más que la reacción natural ante una crisis del orden cívico, incluyendo la caracterizada por el incumplimiento del Estado de su obligación de implementar el respeto, la defensa, la promoción y el perfeccionamiento del derecho a una vivienda y tierra adecuadas. Legitimidad política Dependiendo de las circunstancias y del alcance de una situación determinada, la violación de los derechos a la vivienda y a la tierra podría minar la legitimidad del partido político, el gobierno o aun del Estado en cuyo nombre se comete la violación. En cambio, resolver y remediar una violación puede tener el efecto opuesto de recuperar la pérdida de la credibilidad y legitimidad oficiales. Matriz de Pérdidas Formulario de Inventario de la Casa 3.8. Responsables directos y subsidarios El monitor profesional de DHVA deberá facilitar una lista lo más completa posible de las autoridades legales y moralmente responsables. Estas autoridades legales (esto es, el Estado y sus representantes) pueden obrar conjuntamente con otros agentes tanto para la violación como para la búsqueda de una solución potencial. La audiencia de sus futuras acciones, ya sean el público general, periodistas, o un fiscal o juez, necesitará una lista clara y completa de las personalidades legales, de quiénes son los responsables de los actos cometidos y/ u omitidos, y de quién hace qué a quién, desde el principio hasta el presente. Como se confirma en los precedentes apartados en materia de leyes y garantías, el Estado implicado siempre es la principal autoridad responsable. El Estado es la personalidad legal que, según lo dispuesto en los tratados, está obligada a respetar, proteger, promover y cumplir los derechos humanos, pero también a ayudar a los que han sido privados de ellos. El deber del Estado es triple: • Evitar las carencias. • Proteger y defender a los que sufren carencias. • Ofrecer remedio en forma de asistencia y justicia a los necesitados. Puede que le parezca que el Estado, como autoridad responsable, ha cometido actos que provocan carencias, o ha evitado proteger o remediar las carencias poniendo los obstáculos mencionados más arriba. Uno puede pensar que la autoridad está limitada por otros actores o factores, como las catástrofes naturales, o la recesión económica global. Se conoce la identidad de las instituciones y las fuerzas creadas por el hombre, tanto internas como externas, que pueden estar contribuyendo a la violación de los derechos. Esto incluye a actores como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, una corporación multinacional o planificadores nacionales. Puede parecerle que estas partes son directa o indirectamente responsables de la pobreza, o de las condiciones que la
provocan. Además, también lo son factores como la deuda o las prácticas sociales tradicionales. Especialmente cuando el papel del Estado es pasivo (esto es, por ignorar o fracasar a la hora de proteger y garantizar un remedio para las víctimas), otros actores pueden empezar a destacar. Las compañías privadas, incluyendo las corporaciones multinacionales, por ejemplo, adquieren bienes regularmente y llevan a cabo proyectos que implican desalojos forzados y confiscación de tierras. En algunos casos, los bancos de desarrollo regional e internacional cuentan con una planificación bien articulada en materia de compensación/ reubicación apropiada. Sin embargo, estas compañías son a veces la mano derecha de las políticas estatales o los ejecutores de proyectos públicos internacionales. Por ello, puede ser crucial registrar las relaciones entre diferentes actores formando así una cadena completa de las autoridades responsables. Uno no debe desechar la posibilidad de que las autoridades responsables, especialmente como violadoras que deben remedio y restitución a las víctimas, también son a veces miembros de la comunidad, o incluso miembros de la familia de la(s) víctima(s). ¿Cuál es el deber del Estado en situaciones como éstas? Como personalidad legal obligada a respetar, defender, promover y cumplir el derecho de todos los hombres a una vivienda digna, el deber del Estado reside directamente en la ejecución de sus obligaciones en materia de derechos humanos para regular el comportamiento de las personas legales dentro de su jurisdicción (y de las áreas en las que ejerce un control efectivo) con el fin de hacer respetar los derechos. Los tratados sobre los derechos humanos, además de otros instrumentos, funcionan como una guía sobre cómo los Estados- y los gobernantes- deberían tratar el tema de las violaciones de los derechos humanos cometidas por terceras partes, no sólo como un asunto de derecho civil y delictivo, sino también como un medio para garantizar la legitimidad del gobierno implicado, o incluso del Estado en sí mismo. Para obtener un resumen completo de las cuestiones que deben ser planteadas para identificar a las autoridades responsables y las obligaciones legales aplicables, puede utilizar este “Kit de herramientas” de forma muy efectiva, ya que a cada elemento relativo al derecho a una vivienda digna que usted ha identificado como relevante a su propio caso le corresponden una o varias autoridades responsables. Autoridades primarias responsables: las autoridades estatales ¿El Estado no ha logrado prevenir la violación del derecho a la vivienda, especialmente el acceso a bienes y servicios ambientales, en particular, recursos naturales, incluyendo tierra y agua adecuadas? ¿Cuáles son los pasos que han sido omitidos? ¿El Estado ha protegido a los habitantes necesitados y vulnerables y ayudado a las víctimas (ej.: por persecución, retorno, compensación, etc.) contra la violación del derecho a la vivienda, especialmente a la tenencia segura? ¿Cuáles son las instituciones específicas responsables de dar estos pasos preventivos y reparadores? ¿Ha tomado el Estado medidas suficientes para promover el derecho a la tenencia segura (ej.: educación sobre derechos humanos, campañas, anuncios sobre servicios públicos, publicaciones para el aumento del conocimiento, etc.)? ¿Cuáles son las instituciones específicas responsables de implantar estas medidas?
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Para obtener un resumen completo <strong>de</strong> las cuestiones que <strong>de</strong>ben ser planteadas para<br />
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públicos, publicaciones para el aumento <strong>de</strong>l conocimiento, etc.)? ¿Cuáles son las<br />
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