“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

Se entiende que el libre ejercicio de la propia cultura (adecuación cultural) significa permitir
la elección y expresión cultural en el marco de los derechos humanos; esto es, dentro de los
límites que impone la afectación negativa de los derechos de otras/otros. Mantener una
práctica de acceso desigual a los bienes y servicios ambientales, a la herencia de la tierra y
otros derechos económicos/sociales/culturales no resulta consistente con el presente marco
y será violatorio tanto de las disposiciones de igualdad de género que establece el Pacto
Internacional, como las disposiciones de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados (1969). 258
La fuerza de ley
Descripción general
En los principios absolutos pertinentes a las formas previamente discutidas de
discriminación, los derechos humanos son, por su naturaleza, iguales, inalienables y
universales. Esto significa que los criterios para la aplicación de estándares y normas deben
ser siempre parejos. Una manera de asegurar esto es por medio de la aplicación de la
fuerza de ley institucionalizada y formal.
Como consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), Artículo 6, “Todo
ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.”
Este derecho se encuentra codificado en Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos (ICCPR) (Artículo 16), y está apoyado por instrumentos regionales afirmando lo
mismo. 259 El derecho equitativo inalienable y universal a un juicio justo, incluyendo la
presunción de inocencia, se estipula en la ICCPR 260 así como en los instrumentos
regionales. 261
Ni el Estado apegado al derecho, ni sus funcionarios, deben negar o impedir los remedios,
aplicar la ley de manera inconsistente o arbitraria, ni ejercer cualquier forma de
discriminación que afecte el derecho humano a la vivienda adecuada. Los habitantes que
hayan perdido o sufrido daños a su vivienda de manera injusta o ilegal tienen el derecho al
acceso libre a los remedios legales, incluyendo compensación para las víctimas, y el Estado
tiene la obligación correspondiente de respetar, defender, promover y cumplirlo.
Los Estados tienen la obligación de mantener la fuerza de ley para asegurar la resolución
consecuente, predecible y accesible de disputas, con remedio y compensación para las
víctimas. Esto abarca el derecho al acceso equitativo a los servicios públicos tales como
vigilancia policíaca, defensa pública y servicios jurídicos. La conducta de las fuerzas
públicas, los fiscales y los jueces puede determinar si la fuerza de ley es respetada o
violada. Por lo tanto existe la necesidad imperante del Estado de capacitar, disciplinar y
rehabilitar a los encargados de hacer cumplir y practicar la ley. En el caso de los servicios
policíacos, el uso de la fuerza debe seguir estrictamente el principio presunción de inocencia
258
La Convención de Viena, en su artículo 27 establece que: "[Una] parte no podrá invocar las disposiciones de su
derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado", y el principio de ley consuetudinario que emerge
del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que: "Toda persona tiene
derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley."
259
Convención Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, Artículo 5; Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos, Artículo 3.
260
Artículo 10 dice: “Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial
tribunal, in the determination of his[her] rights and obligations and of any criminal charge before him[her].” [Texto en
paréntesis agregado.] Artículo 14.2 establece que “Everyone charged with a criminal offence shall have the tight to be
presumed innocent until proved guilty according to the law.”
261
Carta Africana, Artículo 7; Convención Interamericana, Artículo 8; Convención Europea sobre Derechos Humanos,
Artículo 6.